Nuestra institucionalidad fiscal parece ser sacada del manual de las mejores prácticas del FMI: i) evaluación de los cerca de 700 programas públicos existentes, para atender eficazmente a los más vulnerables; ii) una meta dual (de balance estructural y de nivel prudente de deuda) autoimpuesta, para que cada gobierno se comprometa con la responsabilidad fiscal; iii) actualización del escenario fiscal y rendición de cuentas ante el Congreso cuatro veces al año, para dar espacio para implementar los ajustes necesarios en el gasto frente a desviaciones de la meta; iv) una institución independiente, CFA, para supervisar el manejo responsable de la política fiscal; v) dos comités de expertos independientes, para estimar los parámetros que determinan el nivel de gasto en cada Ley de Presupuestos y sacar de la contingencia política esta definición; vi) una Ley de Responsabilidad Fiscal, para incentivar la responsabilidad en la autoridad fiscal; vii) un Banco Central autónomo, con prohibición de financiar directamente a cualquier gobierno; viii) una Contraloría General de la República autónoma, para controlar la legalidad de los actos administrativos y resguardar el correcto uso de los fondos públicos; ix) iniciativa exclusiva del Presidente para aquellas materias relacionadas con la administración financiera del Estado, para la responsabilidad del manejo de las finanzas públicas recaiga en el Ejecutivo; x) aprobación anual de la Ley de Presupuestos por parte del Congreso… ¡y podría seguir!

Resulta impresionante todo el andamiaje institucional que se ha creado en torno a nuestra política fiscal, pero más impresionante aún es que en 16 de los últimos 18 años hayamos tenido déficits estructurales.

Es cierto que el problema viene desde hace ya varios gobiernos. Desde 2008, todos ellos han prometido ser fiscalmente responsables, pero pocos lo han logrado. El actual gobierno no está entre estos últimos. ¿Cómo se explica que en este gobierno se haya acumulado (hasta el momento) un déficit estructural de cerca de 7,5% del PIB en sus 4 años sin haberse producido ninguna crisis o “excepcionalidad”? Esta cifra es un récord ya que solo ha sido superada por el déficit acumulado en Piñera II (-16,1%), pero se vio enfrentado a una pandemia. Este 7,5% es muy superior al alcanzado en Bachelet I (-1,9%), pero con la crisis subprime de por medio, o a Piñera I (-3,9%), pero con terremoto incluido, o a Bachelet II (-3,1%)… la cual no tuvo excusa.

La ironía es que, a pesar de todo este tremendo andamiaje fiscal, este no ha sido capaz de limitar de verdad el accionar de los gobiernos y, en particular, del actual. Así, las metas autoimpuestas son meras líneas de referencia, que se reinterpretan y se explican, según las necesidades políticas del momento y que, lamentablemente, nadie exige.

Esto nos demuestra que las instituciones no resguardan a nadie, sino las personas y en Chile, la persona que encarna la institucionalidad fiscal es el ministro de Hacienda. Saque usted sus propias conclusiones.

Por Macarena García, economista senior, Libertad y Desarrollo