Making a Murderer

Octubre de 1986. Steven Avery es declarado culpable de agresión sexual e intento de asesinato de una mujer que trotaba cerca del lago Michigan. Pese a alegar inocencia y las contradicciones en las pruebas, entre ellas una confesión obtenida bajo presión policial, el juez del condado de Manitowoc lo condena a 32 años de prisión. Pero dieciocho años más tarde nuevas pruebas de ADN demuestran no solo su inocencia. También que las instituciones que participaron en su detención y juicio habían manipulado todo para que pareciera culpable.

El caso de Steven Avery es la trama de la exitosa serie "Making a Murderer" (fabricando un asesino) de Netflix, pronta a estrenar su segunda temporada. La serie va de frente contra el sistema penal estadounidense, remeciendo la conciencia ética de un país en teoría orgulloso de su sistema de justicia. ¿Hasta qué punto la justicia puede ser manipulada? ¿Cuánta coerción puede darse en un interrogatorio policial? ¿Somos en verdad todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario?

Cada episodio de la serie siembra más dudas que el anterior sobre estas interrogantes. Y revela cada uno de los errores de un sistema judicial que ha destrozado la vida de Avery y su familia, todos ellos blancos pobres y sin educación, la working-class de la América profunda. Avery es inocente. Lo saben el público y los realizadores de la serie, pero personajes como el fiscal y los policías harán lo que esté a su alcance para regresarlo a la cárcel. Es lo que va documentando la serie. Y allí radica lo más aterrador; todo lo que vemos es real.

No he dejado de pensar en esta serie tras el reciente fallo de la Corte Suprema en el caso Luchsinger-Mackay. También daría para un programa de televisión. Un crimen de alto impacto público y sospechosos -como los miembros de la familia Tralcal- que incluso antes de ser llevados a juicio ya eran considerados culpables. Lo eran para dueños de fundo y gremios privados que lo gritaban a coro. También para el gobierno (el anterior y el actual), fiscales y especialmente policías, los actores directos e indirectos de nuestro particular sistema de justicia.

Pero faltaban las pruebas. Faltaron durante largos años. Hasta que de la noche a la mañana, aparecieron.

La confesión de José Peralino Huinca, obtenida por la PDI bajo apremios, manipulación y chantajes, como consta en el proceso, fue lo que permitió finalmente ratificar en tribunales aquella anticipada y racista condena pública. Pocos saben que un primer juicio oral absolvió a todos los acusados. Y que los jueces cuestionaron duramente la confesión de Peralino por presentar "vicios de ilegalidad" y "contradiciones". Se requirió entonces un segundo juicio para -como me comentó un agricultor sureño- "poner las cosas en su lugar".

En abril de 2018, Jerome Buting, el abogado defensor de Steven Avery, visitó Chile invitado por la Defensoría Penal Pública. Lo hizo para exponer sobre la presunción de inocencia y su vulneración por parte de los sistemas de justicia. Su visita coincidió con el escándalo tras la Operación Huracán. "Me hace recordar Making a Murderer, es parecido a lo que hicieron los detectives de Manitowoc plantando evidencias contra Steven", comentó Buting. Y luego advirtió: "Una conducta tan fraudulenta por la policía sólo exacerbará la fricción, lo que hará más difíciles las soluciones pacíficas al conflicto".

Dieciocho años de cárcel dictaminó la Corte Suprema para José y Luís Tralcal, ambos reconocidos dirigentes de Padre Las Casas y quienes desde el primer minuto han alegado su inocencia. Son los mismos que estuvo encarcelado Steven Avery en Estados Unidos por aquel crimen que no cometió. Me temo que las similitudes no terminan allí.