El 24 de junio la balanza se inclinó.

Ese jueves, el Tribunal Constitucional rechazó cuatro artículos del proyecto de Escuelas Protegidas, un texto clave para La Moneda destinado a prevenir la violencia escolar. Pero el efecto del fallo fue más allá. Encendió las alertas de la administración de José Antonio Kast sobre el destino de algunas iniciativas que ya planeaban incluir en la agenda de seguridad.

El análisis en Palacio fue que estas podrían seguir el mismo derrotero.

Esa sentencia -se admite- reforzó una inquietud que el ministro Martín Arrau venía planteando en la interna: que ciertas herramientas requerían un fundamento constitucional más sólido. Entre ellas las que establecen consecuencias penitenciarias o restricciones a prestaciones para personas condenadas por delitos graves, junto a la habilitación de mecanismos excepcionales en territorios gravemente afectados por el narcotráfico y el crimen organizado.

Una vía resistida por muchos en el oficialismo, que no están dispuestos a reabrir un debate que consideran sepultado, tras los fallidos procesos constitucionales de 2022 y 2023.

El proceso no se ve fácil y genera tensión en Palacio.

La filtración -el martes- del borrador en La Tercera de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), con 11 reformas a la Constitución, desató una ola de críticas en el oficialismo y en expertos. El abogado Enrique Navarro, exministro del TC entre 2006 y 2012, sostuvo en Desde la Redacción que “la gran mayoría de esos temas, en principio, son materias de ley” y que “no deberían estar en la Constitución”. Y Sebastián Soto, abogado constitucionalista e investigador del CEP, afirmó en Radio Duna que “ya aprendimos que creer que todos los problemas se resuelven con reformas constitucionales es un error”.

Lo anterior, junto a un conflicto mayor en el propio gabinete.

La ministra de Salud, May Chomali, no ocultó que “puede ser un poco incompatible”, la restricción a las prestaciones de salud propuesta en el borrador de la reforma de seguridad a los condenados por delitos vinculados al crimen organizado, terrorismo o narcotráfico. Y que se imagina que “cuando esto ya avance vamos a ser consultados al respecto”, lo que da cuenta de que no todos los ministros estaban informados del contenido de la agenda.

Hasta ahora -según se admite en el oficialismo- no está claro qué se va a ingresar al Congreso, ante la falta de apoyos a la idea inicial. Prueba de ello fue el duro cruce entre el senador de Demócratas Matías Walker -voto clave en la Cámara Alta- y el senador Arturo Squella, del Partido Republicano. Esto, porque el primero afirmó que “el país se dio cuenta, después de dos procesos constituyentes fallidos, que no es reformando la Constitución cómo vamos a lograr perseguir al crimen organizado”, lo que originó la respuesta del segundo diciendo que “no es tiempo para los buenismos” y que “oponerse a la agenda de seguridad es darles la espalda a quienes más sufren la delincuencia”.

Este clima pone a prueba la manija política de Arrau para sortear con éxito la crisis en seguridad, una de las principales promesas de campaña que llevaron al Presidente Kast al poder.

La incógnita está en cómo se moverá el ministro -uno de los de mayor confianza del jefe del Estado- en las arenas parlamentarias. Lo ven más llano al diálogo que su par de Hacienda, Jorge Quiroz. Pero, al mismo tiempo, con una vara más alta que sortear en el Congreso, ya que las reformas constitucionales requieren de un quórum de 4/7. Es decir, 89 de 155 votos en la Cámara y de 29 de 50 en el Senado, lo que lo obliga a un mayor consenso.

A su favor tiene que el tema de seguridad es de alto respaldo ciudadano y que enfrenta a una oposición dividida.

Cercanos a Arrau sostienen que está decidido a dar esta batalla, pues considera que una modificación constitucional acotada en esta área no solo es necesaria, sino que urgente.

Sobre esa convicción, fuentes ministeriales comentan que apenas asumió la cartera -el 19 de mayo, tras la salida de Trinidad Steinert- instruyó a su equipo ordenar todos los proyectos en tramitación bajo tres criterios: mejora de gestión, fortalecimiento de las policías y medidas concretas para enfrentar el crimen organizado. Todos insumos que conformaron el primer paquete de iniciativas.

Para esa tarea instruyó al subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, abogado, profesor y doctorado en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. Al tiempo que le asignó -para estos fines- la coordinación con el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Su papel central se enfocó en la redacción de las sucesivas versiones, junto a los abogados Javier Parra, jefe de gabinete, y Cristóbal García, coordinador legislativo.

El mapeo -para Arrau- constató una realidad. Que las iniciativas para enfrentar este flagelo eran insuficientes y que el Estado de Chile requería de medidas más profundas para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado.

El factor Squella

El primer paso fue abrir una ronda de conversaciones a nivel político con parlamentarios y presidentes de partidos. Y, también, con expertos constitucionales.

Sus redes sociales registran decenas de bilaterales, con la presidenta del Senado, Paulina Núñez; el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri; los presidentes de los partidos del oficialismo y con una buena parte de los integrantes de las comisiones de seguridad de ambas corporaciones.

Una de esas reuniones -las públicas han sido el 22 de mayo y el 21 de julio- fue con el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, quien le entregó una propuesta elaborada por ese partido.

Ambos habían trabajado este tema durante la campaña, junto al equipo que integraban, entre otros, los diputados Enrique Bassaletti, Cristián Vial y el senador Rodolfo Carter. Y ahora ha sido una fuente permanente de consultas en su calidad de senador y abogado, y un impulsor de la reforma constitucional en esta área, apoyado en abogados como Jorge Barrera, quien fue el jefe de asesores de los constituyentes republicanos en 2023.

Luego de esos aportes, Guerrero se encargó -por instrucción de Arrau- de trabajar en la redacción de los borradores, los que fueron revisados por el Comité de Seguridad, que se reúne todos los lunes y que integran -aparte de Kast y de Arrau- los ministros Alvarado, Barros y Rabat.

Una fuente del Ministerio de Seguridad confidencia que en medio de ese proceso, y en una de las reuniones de trabajo, Arrau le planteó a su equipo un desafío: “Cómo permitir que el Estado recupere territorios específicos sin recurrir a estados de excepción extensos y diseñados para otras realidades”. Y que esa idea fue traducida por Guerrero en una fórmula territorial, temporalmente acotada.

El 3 de agosto el Comité de Seguridad conoció un texto más consolidado, sobre la base de tres componentes vertebrales: reforma constitucional en seguridad, 21 proyectos en tramitación y 13 nuevas iniciativas legales.

Los tiempos, a partir de ahí, se hicieron estrechos.

La planificación inicial contemplaba continuar la revisión en agosto e ingresar el paquete legislativo en septiembre al Congreso. Pero según fuentes de La Moneda, el gobierno resolvió acelerar el calendario y aprovechar la cadena nacional que estaba prevista para el 5 de agosto, para marcar el tema de seguridad como nuevo desafío tras la aprobación de la megarreforma.

Una presión que ha impactado la agenda, la que ha sido acompañada de una serie de hitos. El más visible -y también polémico para algunos, por su similitud con las puestas en escena del Presidente de El Salvador, Nayib Bukele- fue la del jueves, con el traslado de 191 personas privadas de libertad, entre ellas 37 integrantes de organizaciones de crimen organizado, incluyendo nueve líderes y 28 miembros de estas estructuras criminales, además de 154 internos de alto compromiso delictual y especial peligrosidad a la cárcel La Laguna, en Talca.

El rechazo -y precio- del PDG

Aunque en La Moneda hay confianza en que el oficialismo -y una buena parte de los parlamentarios que apoyaron la megarreforma- terminará alineado con la agenda de seguridad, en los pasillos del Congreso se advierte que el paquete legislativo tendrá que superar obstáculos.

Un apoyo clave para Quiroz fueron los 14 votos -en la Cámara de Diputados- del Partido de la Gente (PDG), tienda que, por de pronto, no estaría dispuesta a dar su anuencia a los cambios constitucionales.

Su líder, Franco Parisi -quien nunca se ha juntado con Arrau, a diferencia de la relación que estableció con Quiroz-, afirma a La Tercera que durante la campaña hubo un acuerdo implícito entre todos los candidatos presidenciales: “La Constitución no se tocaba por ocho años, después de los dos intentos que fracasaron”.

De acuerdo a su visión, la apuesta de Kast es muy “peligrosa”, ya que puede abrir la puerta a una “discusión bizantina” en todos los sectores políticos sobre quién propone más derechos y cambios constitucionales, que lo único que logrará es generar “inestabilidad en el país”. Y aunque no se opone a visar las iniciativas que no planteen cambios a la Carta Magna, instala una condición: un aumento significativo en recursos y la modernización de la policía aeroportuaria que, según explica, no está a la altura de los estándares internacionales.

Con quien sí se juntó Arrau -el martes 11- fue con el presidente de los nacional libertarios, Johannes Kaiser, partido que también cerró filas con la megarreforma.

Cuenta a este diario que conversaron “someramente” sobre los titulares del proyecto, porque no estaba, según le dijo Arrau, terminado el documento final. “Pese a ello, le hice ver mis aprensiones sobre algunas cosas que se han filtrado y que no compartimos”, sostuvo.

Dos días después, en un punto de prensa, hubo una postura más categórica desde esa tienda. Dirigentes y parlamentarios expresaron sus reparos a la iniciativa, en particular con la creación de un nuevo estado de excepción en barrios.

En Chile Vamos también hay visiones dispares.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez -quien en mayo sostuvo que su partido es el más “leal” al gobierno-, sentenció este domingo a La Tercera que “en las condiciones actuales, la UDI no puede apoyar las reformas constitucionales de seguridad, porque dañan la institucionalidad”.

Una postura que no es compartida por el diputado Jaime Coloma, también UDI, quien se alineó con la agenda de Arrau, “incluyendo la modificación a la Constitución que se quiere hacer, que, a mi forma de entender, no es un nuevo proceso constitucional, como busca instalar la izquierda”.

Los fuegos los había abierto el lunes el senador Andrés Longton (RN), quien -en Desde la Redacción- advirtió que no estaba de acuerdo con las enmiendas constitucionales. “El concepto de la Constitución del artículo 1 -dijo- es lo suficientemente amplio, porque habla de la seguridad de la nación y eso comprende la seguridad interior y exterior del Estado. Respecto de los estados de excepción constitucional, los que tenemos hoy, cumplen con el propósito que quiere hacer el presidente”.

Quien no tiene aprensiones es el senador Rodolfo Carter, quien jugó un papel clave en esta área en la campaña de Kast. Su lectura es que abrir o no el tema constitucional no va a inhibir a la izquierda para tratar de hacerle modificaciones.

“No conozco tiburón vegetariano. El Frente Amplio y el PC siempre van a querer derribar la Constitución”, sostiene.

Arrau versus Quiroz

La salida de Quiroz de escena -al menos transitoriamente, porque regresará al Congreso con la reforma al mercado de capitales y la discusión presupuestaria- le da un espacio a Arrau para convencer y marcar su sello.

Pocos puntos tienen en común, aunque ambos son ingenieros, debutantes en una cartera y duros negociadores.

“Cada uno (Quiroz y Arrau) tiene su estilo. Lo importante es que detrás de cada uno está la impronta del Presidente Kast. Él es quien marca la agenda”

Pero tienen tonos y lenguajes distintos.

Si bien -a nivel parlamentario- se identifica a Quiroz con un estilo frontal, sin la búsqueda de simpatías, la expectativa es que Arrau suba el voltaje a nivel de consensos. La discusión constitucional, jurídica y política lo obliga -en todo caso- a no encasillarse en los propios como lo hizo Quiroz, debido a que la reforma es más exigente en términos de quórums.

“Cada uno tiene su estilo. Lo importante es que detrás de ambos está la impronta del Presidente Kast. Él es quien marca la agenda”, dice el diputado Enrique Bassaletti, quien hace unas semanas fichó por el Partido Republicano.

La apuesta de Palacio está en la expertise política de Arrau, como intendente por el Ñuble en la administración Piñera; como convencional en 2021 y jefe de campaña de Kast. Aunque para la oposición juega en su contra el haber sido un duro detractor de la gestión de Gabriel Boric, de Carolina Tohá y de Luis Cordero. Incluso, se opuso tenazmente a la creación del Ministerio de Seguridad que, paradójicamente, hoy lidera.

“¿Dónde está Luis Cordero? ¿En qué está el ministro de Seguridad, que asumió el 1 de abril con bombos y platillos, pero sigue siendo un ministro de Justicia de traje, de reunión en reunión, muy sentadito, del que poco se sabe?”, fue uno de sus posteos, el 4 de julio del año pasado, en una cápsula difundida en sus plataformas digitales.

El trato cambió este año. No solo lo invitó a su oficina, sino que también adoptó la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada en la administración del exmandatario, manifestando que esta era amplia y suficiente para operar.

En la oposición hay suspicacias.

El diputado Raúl Leiva (PS), miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, señala que “hasta el momento” el estilo de Arrau es “idéntico” al de Quiroz: “Subestimación del Congreso Nacional y pirotecnia mediática”.

Cuenta que días después de llegar a Seguridad, Arrau lo invitó a su despacho y se comprometió con él que antes de anunciar y enviar al Congreso cualquier iniciativa relevante, la socializaría con él y con otros parlamentarios de oposición.

“Pero eso no ocurrió”, dice el diputado. “No solo incumplió su compromiso, sino que ni siquiera conocemos el contenido de las reformas constitucionales”, agrega.

Y, en Demócratas, uno de los partidos base del gobierno, también hay heridos. La diputada Joanna Pérez comenta que la salida del exsubsecretario de Seguridad Andrés Jouannet -hoy asesor en el Segundo Piso- para ellos fue muy “ingrata” y tensionó las relaciones entre Arrau y su partido. Pero no por eso dejarán de apoyar la agenda de seguridad.

“El ministro Arrau no solo incumplió su compromiso -informarnos sus planes en seguridad antes de que se dieran a conocer públicamente-, sino que ni siquiera conocemos el contenido de las reformas constitucionales”.

A diferencia de Quiroz, Arrau es mediático. Sube constantes videos a sus redes para mostrar en las actividades en que está. Y sonríe un poco más que su par de Hacienda. Resta saber si conseguirá o no -de aquí a diciembre- un check para la enmienda más ambiciosa de Kast, tal como lo hizo su colega de gabinete con la megarreforma.