El proceso electoral en Perú enfrenta un nuevo foco de tensión luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitiera una declaración pública en la que advierte un retraso crítico en la entrega de actas observadas por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), situación que -según el organismo- compromete la transparencia y los plazos de las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo con el pronunciamiento, pese a reiteradas solicitudes formales, los Jurados Electorales Especiales (JEE) no han recibido la totalidad de las actas observadas generadas durante el cómputo de votos, las cuales permanecen bajo custodia de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), dependientes de la ONPE.

Actualmente, los JEE trabajan en la resolución de 33.624 actas ya remitidas, pero el problema radica en que aún faltan cerca de 30.000 actas adicionales, cuya entrega es considerada “indispensable” para finalizar el proceso de conteo.

En este sentido, el JNE subrayó que esta situación no solo retrasa el cómputo oficial, sino que también limita su capacidad de actuar como instancia final en eventuales apelaciones.

Esto, debido a que -según acusó- tampoco habría recibido los ejemplares de actas electorales que le corresponden para realizar los cotejos respectivos, un paso clave en la validación de resultados.

En relación con lo anterior, el organismo electoral del país vecino fue enfático en señalar que la falta de envío de este material “compromete el cumplimiento del cronograma electoral” y afecta el correcto ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Por ello, instó a la ONPE a disponer “con carácter de urgente y bajo responsabilidad” la remisión inmediata de toda la documentación pendiente.

Crisis institucional

El conflicto entre ambos organismos surge en un escenario ya tensionado. Este mismo martes, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, presentó su renuncia, coincidiendo con la publicación de una resolución que autoriza al Estado a financiar su defensa legal en el marco de una denuncia penal en su contra.

Dicha acción judicial fue impulsada precisamente por el JNE, que acusó a Corvetto y a otros funcionarios de la ONPE por presuntas irregularidades logísticas durante los comicios en Lima.

Entre los delitos investigados se encuentran afectación al derecho de sufragio, omisión de funciones y obstaculización del proceso electoral.

Cabe señalar que en su declaración, el JNE recalcó que la entrega oportuna de las actas no solo es un requisito administrativo, sino una condición básica para garantizar la legalidad, transparencia y legitimidad del proceso electoral.

El organismo reiteró que continuará cumpliendo su rol como última instancia en materia electoral, pero advirtió que sin la documentación completa no es posible cerrar adecuadamente el proceso, lo que podría derivar en mayores retrasos o cuestionamientos a los resultados.