SEÑOR DIRECTOR
El alcalde de Puente Alto Germán Codina, al salir del “cónclave de gobierno y alcaldes para la seguridad” declaró que, ante el alza en las cifras de delincuencia y para su disminución, se debe terminar con el financiamiento de los abogados para los “delincuentes” y con el “garantismo”.
Estas declaraciones son injustas e irresponsables, más aún si provienen de una autoridad pública, porque desconoce un derecho humano fundamental que tienen todas las personas en un estado democrático de derecho, como es, el derecho a defensa letrada. Sus palabras implican, en la práctica, restringir este derecho solo a las personas que tienen los medios para contratar un abogado particular. También implican terminar con el estatuto de garantías y con el debido proceso que tienen todas las personas en caso de ser objeto de una acusación de carácter penal -que puede ser certera o equivocada- y que en definitiva buscan evitar cometer errores en la administración de justicia.
Por último, es necesario recordar que, en un estado democrático de derecho, quien determina si una persona es inocente o culpable (atribuyendo la calidad de delincuente) son los tribunales de justicia luego de un debido proceso que cumpla con un estatuto de garantías, dentro de las cuales está consagrado el derecho a defensa técnica, porque como señala nuestro lema: “Sin defensa no hay justicia”.
Pablo Sanzana Fernández
Pdte. Asociación de Defensoras y Defensores Penales Público de Chile
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