En Argentina y El Salvador fueron los presidentes Javier Milei y Nayib Bukele quienes, apenas llegaron al poder, buscaron prohibir por decreto el uso de palabras neutras como el “todes” o “nosotres” en los centros educacionales, como parte de la lucha cultural enarbolada por la ultraderecha mundial en contra de las agendas identitarias del mundo progresista. Y aunque en Chile hubo intentos de algunos parlamentarios de derecha por cambiar la Constitución y así impedir el empleo de conceptos de la “agenda woke”, no fue necesario que estos avanzaran. En la práctica, la propia izquierda frenteamplista terminó por sepultarlas.

“Hubo gestos simbólicos que, en vez de ampliar apoyos, alimentaron temor e incertidumbre en sectores amplios de la ciudadanía”, reconoció el ex precandiato presidencial del FA Gonzalo Winter, en diciembre, solo días después de la derrota oficialista en el balotaje. Y aunque el exabanderado frenteamplista se refería principalmente a los excesos cometidos durante la fallida Convención, la autocrítica también aplica al uso de un lenguaje que terminaría por distanciarlos de amplios sectores del electorado. Algo que admitiría sin ambages en 2024 el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic. ”Tenemos que construir un Frente Amplio que sea menos pretencioso en el lenguaje y en los adjetivos que utiliza", dijo el edil.

En cuatro años, el gobierno encabezado por exdirigentes estudiantiles pasó de utilizar conceptos como Wallmapu, “caletas con perspectiva de género”, territorios, personas gestantes, a palabras que tenían más que ver con su gestión de gobierno y una agenda que -en principio- les era totalmente ajena.

La distancia que planteó este lenguaje es de tal magnitud, que el sociólogo y militante socialista Alfredo Joignant aventura que lo que está bajo amenaza hoy en día ya no es la forma de expresarse de un sector político determinado, sino que el proyecto del progresismo. “La lengua de la izquierda puede terminar convertida en una lengua muerta, como el latín”, señala este doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París y profesor de la UDP.

Junto al investigador y magíster en filosofía política Mauro Basaure, Joignant está escribiendo un libro, bajo el título tentativo de La gran desconexión, en el que examinan precisamente esta crisis en sus distintos niveles.

“Hay una crisis lingüística evidente cuando el idioma frenteamplista se transforma en un dialecto que sólo entiende tu tribu y que resulta incomprensible y lejano para amplios sectores de la población”, señala Joignant. Eso precisamente fue lo que ocurrió con la forma de hablar y el contenido de los mensajes de la expareja del mandatario Irina Karamanos, que, de tan enrevesados que eran, se llegó a decir irónicamente que había inventado un idioma propio, el karamanés.

Un dialecto donde las palabras hacen realidades y donde sus hablantes pensaban fervorosamente que por el solo hecho de nombrarlas se lograban las transformaciones.

“Karamanos se convirtió en una suerte de símbolo de ese esfuerzo del Frente Amplio por acentuar la diversidad, la inclusión, las identidades locales”, dice el sociólogo Eugenio Tironi. “Si ella iba a un foro identitario, los jóvenes entendían todo lo que ella les decía, el discurso les hacía sentido, pero el común de la gente no”, remarca.

Alberto Mayol lo describe como “una cosa performática, lograr hacer grandes transformaciones, pero a partir de la semántica, no a partir de hechos reales”. Además, agrega que “el Frente Amplio cree que la política es comunicación y que todo es cultura. La autocrítica va a ser una autocrítica limitada a lo comunicacional”.

Mientras las elecciones fueron con voto voluntario, hablarle a su nicho les bastaba electoralmente para ganar. Pero después del estallido, del fracaso de los procesos constitucionales y el rearme conservador, y con el paso al voto obligatorio e inscripción voluntaria, que incorporó a más de seis millones de electores que se habían distanciado de la política, para muchos de los que no entendían, ese lenguaje del Frente Amplio les terminó resultando hostil.

Sin embargo, desde el FA defienden su proyecto como algo más allá del lenguaje que utilizan sus adherentes. “El Frente Amplio nunca ha sido un proyecto woke, sino de defensa de demandas universales. Las estrategias comunicacionales y políticas se van adaptando a los tiempos de la sociedad”, señala Ignacio Achurra, exconvencional constituyente y diputado electo por el distrito 14.

Al respecto, el secretario general del partido, Andrés Couble, asegura que se trata de una caricatura: “Algunos han instalado términos caricaturescos y una excesiva preocupación por el lenguaje para esconder sus diferencias políticas de fondo”.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, coincide: “Muchas veces esas caricaturas lo que hacen es reducir el nivel del debate y negar la discusión de temas que son complejos”.

“Para pensar, elaborar ideas, necesitas el lenguaje. Pero cuando el idioma está muy desgastado, el problema es mayúsculo, porque se te agotan las categorías de análisis y eso se agrava cuando tienes un mundo que está cambiando tan rápido, está evolucionando tan velozmente, que hace que tus categorías políticas se vuelvan latín para la mayoría de las personas, se vuelvan una lengua muerta”, remarca Joignant.

Del Wallmapu a los estados de excepción

El desgaste fue casi inmediato para un partido que venía del mundo universitario y académico, donde ese lenguaje era, por entonces, muy fuerte, más aún después de que este fuera amplificado en medio de la “revuelta social” de 2019, como solían llamar a lo que después, con la resaca conservadora en marcha, pasaron a denominar “estallido social”

Apenas cuatro días después de asumir el gobierno vino el primer gran traspié. El 15 de marzo de 2022, la entonces ministra de Interior Izkia Siches debió salir a toda velocidad desde la comunidad mapuche de Temucuicui, tras ser recibida a balazos. El grave incidente barrió en sólo unos minutos con la peregrina idea del gobierno de que bastaba su llegada para solucionar un problema centenario y, de paso, derrumbó la estrategia que los frenteamplistas se habían trazado para esa zona.

“El presidente electo ya lo ha comunicado, él ha definido que no se va a renovar el estado de excepción constitucional en Wallmapu”, había dicho la expresidenta del Colmed y futura ministra del Interior, el 23 de enero de 2022, en las afueras de la llamada Moneda chica, al enunciar lo que sería la política del futuro gobierno de Boric frente a la violencia en La Araucanía y las demandas de tierra y autonomía de comunidades mapuches.

El uso por parte de Siches del concepto Wallmapu sería una de las primeras pugnas por el lenguaje que se dio a nivel político. Y uno de los primeros desastres para el gobierno frenteamplista.

La palabra en mapudungún resultaba del todo desproporcionada, pues implicaba todo el territorio original mapuche, tanto en Chile como en Argentina, por lo que los dichos de la entonces ministra del Interior provocaron una fuerte reacción del gobierno transandino.

Pero también hubo discrepancias internas. “Desde varios ministerios, entre ellos Defensa, se le explicó a Interior que no correspondía usar oficialmente el concepto de Wallmapu, primero porque no todas las comunidades mapuches lo empleaban, también porque involucraba a parte del territorio argentino. Pero, desde Interior, insistían en que lo usáramos”, señalan funcionarios del gobierno saliente.

El 17 de mayo de 2022, tras una nueva escalada de violencia, el gobierno de Boric renovó por primera vez el estado de excepción, los que se han mantenido vigentes hasta hoy. Boric y el FA no sólo debieron aplicar la misma medida que con tanto ahínco habían condenado cuando eran oposición. De Wallmapu ya no se volvió a hablar, al menos a nivel de gobierno.

Pero no ocurría lo mismo en la Convención Constitucional, la que en esa fecha instaló con fuerza el debate por convertir a Chile en un Estado plurinacional.

La primera Convención se transformó en la exaltación de lo identitario y llevó a su peak el uso del lenguaje del mundo woke. Desde el estrado, recuerdan muchos hoy, entre risas y un poco de pudor, cuando el profesor de derecho constitucional y militante frenteamplista Jaime Bassa hablaba de “nosotras”, o saludaba a la lingüista y convencional mapuche Elisa Loncon de lagmien (palabra en mapudungún que significa amiga).

“Este es un país que tiene un porcentaje de población indígena de poco más del 10%. Y dado ese escenario, una perspectiva de carácter plurinacional no cuadra”, indica Mayol.

“Hubo una lectura del momento político a la llegada del gobierno de Boric que se acentuó con la composición más ultrona de la primera Convención Constitucional. Si se mira la nomenclatura con la que llegamos al gobierno en 2022 de parte de los partidos de la izquierda dominante en ese momento, con los partidos de la ex Concertación más replegados y con algunos de sus cuadros mirando expectantes hacia el Frente Amplio y el Partido Comunista, el cuestionamiento al lenguaje imperante, con un uso abusivo, en algunos casos, del lenguaje inclusivo como forma de desmantelar las categorías opresoras fue total”, señalan personeros de La Moneda.

Lo mismo que el desconcierto que generó en gran parte de la población escuchar en junio de 2022 a la entonces ministra de Salud, Begoña Yarza, hablar de “mapadres” en medio del anuncio de que se adelantaban las vacaciones de invierno para frenar los contagios de enfermedades respiratorias.

O que el entonces subsecretario de Salud Cristóbal Cuadrado llevara al paroxismo el uso del lenguaje inclusivo. “Y avanzamos sobre todo en la idea del derecho a la salud, en el cual los y las medicamentos son fundamentales para poder garantizar el acceso a la salud”. Algo en lo que también había caído poco antes el ministro de Educación Marco Antonio Ávila, quien se refirió a “los y las establecimientos (de educación)”.

“Por entonces había una pugna muy fuerte, más que respecto del diseño político comunicacional del gobierno, sobre la manifestación concreta de visiones políticas distintas que coexistían y que tenían una expresión comunicacional en el gobierno”, señalan asesores del Segundo Piso de La Moneda.

Una forma algo enredada de decir que mientras el uso de un lenguaje propio era mayoritario en las carteras dirigidas por los frenteamplistas, en aquellas comandadas por militantes del PC y de otras fuerzas tradicionales de la izquierda no tenía la misma intensidad.

“Fue muy difícil escapar del lenguaje identitario. Había algunas carteras muy comprometidas con la mantención del lenguaje inclusivo, entre ellos Educación y el Ministerio de la Mujer, pese a que se les recomendaba no abusar de ciertas terminologías”, señalan fuentes del gobierno de Boric.

De cierta forma, la salida fue de golpe y porrazo. La derrota en el plebiscito de salida de la Convención Constituyente no sólo vació de contenido el proyecto político del gobierno de Boric, también tuvo efectos políticos devastadores en el lenguaje frenteamplista.

“Quedó en claro, a propósito de lo que pasó en esa Convención, de que había una desconexión con la ciudadanía que se expresaba en muchas cosas, una de ellas era en la incapacidad de expresar correctamente, por medio de un lenguaje que era a todas luces enrevesado, que usaba categorías que nadie o muy pocos entendían y que exacerbaba categorizaciones sexogenéricas, u en otras cosas, que le eran indiferentes o ilegibles o inentendibles al grueso de la ciudadanía”, admiten ahora fuentes de la administración saliente.

El golpe del Rechazo desfondó el “idioma” con que llegó el gobierno. “Nadie estaba en la tónica de seguir defendiendo el uso de compañeres, así que no fue necesario ni siquiera llamar a las distintas carteras para que morigeraran o cambiaran de lenguaje”, añaden las mismas fuentes de Palacio.

Tras el fracaso de la propuesta constitucional, el senador y expresidente de RD Juan Ignacio Latorre indica que se “farrearon” una oportunidad histórica: “Generó una especie de burbuja, una especie de reality. Había debates innecesarios que nos desviaron del foco y no pudimos conectar con las grandes mayorías”, asegura Latorre.

Tironi lo resume así: “El Frente Amplio dejó la jerga estudiantil y pasó a usar una jerga mucho más tecnocrática, de políticas públicas. Pasaron a un lenguaje mucho menos político y que, en cierto modo, calienta menos a sus bases. En ese sentido, el FA aún no ha encontrado su razón de ser como alternativa política”.

Eso puede explicar por qué en mayo de 2022, por ejemplo, en las circulares de la Subsecretaría de la Niñez se recomendaba no hablar de menores de edad, sino de “niñas, niños, niñes y/o adolescentes”, mientras en 2024, los comunicados gubernamentales hablan de “niños, niñas y adolescentes”. O porque, mientras en 2022 el Presidente Boric decía “en el Wallmapu, en donde se han vivido últimamente hechos de violencia”, el concepto desapareció de la jerga oficial: “Ahí está el descenso significativo de los actos de violencia en la Macrozona Sur. La cantidad de lesionados ha disminuido en más de un 70%, hubo un 60% menos de ataques incendiarios”, se expresaba el mandatario el 1 de junio de 2025, en su discuro por la cuenta pública ante el Congreso.

Para el escritor y académico de la Universidad Diego Portales, Patricio Fernández, “el cambio del lenguaje es parte del fenómeno del derrumbe más amplio de la agenda woke, que se desfondó con mucha fuerza en todo el mundo”.

Y aunque el quiebre fue total tras el fracaso del proceso constituyente, para Fernández aún falta investigar si es que el abandono del lenguaje identitario se dio por igual, tanto a nivel de la dirigencia frenteamplista que estaba en cargos de gobierno, como entre las bases del partido que siguen ligadas a las lógicas universitarias.