El proyecto de Reconstrucción va en la dirección correcta, pero será insuficiente para volver a crecer al 4% anual. A esto se suma una complicación adicional: tras la pandemia, se debilitó la relación entre crecimiento económico y generación de empleo. Volver a crecer, aunque es necesario, no permitirá revertir la crisis laboral que enfrentamos.

Llevamos más de cuarenta meses con desempleo igual o superior al 8%, casi un millón de personas buscan trabajo sin éxito y la informalidad supera el 26%. Y es más preocupante aún: el trabajo ha perdido su rol como motor de movilidad social. Las últimas encuestas Casen muestran que la reducción de la pobreza se explica mayoritariamente por transferencias del Estado, no por mayores ingresos del trabajo. Reformas como las 40 horas y alzas consecutivas en el salario mínimo —justas en su propósito, pero implementadas cuando la economía no tenía cómo sostenerlas— aumentaron los costos de contratación, como lo constató el Banco Central en 2025. Este escenario no se revertirá por sí solo.

A esto se suman desafíos estructurales: reglas pensadas para proteger que terminan excluyendo, y derechos laborales disfuncionales que perjudican, paradójicamente, a los propios trabajadores. La legislación de sala cuna, diseñada para apoyar a las mujeres, actúa hoy como el principal desincentivo a su contratación. La indemnización por años de servicio, que muchos creen un derecho universal, en la práctica solo beneficia al 14% de las relaciones laborales. Protege a quienes tienen empleos más estables y funciona como una trampa para quienes no renuncian por miedo a perderla. Son legislaciones que hoy discriminan y traban las contrataciones.

Medidas para enfrentar estos y otros desafíos, propusimos en el informe de reactivación encargado por el ministro Rau. Ahí presentamos 22 medidas para empujar una agenda que nos permita salir de la crisis en que estamos. Ninguna es de fácil implementación técnica ni política. A eso se suma que los cambios en el mundo del trabajo parten de una lógica de resistencia y profunda desconfianza. Cada vez que se plantean estas agendas se vuelve a argumentos ya desgastados que impiden avanzar: se asocia la flexibilidad con precarización; la ampliación de derechos, con mayores costos para el empleador; y la polifuncionalidad con mayor carga de trabajo, y no como lo que la evidencia muestra: una herramienta clave de reconversión ante la irrupción de la inteligencia artificial. Y seguimos sin lograr el acuerdo necesario para distribuir los costos del cuidado, que no pueden seguir siendo una carga que recae exclusivamente sobre las mujeres trabajadoras. El informe presentado al ministro debe ser un punto de partida para iniciar un trabajo tripartito, entre el Estado, empleadores y trabajadores. Pero para eso hay que partir por lo básico: sentarse a conversar y escucharse para poder construir confianzas.

Por María José Abud, Directora ejecutiva de Horizontal