Pensiones que discriminan



Por Alejandra Sepúlveda, presidenta ejecutiva de ComunidadMujer

Llevamos casi 15 años discutiendo una reforma de pensiones. Y cuando parecía que la Pensión Garantizada Universal (PGU) generaba consensos, nos enteramos de que no es claro su financiamiento. Si bien resulta evidente la relevancia de un pilar solidario robusto, no es menos importante que el sistema se haga cargo de las discriminaciones de género que imprime.

Y es que sistemas como el de capitalización individual de Chile han introducido formas de discriminación directa e indirecta hacia las mujeres. Por un lado, a través del cálculo de pensiones sobre la base de tablas de mortalidad diferenciadas por sexo, que consideran una esperanza de vida para los hombres y otra -mayor- para las mujeres. Por otro, a través de la exclusión de las trabajadoras dedicadas a las labores de cuidados no remuneradas que, por su naturaleza, no cotizan en el sistema previsional.

Hasta septiembre de 2021, el promedio de una pensión por vejez sin Aporte Previsional Solidario (APS) alcanzó apenas las 8,25 UF ($248 mil): 6,94 UF ($208 mil) para mujeres y 9,65 UF ($290 mil) para hombres. Estos valores representan un 62% y 86,2% respectivamente del salario mínimo vigente ($337.000).

El mandato del nuevo gobierno debe ser avanzar en la construcción de un sistema previsional con perspectiva de género, que erradique todo tipo de discriminación hacia las mujeres, a través de la modificación de normas explícitas y/o de la compensación de las desigualdades estructurales del mercado laboral que tienen su origen en una anacrónica división sexual del trabajo.

Si la próxima discusión parlamentaria solo permite avanzar en modificaciones dentro del actual sistema, implementar un seguro de longevidad universal cobra relevancia, porque ellas son quienes asumen la mayor parte de los riesgos vinculados al mercado laboral y al hecho inherente de vivir más años. Este seguro debe contemplar la misma edad de tránsito a la “cuarta edad” para mujeres y hombres (85 años), un componente explícito de solidaridad intergeneracional y un financiamiento entre Estado, empleadores y trabajadores/as.

Por otra parte, ya sea en un escenario de continuidad o cambio, se deben reconocer cotizaciones previsionales por los períodos que se destinan al cuidado de niñas y niños o personas dependientes. Ello, a través del fortalecimiento del bono por hijo/a hasta, al menos, quintuplicar el aporte actual. También introduciendo créditos jubilatorios -muy utilizados en Europa -, que consisten en la imputación de una cotización por un salario equivalente, por el tiempo que corresponda a aquellos cuidadores/as informales de personas con dependencia severa que, por ello, no puedan tener un empleo remunerado o trabajan jornada parcial.

Simplemente una mejora sustantiva en pensiones no puede esperar, pero es claro que debe ser garantizada su sostenibilidad financiera. ¿Será posible que esta vez la esperada reforma no quede truncada por la imposibilidad de la clase política de llegar a acuerdos?

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