Luego de meses de reuniones sucedió lo que todos anticipamos en la megatoma de San Antonio: no hubo acuerdo para comprar el terreno usurpado entre sus propietarios y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo (Minvu). Los primeros pedían cerca de 70 millones de dólares que el Minvu nunca tuvo, y que trató de conseguir agrupando a los pobladores en cooperativas que pedirían créditos con aval del Estado hasta juntar la cifra millonaria.

Alguien podría pensar que este refrito sesentero fue otro intento del ministro Carlos Montes por diseñar ruedas cuadradas, como ocurrió con la desastrosa reconstrucción del mega incendio de Viña del Mar. Pero eso sería pecar de ingenuos. Todo indica que la única intención era patear el problema para dejarle el cacho al próximo gobierno. ¿Y cuál es el cacho? Cumplir con un fallo judicial que obliga a desalojar a unas 12 mil personas que viven en el terreno usurpado. Debemos recordar que esta toma fue organizada y contó con recursos para diseñar y abrir calles, delimitar predios y venderlos o asignarlos a terceros. Esto ocurrió entre el estallido y la pandemia, cuando la anomia octubrista estaba desatada y el exministro Jackson decía que las víctimas de las tomas debían llegar a un acuerdo con los usurpadores, para que ambos ganaran, lo que el padre de la nueva moral frenteamplista, bautizó como el “win win”.

Pero volvamos a San Antonio. Los propietarios del terreno se dieron cuenta de la estrategia dilatoria así que decidieron romper la mesa de “dialogo” para exigir el pago o el desalojo.

Sin espacio de maniobra Montes acudió al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, que con ese rostro pétreo que lo caracteriza, afirmó que el desalojo era inviable, ya que no tenemos fuerza pública capaz de implementar tamaña operación. ¿Y el fallo de la justicia? Bueno, se resolverá “más adelante”, es decir, cuando Montes y Elizalde ya no estén en La Moneda.

En la toma que le costó la vida al empresario Alejandro Correa intentaron hacer lo mismo. Dilatar una y otra vez la solución. Pero en este caso fueron demasiado lejos. Insinuaron que la familia usurpada, cuyo padre fue asesinado por denunciar la toma, debía organizar el desalojo y lidiar con los delincuentes que viven ilegalmente en su terreno en casas de dos pisos, con paneles solares y auto a la puerta. La Corte paró esta locura e instruyó el desalojo. Hace poco nos enteramos que en este caso el gobierno sí respetará el Estado de Derecho, básicamente porque los usurpadores son 120 y no 12 mil como en San Antonio.

Esta tendencia del ministro Montes de patear los problemas para adelante no ocurre solamente con las tomas de terrenos. El año pasado muchas familias que esperaban su subsidio habitacional fueron informadas que no había plata. Lo mismo le ocurrió a proveedores del Minvu, e incluso con constructoras y personas que vendieron terrenos para el plan de emergencia habitacional. A todos se les informó que los pagos que esperan hace meses se podrán cursar recién en 2026, cuando el Minvu reciba recursos del nuevo presupuesto. En el fondo, la estrategia dilatoria se tradujo en una bicicleta financiera que usa recursos frescos para pagar deudas antiguas, desplazando el déficit al año siguiente una y otra vez.

Este problema abre varias preguntas de fondo. ¿Por qué el Minvu no tuvo la plata para pagar sus compromisos en tiempo y forma? ¿Qué hizo con esos recursos? ¿Por qué le mintió a las familias que postulan al subsidio y a las empresas constructoras, al comprometerse con dineros que no tenía?

Montes deberá responder estas preguntas antes dejar su cargo. Junto con ello, es fundamental que el ministro de Hacienda transparente la deuda del Minvu y explique cómo piensa cubrirla antes de dejar el cargo. De lo contrario, el próximo gobierno se encontrará con una caja vacía, afectando a decenas de miles de chilenos que han esperado demasiado por acceder a su casa propia durante la administración de Gabriel Boric.

Por Iván Poduje, arquitecto.