El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió las demandas de indemnización de perjuicios presentadas por Banco Bice y Scotiabank Chile en contra de Banco del Estado de Chile.

El fallo establece que la entidad estatal incurrió en conductas contrarias a la libre competencia con la implementación de tarifas diferenciadas y discriminatorias por el servicio de recepción de transferencias electrónicas de fondos, tanto en la modalidad inmediata como en los procesos masivos denominados transferencias batch.

“Banco Bice y Scotiabank pagaron una tarifa interbancaria distinta a la pagada por los bancos de mayor tamaño, que tales mayores tarifas no fueron traspasadas íntegramente a sus clientes y, por tanto, que existió un menoscabo patrimonial respecto de la situación en ausencia del ilícito”, acotó el laudo.

El fallo obliga a BancoEstado a pagar una indemnización global que supera los $30.400 millones, cifra que se desglosa en dos grandes bloques según la institución afectada. Para Banco Bice, el tribunal determinó un pago total de 211.167 UF ($8.440 millones), mientras que en el caso de Scotiabank Chile, el monto asciende a 549.746 UF ($21.990 millones). Estas sumas consideran el daño emergente derivado de los sobrecostos pagados por los bancos demandantes y el lucro cesante, que se traduce en los intereses devengados desde que se cometió cada infracción hasta abril de 2026.

La sentencia concluyó que la responsabilidad de BancoEstado comenzó a configurarse en febrero de 2016, fecha en la que el daño se volvió previsible tras las solicitudes formales de las entidades demandantes para acceder a un esquema de tarifa única. Para el cálculo de los perjuicios, el tribunal aplicó una tarifa contrafactual de 0,01182 UF por operación, valor que sirve de parámetro de comparación frente a los cobros excesivos realizados.

Por otro lado, un aspecto técnico relevante de la sentencia fue el análisis del traspaso de sobrecostos a los clientes finales. El TDLC determinó que, para las transferencias batch crédito, los bancos demandantes traspasaron una fracción del sobrecosto a sus usuarios, lo que derivó en una reducción proporcional de la indemnización por ese concepto específico.

En contraste, para las transferencias electrónicas de fondos de carácter inmediato, no se logró acreditar un traspaso de costos, razón por la cual el tribunal ordenó la indemnización íntegra del perjuicio causado. Con esta decisión, la justicia especializada reafirma la prohibición de ejercer discriminaciones arbitrarias que alteren las condiciones de competencia entre los actores del sistema financiero.

“La prueba aportada al proceso permite concluir que los precios fijados por las demandantes aguas abajo consideraban la tarifa interbancaria cobrada por Banco Estado y que, por tanto, existió algún grado de traspaso de los sobreprecios a los clientes de los bancos demandantes”, consignó el fallo.

“Los antecedentes que constan en el expediente son especialmente débiles para cuantificar tal traspaso. En particular, Banco Estado no presentó ningún antecedente que permita estimar cómo hubiesen cambiado -en ausencia de la conducta anticompetitiva- los precios que Banco Bice y Scotiabank cobraron por sus servicios asociados a transferencias batch crédito”, añadió.

Consultado al respecto, BancoEstado respondió que “ha tomado conocimiento del fallo en primera instancia emitido hoy por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”, pero que “no emitirá declaraciones, (...) a objeto de asegurar el adecuado desarrollo del proceso judicial”. Y agregó que su propósito inalterable “sigue siendo la inclusión financiera y el aseguramiento de la bancarización de millones de chilenos y chilenas, en todo el territorio nacional”.

La entidad estatal contó con la asesoría legal de José Miguel Gana, Banco Bice de Pedro Rencoret y María Jesús Cifuentes, y Banco Scotiabank de Andrés Rioseco.