Desde un inicio, en estas páginas hemos venido siguiendo el devenir de la reforma previsional, primero con su discusión, su aprobación y ahora su etapa más delicada, la implementación. Como si no bastaran los sobresaltos vividos desde la crisis social de 2019, la pandemia del Covid-19 y la guerra en Ucrania, hoy el mundo enfrenta una nueva amenaza a la estabilidad: un conflicto abierto entre Israel, Irán, Estados Unidos, Yemen -y vaya saber uno con quien más-, justo, en una de las zonas más sensibles del planeta. Hablamos de una región que puede alterar de golpe los precios del petróleo, de los commodities, y por ende, la estabilidad económica global. A todo lo anterior, sumemos la debilidad de la Unión Europe y la guerra comercial impuesta por un impredecible Donald Trump.

En este contexto de fragilidad e interdependencia, donde cada país camina por una cuerda floja, lejos del otrora multilateralismo latinoamericano -con el que se enfrentó en 2003 la oposición a la invasión en Irak- Chile tiene su propio frente interno: la implementación de la reforma previsional aprobada en enero de este año. Lo anterior en el marco de una elección presidencial, donde todo augura cambios de signos políticos y un Congreso con las actuales fuerzas oficialistas desmejoradas, y el desmembramiento de 16 partidos políticos en la Cámara de Diputados.

Una de sus piezas más riesgosas y menos discutidas de la reforma previsional aprobada, es la licitación del stock de afiliados, prevista para 2027. Aunque suene técnico y lejano, su impacto será muy real para millones de trabajadores y futuros pensionados.

De lo que se trata, en simple, es de trasladar masivamente cuentas de afiliados —hasta un 10% del total— a una AFP que se adjudique el proceso por ofrecer la comisión más baja. Pero si esa AFP no tiene el músculo operativo, la experiencia, ni el incentivo para mantener buena rentabilidad o calidad de servicio, el supuesto ahorro se pagara caro con peores pensiones. La licitación no puede premiar sólo el menor costo: debe considerar rentabilidad ajustada por riesgo, eficiencia, cumplimiento regulatorio y calidad del servicio. De lo contrario, será una subasta peligrosa y miope.

Además, se corre un riesgo institucional mayor: vulnerar la libertad de elección de los afiliados. Un traspaso forzado, sin la posibilidad clara y expedita de mantenerse en su AFP actual, atenta contra la legitimidad del sistema. Básicamente, es una tómbola sin derecho a voz. Así, puede suceder que alguien de ese 10% reciba un correo en la sección “no deseados” notificándose sobre el cambio de una AFP a otra. Obviamente garantizando un menor costo de comisión. Pero en realidad, lo que ocurre es que puede estar siendo trasladado de una administradora destacada en rentabilidad y servicio, a otra, que definitivamente no apunta a esos elementos en su negocio, donde claramente busca enfatizar con una comisión más baja.

De eso, el afiliado no se va a enterar con un mail que cayó en una bandeja incorrecta, sino que el día cualquiera que concurra a buscar información sobre su pensión y se dé cuenta literalmente: “¡Estoy en otra AFP!, ¿cuándo me cambiaron?”.

No hay reforma sostenible si no se respeta la autonomía de quienes cotizan. La confianza y la certeza jurídica, en la seguridad social se construye con reglas claras, con información transparente y con respeto por la voluntad individual.

A esto se suma un desafío técnico de alta complejidad: el traspaso de los activos previsionales. Especialmente los activos alternativos, que tienen baja liquidez pero mayor rentabilidad potencial. El propio regulador ya reconoció los riesgos al proponer un sistema de “cámara de compensación”, mediante el cual se transfieren flujos sin mover los activos en sí. Si este mecanismo suena enredado, es porque lo es. Es, de hecho, una señal clara de que ni el regulador tiene plena certeza de cómo evitar impactos negativos en los fondos de los trabajadores y eso si es muy grave, más aún cuando toda la implementación se hará mediante circulares o normas dictadas por la Superintendencia.

Todo este proceso deberá ser gestionado por el próximo gobierno y por una Superintendencia de Pensiones que, a estas alturas, sigue sin jefe claro. No es razonable delegar la implementación de una reforma estructural de esta envergadura en una institucionalidad débil o transitoria. Por eso, es fundamental avanzar hacia un nuevo modelo: una Superintendencia colegiada, con contrapesos, como ya ocurre en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Un órgano técnico, plural y con continuidad. Sólo así se podrá dar estabilidad a un sistema que no admite improvisaciones. Todo chascarro, tal como lo señalé muchas veces en estas líneas se pagará una vez más por los chilenos.

No olvidemos que esta licitación también puede alterar el equilibrio del mercado. En vez de fomentar más competencia, puede concentrar aún más a las grandes administradoras, alejando a los nuevos actores que la reforma, en teoría, busca atraer. En un mercado más concentrado, hay menos innovación, menos presión por mejorar servicios y menos beneficios para el afiliado.

Aquí es donde debemos hacernos una pregunta esencial: ¿qué es más importante? ¿Una rebaja marginal en la comisión hoy o una pensión digna para vivir la vejez con tranquilidad? El concepto de jubilación proviene del latín iubilare, que significa “gritar de alegría”. ¿De verdad estamos construyendo un sistema que permita eso?

Durante la pandemia, vivimos lo que significa elegir el camino rápido: los retiros de fondos llevaron dinero inmediato a los bolsillos, pero a cambio tuvimos inflación, tasas de interés altas, y un daño duradero a las pensiones. El saldo es evidente: pan para hoy, hambre para mañana. Con la licitación del stock de afiliados, podríamos estar repitiendo el mismo esquema.

Este no es momento para decisiones simplistas ni para ajustes mal diseñados. En tiempos de incertidumbre global, Chile necesita instituciones sólidas, visión de largo plazo y reformas previsionales que realmente estén al servicio de las personas. Porque cuando se camina sobre una cuerda floja, cualquier paso en falso puede convertirse en una caída sin retorno.

Y esta vez, lamentablemente, puede no haber red que nos salve.

Por Gabriel Alemparte, abogado.