Por Eve Crowley, representante de FAO en Chile, y Manuela Cuvi, oficial jurista de la FAO para América Latina y el Caribe
Constituyentes, organizaciones de la sociedad civil y pueblos originarios han traído a la discusión constitucional diversas iniciativas de norma que abordan variadas aristas de la alimentación y que tendrán la posibilidad de ser discutidas en el pleno de la Convención.
Este proceso ha dado espacio a que se debata sobre el derecho a la alimentación adecuada, que es un derecho humano que consiste esencialmente en que todas las personas puedan alimentarse con dignidad, y sobre términos relacionados a este derecho, como la seguridad alimentaria y nutricional y la soberanía alimentaria. Las propuestas cuentan con un amplio y transversal respaldo, quedando de manifiesto un enfoque común: es prioritario garantizar una alimentación adecuada (saludable, nutritiva, con pertinencia cultural) para todas y todos los habitantes de Chile, considerando el complejo escenario nutricional que vive el país.
En Chile, 7 de cada 10 personas mayores de 15 años tienen obesidad o sobrepeso (Minsal, 2017), y 6 de cada 10 niñas y niños de quinto básico experimentan esta misma condición (Junaeb, 2020). En cuanto al hambre y la falta de acceso a alimentos, si bien los indicadores del país están bajo el promedio regional, las proyecciones sugieren un alza. En el año 2020, 800 mil personas padecieron hambre y 3,4 millones de personas enfrentaron incertidumbre respecto a su capacidad para obtener alimentos saludables y nutritivos. Ambos problemas de malnutrición tienen un componente relevante de desigualdad. Solo por mencionar un factor, en Chile una dieta saludable es cinco veces más cara que aquella que sólo satisface calorías (FAO, FIDA, OPS, PMA y Unicef, 2020).
El proceso constituyente es una gran oportunidad para avanzar en estos retos ya que, incorporar a la nueva Constitución el derecho a la alimentación adecuada en forma explícita, para todas las personas y en pleno respeto de las obligaciones internacionales de Chile, otorgará en el ordenamiento jurídico el más alto reconocimiento y protección posible de este derecho fundamental y condicionante para una vida plena. Esta incorporación, además, aclarará y visibilizará las responsabilidades de todos los actores nacionales, estableciendo una institucionalidad sólida y recursos procesales adecuados.
Aunque parezca evidente, es importante destacar que el derecho a una alimentación adecuada es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos, como la salud y la vida, y es interdependiente del derecho humano al agua; al medio ambiente; a los derechos de los pueblos indígenas; de las mujeres; de las niñas y niños; y a la promoción del desarrollo rural, entre otros. Por esta interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, la invitación desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es a poner todos estos derechos al centro de la nueva Constitución.
Si transformamos nuestra alimentación con un enfoque de derechos para hacerla inclusiva, sostenible, saludable y digna, estaremos mejorando no solo nuestra salud y nuestra vida a nivel individual, sino muchos otros aspectos de nuestra vida en sociedad. La inclusión del derecho a la alimentación adecuada en la nueva Carta Magna permitirá hacer frente a la inseguridad alimentaria y malnutrición por exceso que afectan a Chile mediante la construcción de sistemas agroalimentarios más justos y sostenibles, sin dejar a nadie atrás.
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