Este viernes se constituyó en La Moneda el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, instancia clave en la ofensiva del gobierno de José Antonio Kast para ejecutar una revisión transversal del aparato público. En su primera sesión, el órgano no solo definió lineamientos, objetivos y plazos del proceso, sino que además adoptó un acuerdo adicional: instruir una revisión especial de los denominados Caso Convenios y Caso Procultura.

La medida busca determinar si existe información adicional en distintas reparticiones públicas o eventuales responsabilidades de otras autoridades en gestiones vinculadas a proyectos que han sido objeto de cuestionamientos y fiscalizaciones. Según lo acordado, en caso de detectarse nuevos antecedentes o hallazgos, estos serán derivados a los organismos competentes.

La constitución del comité marca el inicio formal de la llamada “auditoría de entrada”, una de las principales apuestas políticas del Mandatario y que fue parte de su discurso de asunción. Kast sostuvo que recibió un país “en peores condiciones de las que podíamos imaginar”, con finanzas debilitadas y falencias en el control del gasto.

El diseño contempla una arquitectura en tres niveles. En la cima, el comité estratégico -integrado por la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo; el subsecretario del Interior, Máximo Pavez; el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; y el asesor presidencial Francisco Riveros- tendrá a su cargo la dirección del proceso y la definición de prioridades.

En paralelo, el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG) asumirá la coordinación técnica a nivel nacional, mientras que las unidades de auditoría interna de cada ministerio, subsecretaría y servicio público serán las encargadas de ejecutar las revisiones en terreno, conforme a los lineamientos definidos por la instancia.

La auditoría, según el marco fijado por el Ejecutivo, se desarrollará durante los primeros seis meses de gobierno y abarcará de manera transversal a la administración pública, aunque con énfasis en áreas consideradas de mayor riesgo. Entre ellas, transferencias de recursos, contratación pública, ejecución presupuestaria y gestión de personal.

Con la decisión de incorporar una revisión específica sobre los casos Convenios y Procultura, el gobierno introduce un componente político adicional a la auditoría, focalizando parte del esfuerzo en episodios que han sido utilizados como ejemplo de eventuales fallas en los mecanismos de control del Estado.

En el oficialismo admiten que la decisión de poner el foco en estos casos tiene una carga política evidente. Más que un contraste general con la administración de Gabriel Boric, se trata de una ofensiva directa sobre episodios que marcaron su gestión y que el actual gobierno ha instalado como símbolo de fallas estructurales en el control del gasto público.

Así, la auditoría no solo busca levantar información técnica, sino también reexaminar, bajo la conducción presidencial de Kast, antecedentes ya conocidos y eventualmente ampliarlos. Con ello, en La Moneda apuntan a consolidar un juicio más duro sobre la gestión anterior, reforzando la tesis -planteada desde el inicio del mandato- de que existieron deficiencias relevantes en los mecanismos de supervisión y en la administración de recursos fiscales.