El 9 de marzo, Factotal, factoring controlado por la familia Covarrubias, interpuso una demanda de indemnización de perjuicios contra EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías Limitada ante el 1º Juzgado Civil de Santiago.

Según el escrito judicial, la demandante acusa a EY de haber incumplido su obligación legal de auditar los estados financieros del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 y sostiene que el incumplimiento configura una “culpa grave” bajo los parámetros del artículo 44 del Código Civil, lo que en términos jurídicos equivale al dolo.

En la demanda, Factotal exige a EY el pago de una indemnización total de $4.118.019.804 por los perjuicios patrimoniales ocasionados, cifra que se desglosa en $3.945 millones por concepto de daño emergente y $172 millones por lucro cesante.

Factotal es una de las principales empresas de factoring no bancario del país. Fundada en 1993 y controlada por la familia Covarrubias, la empresa ha diversificado sus servicios desde 2004 para incluir financiamiento vía leasing y otras prestaciones financieras, operando bajo la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) tras su inscripción en el Registro de Valores en 2002. También tiene operaciones en Perú, Colombia y Estados Unidos.

No es la primera vez que un factoring se enfrenta a una auditora de las Big Four. En julio de 2024, Primus Capital, factoring fundado por el empresario Raimundo Valenzuela, activó una medida prejudicial contra Deloitte, cuestionando sus labores profesionales en el marco del fraude por más de US$ 100 millones.

La demanda alude a un caso descubierto en enero de 2023, tras un proceso de revisión adminitrativa del departamento de tesorería del factoring, que detectó una situación “anómala” con operaciones de su cliente Difor.

Según la auditora, fondos que se estaban enviando a un tercero llamado “Difor Limitada” en realidad iban a parar a la empresa “Perfumería Los Ángeles”, que no tenía relación con Difor.

Los altos mandos de la empresa pidieron información a la ejecutiva a cargo, Jeanette Cartes, y viajaron a Concepción. Tras revisar el 100% de los documentos, confirmaron que casi todas las transacciones eran falsas. Cartes y el agente zonal sur, Octavio Pérez, renunciaron a sus cargos. Y en enero de 2023, Factotal presentó una querella por el delito de estafa ante el Juzgado de Garantía de Concepción en contra de Jeanette Cartes, José Joaquín Vera Salazar -cuya familia era propietaria de Perfumería Los Angeles- y todos aquellos que resultaran responsables.

Factotal, asesorada en la demanda por el estudio Alcaino Abogados, acusa a EY de no haber realizado una adecuada auditoría de cheques.

En su respuesta, desde EY dijeron a Pulso que “la demanda de Factotal es absolutamente improcedente. Los perjuicios demandados tienen su origen directo en un fraude puntual e interno cometido por una ejecutiva de Factotal. Incluso más, la ejecutiva que fraguó el fraude tenía una relación sentimental con su superior en la compañía”.

“Factotal fue negligente en sus procedimientos internos de control, lo que posibilitó este fraude cometido por su personal y consiguientemente, que se entregara información falsa a EY, lo que constituye una grave infracción y un claro incumplimiento contractual”, añadió.

La auditora señaló que “no tiene por responsabilidad detectar fraudes y la CMF excluyó expresamente cualquier cuestionamiento a EY por la no detección del mismo. La sanción aplicada por la CMF a EY se refiere a materias diversas y que no explican los daños sufridos por Factotal, siendo su única causa el fraude ya señalado”.

“EY se defenderá en tribunales bajo la convicción que la demanda será desestimada”, concluyó.