Este miércoles en su cuarta sesión, el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, resolvió instruir cuatro nuevas investigaciones en el marco del plan de Inspección Total al Estado, iniciativa impulsada por la administración del Presidente José Antonio Kast para analizar el uso de recursos durante el período 2022-2026.

La instrucción de investigaciones específicas es en los ministerios de Deporte, Energía, Agricultura y Salud “tras detectar antecedentes que requieren una revisión más profunda y la eventual determinación de responsabilidades”, según se indica en un documento de la Secretaría General de la Presidencia.

En concreto, en Deporte, la investigación está centrada en el Instituto Nacional de Deportes en “materias vinculadas a la administración, transferencia y rendición de recursos públicos”.

En Energía, la revisión de la Agencia de Sostenibilidad Energética, considerando “transferencias, rendiciones, contrataciones, ejecución de programas y cumplimiento de objetivos financiados con recursos públicos”.

En el Ministerio de Agricultura, se pidió investigar “las transferencias de recursos a organismos ejecutores, revisando rendiciones, regularidad de compras y contrataciones, y el cumplimiento de objetivos y obligaciones por parte de dichos organismos”.

Por último, en el Minsal, se solicitó investigar “compras, contrataciones, incluyendo subsecretarías, servicios dependientes y entidades ejecutoras”.

Transferencias a fundaciones

En este punto se identificaron más de 5,4 billones de pesos transferidos a fundaciones “y que debieron haber sido objeto de rendición”. De ese total, más de $1,4 billones “no acreditan su rendición”.

Según el comité, los servicios con mayor proporción no rendida son el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), seguido del Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura.

En esa línea, detallaron que en el período 2022 a 2026 “se crearon 177 fundaciones, que recibieron más de 11 mil millones de pesos sujetos a rendición. De ese total, más de 6.500 millones, es decir, cerca del 60% por ciento, no cuentan con rendición acreditada. Además, 79 de esas 177 nuevas fundaciones que recibieron fondos públicos, no existe registro alguno de rendición”.

Compras públicas

En esta arista se identificaron servicios donde más de la mitad de las compras se realizaron sin licitación pública, siendo los principales el Centro de Información de Recursos Naturales, el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos.

El análisis evidenció además un “aumento en la utilización de distintas causales para justificar las compras por trato directo, especialmente las de proveedor único, confianza y seguridad y de emergencia”.

El comité hizo énfasis en esta última causal, que según detectaron, su uso supera en un 17% a lo registrado durante el período de la pandemia del Covid-19.