Por Eduardo Levy Yeyati, profesor de la Universidad Torcuato di Tella de Buenos Aires, investigador sénior no residente de la Brookings Institution y miembro del consejo editorial de AQ. Anteriormente, fue economista jefe del Banco Central de Argentina. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

Las cifras hablan por sí solas: Google está construyendo un centro de datos de 850 millones de dólares en Uruguay; Amazon ha comprometido 5.000 millones de dólares para una nueva región de nube en México; y Microsoft está invirtiendo 2.700 millones de dólares en infraestructura de nube e IA en Brasil. Desde Montevideo hasta Querétaro, los proveedores de centros de datos están ampliando su capacidad, los gobiernos están implementando incentivos fiscales y los bancos multilaterales están publicando marcos para ayudar a los países a “aprovechar la oportunidad de los centros de datos”.

La oportunidad es real. También lo es el riesgo de interpretarla erróneamente.

Latinoamérica y el Caribe se están consolidando como destinos creíbles para la inversión en infraestructura digital por razones que van más allá de la mera publicidad. La matriz energética de la región es un activo estructural: Brasil genera casi el 90% de su electricidad a partir de energías renovables, y empresas como Equinix, Ascenty y Scala se han expandido agresivamente en Sao Paulo precisamente por eso.

Los hiperescaladores -los proveedores de nube a gran escala que ejecutan máquinas virtuales en una red global de centros de datos-, bajo la presión de los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), necesitan energía limpia; y la región la tiene. La geopolítica impulsa este crecimiento: a medida que los gobiernos y las multinacionales reevalúan el riesgo de concentración en infraestructuras digitales críticas, el capital fluye hacia alternativas afines políticamente. En México, la relocalización de la producción añade un tercer factor: los fabricantes que se trasladan a zonas cercanas a la frontera con Estados Unidos necesitan procesamiento de datos local, y Querétaro se ha convertido en un corredor para esta demanda.

Además, la demanda es estructural, no cíclica. La adopción de la nube en Latinoamérica ha experimentado un auge: las aplicaciones de tecnología financiera, comercio electrónico e inteligencia artificial requieren computación local para reducir la latencia. Durante décadas, la ausencia de esta infraestructura obligó a las empresas regionales a depender de servidores en Norteamérica o Europa, con un costo y una fiabilidad superiores. El desarrollo de la nube cubre una necesidad real.

Actualmente, la región alberga más de 500 centros de datos con una capacidad instalada de aproximadamente 1450 megavatios, menos de un tercio de los 4.900 de la región norte de Virginia. Se prevé que la inversión anual se duplique, pasando de 5.000 millones de dólares en 2023 a casi 10.000 millones de dólares en 2029, y se proyecta que la capacidad total casi se duplique para 2035. Brasil concentra el 37,3% de los centros de datos de la región, seguido de Chile y México (11,6% cada uno), Argentina (8,2%) y Colombia (7,1%).

Pero no todos los centros de datos son iguales. Las instalaciones de hiperescala son construidas y operadas por grandes empresas tecnológicas (Amazon, Google, Microsoft) para gestionar sus propios servicios. Los centros de coubicación son construidos por operadores inmobiliarios especializados que arriendan espacio y energía a inquilinos que pueden estar ubicados en cualquier parte del mundo. Esta distinción es crucial para el impacto económico local.

El multiplicador que no se traslada

El argumento empieza a desmoronarse en lo que respecta a las afirmaciones sobre el empleo. El discurso predominante en los círculos políticos proyecta multiplicadores extraídos del ecosistema del norte de Virginia -el mercado de centros de datos más grande del mundo- sobre Latinoamérica. Los cálculos generan cifras impresionantes que se han incorporado a documentos de política y propuestas de inversión en todo el hemisferio.

Esos multiplicadores incorporan décadas de ecosistema acumulado: instaladores de fibra óptica, centros de operaciones de red, proveedores de servicios gestionados y contratistas de TI (Tecnología de la Información) que orbitan alrededor de una masa crítica de campus hiperescalables en una región que ya era un centro tecnológico global. No se puede simplemente asumir que se transferirán.

Más fundamentalmente, las proyecciones confunden dos tipos de instalaciones muy diferentes. Una nueva investigación de la Brookings Institution, basada en aproximadamente 770 centros de datos estadounidenses vinculados a datos de empleo a nivel de condado de 2003 a 2024, revela que los efectos en el empleo dependen fundamentalmente del tipo de instalación. Los campus hiperescalables -construidos por Amazon, Google o Microsoft para gestionar sus propias cargas de trabajo- generan importantes efectos indirectos: los condados que los reciben experimentan un crecimiento del empleo en el sector de la información del 22 % en un período de cinco a seis años, con aumentos salariales del 3 % al 4 %. Las instalaciones de coubicación -construidas por propietarios que alquilan espacio a inquilinos remotos- generan efectos locales mucho menores. Un banco de Nueva York que alquila un rack de servidores en Bogotá no contrata personal de TI en Bogotá.

La magnitud de la distorsión es crucial. Las estimaciones simplistas que no corrigen las tendencias de crecimiento preexistentes en los condados que atrajeron inversión pueden sobreestimar los efectos en el empleo hasta en un factor de tres.

Hay otro factor a considerar. Incluso los efectos indirectos a gran escala requieren densidad para materializarse. Los condados con una sola instalación experimentan modestos aumentos en el empleo total, pero ningún crecimiento significativo en el sector de la información. Los condados con cuatro o más instalaciones registran un aumento del 23 % en el empleo del sector de la información. El ecosistema requiere tiempo y escala para desarrollarse. Es una apuesta a largo plazo, no una instalación.

El problema energético es nodal, no nacional

La ventaja de Latinoamérica en energías renovables es un agregado regional. Lo que los centros de datos necesitan es un suministro eléctrico firme y fiable a un nodo específico de la red. No son lo mismo.

La capacidad instalada de centros de datos en México aumentó de 115 megavatios en 2024 a casi 280 megavatios el año pasado, un incremento del 140 % en un solo año. Sin embargo, la Asociación Mexicana de Centros de Datos advierte que los proyectos se están redirigiendo a Brasil y Chile debido a que la planificación energética no ha avanzado al mismo ritmo. La limitación no radica en la escasez global de energías renovables, sino en el desajuste entre dónde se genera la energía limpia y dónde se necesitan ubicar los centros de datos, agravado por una infraestructura de transmisión incapaz de cubrir la brecha al ritmo que exige la industria.

Los países no pueden simplemente presentar una matriz de energía limpia y asumir que la inversión llegará por sí sola. La infraestructura necesaria -subestaciones modernizadas, nuevas líneas de transmisión, permisos simplificados- requiere una inversión pública sostenida y una coordinación que la mayoría de los gobiernos de la región apenas están comenzando a organizar. Los países que resuelvan este problema antes que sus vecinos tendrán una ventaja duradera; los que no lo hagan se verán superados por sus propias ambiciones.

Infraestructura sin soberanía

Si excluimos la actividad de construcción, la pregunta central del desarrollo se vuelve evidente: ¿Quién se beneficia de esta infraestructura a largo plazo?

Los centros de datos son intensivos en capital y, por diseño, eficientes en su operación. El valor que generan -computación en la nube, inferencia de IA, comercio electrónico, streaming- beneficia principalmente a las empresas que ejecutan las cargas de trabajo, la mayoría de las cuales tienen su sede fuera de la región. Latinoamérica proporciona el terreno, la energía, la conectividad y, en varios casos, los incentivos fiscales. Los beneficios, en su mayor parte, se destinan a otros lugares.

El régimen REDATA de Brasil, implementado a finales del año pasado, ofrece exenciones fiscales a la importación de equipos que, según estimaciones de Fitch Ratings, podrían traducirse en miles de millones en ahorros para los inversionistas. Se trata de una herramienta legítima para atraer inversión. Sin embargo, su lógica depende de si impulsa el desarrollo del ecosistema local. Los datos de la Brookings Institution ofrecen un dato revelador: en los condados dominados por centros de datos, los incentivos fiscales representan el 62% de la inversión total en construcción; los subsidios son más efectivos precisamente donde los efectos indirectos son menores. La exención fiscal para centros de datos en Virginia le costó al estado 1600 millones de dólares solo en el año fiscal 2025. Los gobiernos de la región deberían analizar estas ventajas y desventajas antes de diseñar sus propios sistemas de incentivos.

Dos oportunidades

Para Brasil, México y Chile -donde los mercados digitales son lo suficientemente profundos y los ecosistemas de TI lo suficientemente densos como para atraer inversiones a gran escala- la prioridad es negociar los términos de dicha inversión: compromisos de suministro eléctrico que beneficien a los hogares y la industria locales, objetivos para proveedores y personal con indicadores medibles, y condiciones de acceso para universidades, startups e instituciones públicas nacionales. La hiperescala puede generar efectos indirectos locales; la cuestión es si los gobiernos consiguen compromisos significativos a cambio de los subsidios y la prioridad en la red que ofrecen.

Para el resto de la región, un camino diferente merece mayor atención. Estonia fue pionera en este modelo tras un importante ciberataque en 2007 que puso de manifiesto su dependencia de la infraestructura nacional. En 2017, firmó un acuerdo bilateral con Luxemburgo para albergar los registros gubernamentales en una instalación legalmente protegida en el extranjero, bajo jurisdicción estonia. Mónaco siguió la misma lógica en 2021. Bahrain fue aún más allá, posicionándose como centro de datos anfitrión, promulgando en 2018 una ley que permite a entidades extranjeras almacenar datos en territorio bareiní bajo su propia jurisdicción, en lugar de la de Bahrain. El modelo se está extendiendo: las economías más pequeñas se convierten en usuarias soberanas de infraestructura compartida alojada en otros lugares, y las más grandes se convierten en anfitriones de confianza para los datos críticos de sus vecinos.

Una adaptación latinoamericana podría implicar que las economías más pequeñas accedan a centros de datos compartidos en Sao Paulo, Santiago o Bogotá bajo marcos de gobernanza acordados, como participantes soberanos en lugar de clientes de operadores extranjeros. La distinción es más importante de lo que parece a primera vista. Si la concentración en unos pocos nodos regionales ya es inevitable -y los flujos de inversión así lo sugieren-, la cuestión es si esa concentración genera dependencia o integración.

Para los países que consideran los centros de datos como parte de una estrategia de IA más amplia, la lógica es aún más profunda. Significa invertir en lo que los mercados no producen por sí solos: una infraestructura de datos públicos seleccionados -registros médicos, catastros, datos fiscales, imágenes satelitales- que las aplicaciones locales de IA requieren para ser relevantes a nivel local. Un centro de datos sin esta capa es un servicio de computación por encargo. Con ella, podría ser algo más.

En los tres modelos, los gobiernos tendrán más éxito si están preparados. Esto implica establecer marcos regulatorios claros, condiciones de acceso a la red y requisitos de gobernanza de datos antes de la llegada de los hiperescaladores. También significa saber qué ofrecen: terrenos, energía, permisos y tratamiento fiscal. Y qué exigen a cambio: objetivos de contratación local, compromisos de capacitación laboral, acceso a la nube nacional para universidades y startups, y obligaciones de gobernanza de datos. Competir en incentivos y esperar que el desarrollo se produzca es la forma en que los auges de recursos se convierten en oportunidades perdidas.

La región ya ha vivido esta situación: extraer un recurso a gran escala mientras la cadena de valor se encuentra en otro lugar. Una infraestructura sin soberanía es un contrato de servicios.