El mercado laboral chileno lleva 42 meses con desocupación sobre el 8%, y la última cifra del INE —9,4% nacional, 10,4% entre las mujeres— confirma que la crisis del empleo dejó de ser coyuntural. De los pocos puestos creados en el último año, la totalidad fue informal, y el empleo asalariado formal cayó por cuarto trimestre consecutivo. Pese a eso, Sala Cuna Universal avanzó porque atacó el problema correcto: el costo de contratar mujeres. El proyecto que extiende el postnatal parental a un año avanza en la dirección contraria, justo cuando menos margen de error tenemos.

La Comisión de Trabajo aprobó la iniciativa hace poco más de un año; hoy se discute en la Comisión de Desarrollo Social, tras un cuello de botella en Hacienda que revela que el financiamiento nunca se resolvió. El diagnóstico es correcto: de 71.269 licencias parentales emitidas en 2025, solo 190 fueron usadas por hombres (0,27%), y el uso del postnatal parental por padres apenas llega a 0,07%. El problema no es la falta de semanas; es que nadie las reparte.

Pero la solución que propone el proyecto no corrige ese patrón: lo profundiza. Extiende el postnatal de la madre de 12 a 40 semanas y deja la transferencia de hasta 24 de ellas al padre como una decisión voluntaria de la madre, con un permiso paterno que crece de forma marginal. En un país donde el uso masculino es estadísticamente irrelevante, la voluntariedad no distribuye el cuidado: lo amplifica. El resultado previsible es una ausencia laboral aún más larga asociada exclusivamente a la trabajadora, exactamente el fenómeno que el proyecto dice combatir.

A eso se suma un fuero extendido a ambos progenitores, que eleva el costo esperado de reemplazo y reorganización para el empleador. Ese costo no se paga cuando la madre usa el permiso: se internaliza antes, en la decisión de contratar. Las empresas más pequeñas, con menor capacidad de sustitución, absorben el golpe de forma regresiva. La consecuencia probable es la inversa de la buscada: más sesgo de contratación y más brecha salarial para las mujeres en edad fértil, justo cuando la desocupación femenina lleva cuatro trimestres consecutivos en dos dígitos y el empleo formal retrocede.

La evidencia comparada tampoco respalda extender el beneficio sin límite. Estudios europeos muestran que los efectos positivos del postnatal sobre la salud infantil y el apego se estabilizan después de los primeros meses; más allá de ese umbral, lo que sigue creciendo son los costos y las inequidades, no los beneficios. Alargar el permiso a 40 semanas no es, entonces, una decisión respaldada por la evidencia técnica que se invoca para justificarlo.

El proyecto, además, sigue siendo una moción sin patrocinio del Ejecutivo y sin informe financiero, lo que ha impedido que la Dipres se pronuncie sobre su impacto fiscal. El texto arrastra, además, imprecisiones que no son de detalle: la coherencia entre la duración total del permiso y los tramos del subsidio decreciente, y las reglas de titularidad y aviso de la transferencia, siguen sin resolverse. Legislar sobre seguridad social sin saber cuánto cuesta ni quién lo paga no es audacia: es improvisación con nombre de derecho social.

Chile no puede permitirse este error dos veces. Si el objetivo real es la corresponsabilidad, el rediseño exige, como mínimo, permisos paternos exclusivos e intransferibles —no opcionales—, informe financiero y patrocinio del Ejecutivo antes de avanzar en Sala, depuración de un articulado hoy ambiguo, y mecanismos de mitigación para las MIPYMES. Sin eso, no es una política de cuidado infantil ni de corresponsabilidad: es un nuevo costo para contratar mujeres, disfrazado de beneficio para ellas. En medio de la peor crisis laboral en cinco años, ese es un disparo que el país se dará en sus propios pies.

*La autora de la columna es coordinadora legal en Clapes UC, directora Somos Mujeres por Chile y consejera USEC.