Los resultados de la Encuesta Casen 2024, dados a conocer ayer por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, cierran un proceso largo y particularmente relevante para el país: la actualización de la metodología oficial de medición de la pobreza. No se trata solo de nuevas cifras, sino de un cambio institucional y técnico que define cómo Chile observa hoy sus privaciones sociales y económicas.

Este proceso tuvo como eje central a la Comisión Asesora Presidencial de Expertos y Expertas para la Actualización de la Medición de la Pobreza, convocada a fines de 2023, integrada por especialistas de distintas trayectorias académicas y profesionales. Su trabajo fue complementado por una Mesa Técnica interinstitucional, liderada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, e integrada por el Instituto Nacional de Estadísticas, la CEPAL, el PNUD y el Observatorio Social del propio ministerio. Esta arquitectura institucional es clave: asegura continuidad, rigor técnico y legitimidad pública en un ámbito especialmente sensible para el debate social.

En el caso de la pobreza por ingresos, la actualización incorpora cambios sustantivos. Se utiliza la última Encuesta de Presupuestos Familiares (2021–2022) para definir patrones de consumo, se ajusta la Canasta Básica de Alimentos hacia estándares nutricionales más saludables, se diferencian las líneas de pobreza entre hogares arrendatarios y no arrendatarios, y se deja de considerar el alquiler imputado como parte del ingreso. En conjunto, estos ajustes buscan que la línea de pobreza refleje de mejor manera las condiciones reales de vida de los hogares.

Con esta metodología, la pobreza por ingresos en 2024 alcanza al 17,3% de la población, lo que equivale a 3,48 millones de personas. Dentro de ese grupo, un 6,9% —cerca de 1,38 millones de personas— se encuentra en pobreza extrema, mientras que un 10,4% —alrededor de 2,1 millones— vive en pobreza no extrema. Más allá del nivel actual, el dato relevante es la trayectoria: bajo la nueva metodología, la pobreza por ingresos se ha reducido de manera sostenida desde 2009, cuando alcanzaba un 37,7%, hasta el nivel actual, reflejando avances importantes, aunque incompletos, en las condiciones materiales de vida.

La pobreza multidimensional, por su parte, también fue objeto de una revisión profunda. Se mantuvo la estructura de cinco dimensiones, pero se igualaron sus ponderaciones, se amplió el número de indicadores y se hicieron más exigentes varias de sus definiciones. El resultado es una medición más sensible a carencias simultáneas en educación, salud, trabajo, vivienda y redes y cohesión social. En 2024, la pobreza multidimensional alcanza al 17,7% de la población, equivalente a 3,47 millones de personas, un nivel muy similar al observado en la pobreza por ingresos.

Esta convergencia no es menor. Muestra que, en Chile, las privaciones monetarias y no monetarias tienden a superponerse. Pero el dato más crítico aparece al observar el cruce entre ambas mediciones. Aproximadamente un 6% de la población —en torno a 1,2 millones de personas— vive simultáneamente en pobreza por ingresos y pobreza multidimensional. Es este grupo el que la presentación oficial ha denominado pobreza severa, entendida como la expresión más intensa de desventajas acumuladas.

Estos hogares no solo enfrentan ingresos insuficientes. Concentran carencias persistentes en empleo, vivienda, educación, protección social y redes de apoyo. Desde la perspectiva de la política pública, este diagnóstico es clave: muestra los límites de intervenciones fragmentadas y refuerza la necesidad de políticas integradas, capaces de abordar simultáneamente múltiples dimensiones del bienestar.

Los resultados de la Casen 2024 confirman que Chile ha avanzado hacia una medición más exigente y realista de la pobreza. El desafío ahora es usar esa mejor información para identificar con mayor precisión a quienes enfrentan desventajas acumuladas y diseñar políticas que no solo mitiguen carencias puntuales, sino que permitan romper trayectorias persistentes de exclusión social.

Por Dante Contreras, FEN, Universidad de Chile y Joaquín Prieto, Facultad de Gobierno, Universidad de Chile