A pesar de que este lunes el ministro Jorge Quiroz llegó puntual a la Comisión de Hacienda para seguir exponiendo sobre el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica, la primera media hora de sesión debió resignarse a escuchar en silencio los reclamos de los diputados opositores en contra del apuro que le estaba imprimiendo el oficialismo y el gobierno a la tramitación de esta iniciativa.

Si bien el titular de Hacienda pudo exponer, el encuentro se hizo corto y algunos legisladores se quejaron de que Quiroz no alcanzó a responder todas las preguntas, lo que encendió aún más los ánimos.

Durante la sesión, los diputados Carlos Bianchi (independiente asociado a la bancada PPD), Daniel Manouchehri (PS), Boris Barrera (PC) y Gael Yeomans (Frente Amplio) coincidieron en su queja ante el exigente cronograma que había fijado el presidente de la comisión, Agustín Romero (republicano), en coordinación con el Ejecutivo, para comenzar a votar esta semana la megarreforma.

Sin embargo, el diputado Jorge Brito (Frente Amplio) fue más allá y expuso una presunta vulneración reglamentaria en la tramitación de la propuesta presidencial, lo que a su juicio podría tener efectos en una eventual inconstitucionalidad.

Brito reclamó particularmente contra la decisión adoptada por el presidente de la Cámara, Jorge Alessandri (UDI) -paradojalmente con acuerdo de los mismos jefes de bancada de la oposición, además de la UDI y RN- para que la iniciativa gubernamental miscelánea fuera vista por Hacienda y luego simultáneamente por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo.

Según el legislador frenteamplista, la tramitación del megaproyecto “se vería manchada con una inconstitucionalidad” debido a aquella posible discusión paralela en dos comisiones.

“En el artículo 222 del Reglamento de la Cámara, voy a leer solamente una frase, un inciso, pero para que quede muy claro: ‘Cuando un asunto sea enviado a dos o más comisiones para su estudio e informe, deberá ser conocido sucesivamente, por cada una de estas, en el orden preciso en que lo haya dispuesto la sala’. La sala puede decidir si va a Trabajo o a Medio Ambiente primero o después, pero no puede pasar a llevar el reglamento respecto a que tiene que ser sucesivamente por cada una de estas. Acá se ha adoptado un acuerdo con el presidente de la Cámara que transgrede el reglamento a la corporación que no se puede pasar a llevar ni por unanimidad de la sala”, alegó.

Esta discusión simultánea, sin embargo, fue visada por la secretaría de la Cámara.

El problema es que ello abre un nuevo flanco para una eventual reclamación ante el Tribunal Constitucional, ya que para algunos legisladores y asesores parlamentarios esa fórmula es discutible. Una alternativa para haber salvado ese conflicto interpretativo, es que los comités por unanimidad hubieran visado el mecanismo de discusión simultánea. No obstante, según el acta de aquella reunión de jefes de bancada, el itinerario de tramitación fue acordado por “mayoría de votos”.

El reclamo de Brito, en todo caso, obedece a una estrategia mayor dentro de la oposición, que está recopilando antecedentes para una eventual presentación al Tribunal Constitucional para impugnar aspectos de forma y de fondo del megaproyecto.

Dentro del oficialismo hay coincidencia en que los cuestionamientos a los contenidos del texto deberían reclamarse una vez culminada toda la tramitación, pero las críticas a aspectos de forma (por ejemplo, el carácter misceláneo, el rango constitucional del artículo sobre invariabilidad tributaria o la vulneración al principio de probidad) podrían impugnarse ahora, en una etapa inicial de discusión.

Ese plan no está resuelto y fue parte de la reunión de abogados y dirigentes partidarios realizada la semana pasada.

Quejas

El punto expresado por Brito fue complementado con otros reclamos contra la tramitación acelerada de la megarreforma.

“El gobierno de Kast quiere votar la Ley de los Súper Ricos sin debate serio. Atarantadamente. Y uno entiende el apuro: cada semana de discusión los deja más en evidencia. Pero este no es cualquier proyecto. Son más de US$4.000 millones al año regalados al 1% más rico, amarrados por 25 años, a costa del 99% de los chilenos”, dijo el diputado Manouchehri (PS).

“Es un error abusar de esta discusión. Es una discusión que debiera darse de manera bien detenida, porque incorpora varios aspectos de los que nos hemos ido enterando, como el tema de los recortes que están incorporados dentro del informe financiero de este proyecto de ley, por lo que lógicamente hay preocupación”, añadió su par Gael Yeomans (FA).

“Se vería bastante mal que una reforma de esta envergadura no tenga el debate que corresponde. No puede haber votación i es que no escuchamos a distintos economistas, al Servicio de Impuestos Internos, a la ANEF, a los trabajadores del SENSE, a las pymes”, comentó Barrera (PC), quien pidió conocer además los resultados de la mesa técnica que trabajó la semana pasada.

El diputado Bianchi (indep.), en tanto, sostuvo que “si hubiera un verdadero ánimo de, en profundidad, tomar esta discusión relevante por los próximos y tantos años para el país”, la de la urgencia se podría cambiar fácilmente por el gobierno.

En respuesta, el presidente de la Comisión Hacienda, sin embargo, señaló que él tenía que someterse a los plazos legales ya que la iniciativa hoy tiene calidad de “suma urgencia”, lo que implica tendría que ser despachada por la Cámara el jueves 7 de mayo, plazo que ya no se alcanzará a cumplir.