Netflix acaba de estrenar The Bombing of Pan Am 103, una excelente serie sobre el atentado que en diciembre de 1988 hizo explotar un avión sobre el pueblo escocés de Lockerbie. Murieron las 259 personas a bordo y otras 11 en tierra.

La historia no pertenece al pasado. En 2014, el vuelo MH17 de Malaysia Airlines fue derribado sobre Ucrania, causando 298 muertes. En 2020, el vuelo PS752 de Ukraine International Airlines fue derribado poco después de despegar de Teherán, con 176 personas a bordo. Tragedias distintas, pero que recuerdan las dificultades de investigar hechos que atraviesan fronteras y de asegurar que sus responsables respondan, especialmente cuando hay Estados involucrados.

Quizás por eso Lockerbie resulta especialmente interesante hoy. En tiempos en que la cooperación internacional retrocede frente a la presión unilateral y la amenaza de la fuerza, la serie recuerda lo que un sistema internacional funcional puede hacer.

Primero estuvo la cooperación entre países. Policías escoceses y agentes del FBI reconstruyeron un avión cuyos restos estaban desperdigados por cientos de kilómetros. Una pieza de ropa llevó a Malta; fragmentos de un temporizador, a Suiza. Autoridades británicas y estadounidenses trabajaron con sus contrapartes alemanas, maltesas, suizas y de otros países para seguir pistas y reunir evidencia.

Luego el sistema multilateral adquirió un papel central. Cuando la investigación condujo a dos ciudadanos libios, el Consejo de Seguridad exigió a Libia cooperar y entregar a los sospechosos. Ante su negativa, impuso duras sanciones, incluyendo restricciones aéreas, un embargo de armas y el congelamiento de activos.

Libia también intentó recurrir al derecho internacional. Ante la exigencia de entregar a los acusados, demandó a EE.UU. y Reino Unido ante la Corte Internacional de Justicia. Sostuvo que, conforme al Convenio de Montreal, podía juzgarlos en sus propios tribunales y no estaba obligada a extraditarlos. En 1992 pidió, sin éxito, que la Corte impidiera que ambos países adoptaran sanciones para forzar su entrega.

La salida llegó finalmente por la vía diplomática. Tras años de negociaciones, con participación de Sudáfrica y Arabia Saudita, se acordó una fórmula extraordinariamente creativa: los acusados serían juzgados bajo derecho escocés, por jueces escoceses, pero en territorio neutral, en los Países Bajos

Libia entregó a los acusados en 1999 y las sanciones fueron suspendidas. En 2001, uno fue condenado. En 2003, Libia aceptó responsabilidad por las acciones de sus funcionarios en Lockerbie, acordó compensar a las familias y renunció al terrorismo. El Consejo de Seguridad finalmente levantó las sanciones y el caso ante la Corte Internacional de Justicia también fue retirado.

Nada devuelve las vidas perdidas. Pero Lockerbie recuerda para qué sirven instituciones que hoy parecen debilitadas. La cooperación entre Estados permitió investigar; la diplomacia, negociar; Naciones Unidas, ejercer presión colectiva; y el derecho internacional, ofrecer mecanismos para alcanzar justicia y resolver controversias.

Por Benjamín Salas, abogado, colaborador asociado de Horizontal