La bancada de diputados UDI recurrió este domingo a la Contraloría para que emita un pronunciamiento respecto de la resolución del Serviu de Valparaíso que estipulaba que la familia del Alejandro Correa -empresario asesinado a manos de un sicario en 2020- debía hacerse cargo del desalojo de la toma del terreno del que son dueños en Quilpué.

El terreno en cuestión, además, habría originado el crimen por encargo. Según estableció el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar en 2022, Renato López, dedicado al rubro de los rellenos sanitarios, pagó a Víctor Gutiérrez Londoño para deshacerse de Correa ante disputas con el empresario dueño de los lotes que complicaban un negocio que éste mantenía en Quilpué, en los que, además, se instaló un grupo de personas.

Fue durante esta semana que la hija de Alejandro Correa, Valentina, dio a conocer que ya casi se cumple un año desde que la Corte de Apelaciones ordenó a la Seremi de Vivienda demoler las edificaciones de esa toma de terreno y que dicho dictamen aún no se ha cumplido.

El Servicio de Vivienda y Urbanización, por su lado, declaró en respuesta que antes de demoler la toma, son los dueños quienes deben solicitar y ejecutar la orden de desalojo debido a que el predio es privado.

Ante esta situación, el presidente de la comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales de la Cámara Baja, Juan Manuel Fuenzalida (UDI), junto con el diputado por la Región de Valparaíso, Hotuiti Teao (Ind.-UDI) oficiaron al ente contralor para que se pronuncie al respecto y acusaron que el Serviu “ha mostrado una conducta omisiva grave al negarse a cumplir un acto administrativo dictado por ellos mismos, sin que se hiciera referencia al presunto deber de los propietarios de realizar el desalojo”.

“Pareciera que el Serviu se olvidó de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso ya rechazó los mismos argumentos que hoy están esgrimiendo para negarse a cumplir con la propia resolución que ellos emitieron. En esa ocasión, el servicio nuevamente aludió -de manera absolutamente insólita, a nuestro entender- a que debía ser la familia Correa la que ejecutara el desalojo del terreno, lo que es francamente inentendible”, sostuvieron.

“Pero además, la misma resolución del Serviu establece la posibilidad de disponer el auxilio de la fuerza pública para concretar la demolición. Por lo tanto, nos parece que resulta fundamental que la Contraloría General de la República pueda emitir un pronunciamiento al respecto, porque estamos convencidos de que han actuado de manera omisiva al incumplir no sólo su propia resolución, sino que incluso un fallo judicial”, añadieron.