La inexplicable dilación del caso SQM
SEÑOR DIRECTOR:
El caso SQM tuvo años de investigación con una fiscal regional y un equipo de fiscales a cargo, incluso algunos con dedicación exclusiva. Y, al final, nos encontramos con una resolución no afinada que dispone la apertura de un juicio que ha debido comenzar a la fuerza.
Cerca de ocho años en proceso y un juicio que se proyecta para dos años más; o sea, 10 años bajo persecución. Y para qué: la Fiscalía pretende una condena de 818 días para algunos o cuatro años para otros. Es incomprensible que el proceso sea más gravoso que la condena (presumiendo la inocencia de los acusados mientras no exista una sentencia condenatoria).
Es sabido que Pablo Longueira y Marco Enríquez-Ominami no tienen cercanía política. Tampoco se les acusa por un mismo hecho, ni por el mismo delito. La prueba para cada caso es distinta, no hay un nexo racional que permita entender porqué se hayan agrupados, o cuál es la conveniencia de llevar varios juicios en uno; porque así es, varios juicios en uno que, si se hubieran visto por separado, ya se habrían realizado con la certeza de culpabilidad o inocencia que corresponde y actuando con criterios de eficiencia, eficacia y economicidad.
Comienza un juicio lleno de ripios, sin ponderar el perjuicio que genera a los intervinientes estar cerca de dos años escuchando pruebas que no les atañen, la perturbación de hecho a la libertad ambulatoria, al derecho al trabajo, a la presunción de inocencia y, por sobre todo, a un procedimiento racional y justo.
Llegó el momento de analizar la practicabilidad de estos megajuicios (donde dudo que la memoria permita recordar lo que declaró un testigo hace dos años). Es hora de mirar el debido proceso, el plazo razonable y los principios del sistema penal; miremos la actuación racional y justa exigida a los agentes del Estado.
Roberto Garrido Matamala
Abogado
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