“Derecho a una vivienda digna”: presentan la primera propuesta de norma constitucional

FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR /AGENCIAUNO

Grupo de constitucionales ingresó documento este miércoles a la oficina de partes, solicitándole a la mesa que analice el mérito del escrito y dé paso a su tramitación.




La primera propuesta de norma constitucional fue ingresada este jueves por un grupo de convencionales: “garantizar el derecho a una vivienda digna para todos los chilenos”.

El documento con la iniciativa fue recibido este miércoles en la oficina de partes del órgano constituyente durante la tarde, luego de que el lunes pasado se abriera el período para ingresos de propuestas constitucionales.

De acuerdo al escrito -impulsado por los constituyentes Roberto Vega, Paulina Veloso, Angélica Tepper, Álvaro Jofré, Adriana Cancino, Luciano Silva, Bernardo de la Maza, Manuel José Ossandón Lira, Helmuth Martínez y Geoconda Navarrete- “los chilenos tienen derecho a una vivienda digna y poder participar en las decisiones que influyan en los procesos de desarrollo y planificación de las comunas en las que habiten, la ley determinará y regulará los mecanismos para hacer efectivo esta facultad”.

La norma constitucional propuesta sostiene que “las políticas de vivienda a nivel nacional deberán realizarse con criterios de integración y en conformidad a la realidad de las distintas provincias y sus comunas. Es deber del Estado adoptar las medidas razonables, legislativas y de todo tipo, dentro de los recursos disponibles para asegurar este derecho y evitar la especulación con los suelos”.

Además, enmarca una serie de requisitos “básicos” para la construcción de viviendas sociales, que deben siempre contener “criterios de sustentabilidad, seguridad, accesibilidad para personas discapacitadas, desarrollo de áreas verdes y la instalación de servicios básicos y comunes si las condiciones así lo ameriten, debiendo siempre la oferta de ellos ser coherente con la cantidad de habitantes de la urbanización”.

El documento finaliza señalando que “el mal uso de subsidios o fondos gubernamentales ya sea por parte de las constructoras, inmobiliarias o promotores inmobiliarios será castigado con penas de prohibición absoluta para la empresa y sus altos ejecutivos para postular o manejar cualquier tipo de fondos públicos, para los beneficiarios la sanción será la pérdida del derecho y en ambos casos las demás sanciones que se establezcan en la ley”.

Quienes suscriben el documento solicitaron a la mesa de la Convención, encabezada por Elisa Loncón, que se analice el mérito de la propuesta y dar paso a su tramitación.

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