En junio de 2023, después de cinco años de negociaciones formales, se adoptó el Tratado de Alta Mar, o BBNJ por sus siglas en inglés, el mayor avance en la gobernanza de los océanos desde la adopción de la Convención del Mar. Su objetivo es establecer reglas para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales: es decir, la alta mar, un espacio que representa casi la mitad de la superficie del planeta.

Ese mismo año, Chile presentó su candidatura para albergar la Secretaría del nuevo tratado. Hace algunas semanas, el gobierno del Presidente Kast confirmó esa postulación. Es una determinación acertada, y conviene explicar por qué. En tiempos de escepticismo frente a las instituciones internacionales y al multilateralismo, este caso muestra que la acción internacional, cuando está bien orientada, puede servir de manera concreta a los intereses permanentes del país. Hay al menos tres razones para aplaudir.

Primero, Chile es un país oceánico. Con más de 4.000 km. de costa y una extensa proyección marítima, la conservación y el uso sostenible de los océanos son asuntos de interés nacional. Como ha señalado el Canciller, su cuidado constituye una política de Estado. Chile ha desempeñado un papel relevante en el desarrollo del derecho internacional del mar, además de contar con la destacada presencia de María Teresa Infante en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. La gobernanza oceánica no se limita al mar territorial, la zona económica exclusiva o la plataforma continental. También importa lo que ocurre en alta mar, especialmente en materias como la regulación de la pesca y el desarrollo de actividades en los fondos marinos.

La segunda razón es el impacto para Valparaíso. La instalación de una secretaría internacional genera actividad económica, atrae personas, reuniones, inversiones y proyectos, y fortalece la proyección de la ciudad. También constituye una oportunidad para atraer talento a Chile y, al mismo tiempo, proyectar al mundo las capacidades de nuestra comunidad académica, científica y profesional.

Finalmente, la candidatura ofrece una oportunidad geopolítica relevante. Chile compite con Bélgica y China para albergar la Secretaría. En un contexto de creciente rivalidad entre las grandes potencias y de expansión de la influencia china en espacios estratégicos, particularmente en el ámbito marítimo, no es indiferente dónde se ubique una institución llamada a desempeñar un papel central en la gobernanza de los océanos. Esta consideración adquiere aún mayor relevancia frente a las controversias que han marcado la actuación de China en el Mar del Sur de China, incluyendo reclamaciones marítimas incompatibles con decisiones de tribunales internacionales. Por eso la decisión del gobierno merece ser valorada. No responde a una lógica coyuntural ni partidista. Responde a una política de Estado y a una visión estratégica coherente con la historia, la geografía y los intereses permanentes de Chile.

Por Benjamín Salas, Abogado, colaborador asociado Horizontal