El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, desestimó este miércoles la polémica con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, por la proyectada ampliación del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1, ubicado en las inmediaciones del Centro de Justicia.

En conversación con CNN Chile, el secretario de Estado defendió la iniciativa y la vinculó al problema de hacinamiento que enfrenta el sistema penitenciario.

“Yo no le respondo al alcalde Desbordes porque creo que acá hay un error de enfoque. Nosotros estamos con un problema de hacinamiento carcelario, donde todos los chilenos debemos efectuar los esfuerzos para superar esta situación”, sostuvo.

La controversia surgió luego de que la Contraloría no tomara razón del decreto que buscaba ampliar el recinto, lo que abrió una discusión sobre si se trata de una ampliación o, en la práctica, de una nueva cárcel.

Rabat insistió en que la situación de Santiago 1 es crítica. Según explicó, el recinto fue diseñado para albergar a 4 mil personas, pero actualmente mantiene cerca de 7 mil internos.

“En Santiago tenemos un problema grave de sobrepoblación carcelaria y debemos enfrentarlo. Nosotros creemos que podemos enfrentarlo con la ampliación de la cárcel. No es una cuestión personal del ministro con un alcalde u otro alcalde. Es un tema de bien común", afirmó.

“Con la ampliación se permite obtener 1.600 plazas nuevas, entonces ni aún así superamos el problema”, agregó.

El ministro añadió que el hacinamiento carcelario también tiene costos económicos para el Estado. “Necesito resolver el hacinamiento en Santiago que le cuesta por vía de multas, al Estado, 3.800 millones de pesos semestralmente”, señaló.

Consultado por la posibilidad de construir un nuevo recinto fuera de la ciudad, Rabat aseguró que actualmente no existe una alternativa viable.

En esa línea, recordó que el Ministerio de Justicia adquirió un terreno en Tiltil, pero que no cuenta con factibilidad de agua. A ello se suman restricciones asociadas al Plan Regulador Metropolitano.

“Cuando he dicho en reiteradas oportunidades que no hay actualmente otro terreno, es porque no lo hay y necesitamos la ampliación”, enfatizó.

A nivel nacional, el ministro cifró en 63 mil las personas privadas de libertad, pese a que la capacidad del sistema alcanza para cerca de 43 mil internos.

Cárceles en regiones

El ministro Rabat también abordó la situación de hacinamiento en las cárceles de otras regiones del país y dónde se pretenden construir las 20 mil nuevas plazas comprometidas por el Ejecutivo.

En ese sentido, el secretario de Estado afirmó que durante la tramitación vía rápida del paquete de medidas de seguridad del gobierno anterior, se determinó, vía decreto -en marzo de 2026- dónde se van a construir las cárceles, sin embargo, evitó referirse si esta administración está considerando nuevos lugares.

Rabat también abordó la situación de recintos penitenciarios emplazados en zonas urbanas de ciudades como Chillán y Temuco.

En el caso de Chillán, afirmó que el objetivo es trasladar la cárcel actualmente ubicada en el centro de la ciudad a otro terreno dentro de la misma comuna.

“Nos falta un detalle para poderlo cumplir y lo vamos a trasladar a otro terreno dentro de la misma comuna, pero no en el centro”, indicó.

Respecto de Temuco, señaló que el Ejecutivo también busca relocalizar el recinto penitenciario emplazado en las cercanías del cerro Ñielol, para lo cual se encuentra evaluando nuevos terrenos.

Registro Nacional de Vándalos

Durante la entrevista, el ministro defendió además el proyecto que crea un Registro Nacional de Vándalos, iniciativa que contempla sanciones accesorias como la pérdida de determinados beneficios estatales para quienes sean condenados por ciertas conductas.

Según explicó, estas medidas operan únicamente cuando existe una condena principal previa.

“Las penas accesorias suponen una pena principal, por lo tanto, la persona a quien se le aplica una pena principal sí tiene un castigo por el delito cometido o la falta en que incurrió”, sostuvo.

Rabat descartó que ello implique una discriminación arbitraria y afirmó que se trata de una herramienta demandada por autoridades locales.

“No hay que ir a buscar la evidencia internacional. Pregúntele a todos los alcaldes si quieren o no el Registro Nacional de Vándalos con las incivilidades que comenten en sus comunas todos los días y va a tener una fila de alcaldes diciéndole que sí”, afirmó.

Por último, valoró la propuesta del fiscal nacional, Ángel Valencia, de crear un registro para infractores de delitos económicos, asegurando que “va a ser un aporte” y que toda iniciativa destinada a fortalecer la persecución penal será bienvenida por el Ejecutivo.