Con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado inició, la mañana de este lunes, el estudio en particular del proyecto conocido como “Ley Sayén”.

En la sesión que se realizó en la sede del Congreso Nacional en Santiago, Gajardo destacó los avances previos de la iniciativa que busca minimizar las cifras de prisión preventiva y condenas de cárcel en el caso de mujeres embarazadas y/o con hijos menores de tres años.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, expuso ante la comisión, detallando los alcances del proyecto.

Respecto a su alcance eventual, explicó que el programa Creciendo Juntos, para mujeres privadas de libertada embarazadas y con hijos lactantes, atendía hasta fines de mayo de 2025 a 160 internas, 47 embarazadas y 113 con lactantes.

Quintanilla detalló que la mayoría de esas internas se concentra en recintos penitenciarios de las regiones de Tarapacá y Metropolitana y, “respecto a la naturaleza de los delitos, la gran mayoría, es decir 87 de estas mujeres, estaban por delitos de la Ley 20.000″.

“Lamentablemente, las condiciones de habitabilidad que existen en los recintos para que las mujeres puedan estar con su hijo o hija menores de tres años no son las adecuadas para el mejor desarrollo de un niño niña y es justamente eso lo que estamos intentando poner en el centro del proyecto", afirmó.

Críticas de la oposición y el oficialismo

La senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Luz Ebensperger por Tarapacá manifestó una serie de cuestionamientos a la iniciativa, adelantando su rechazo y calificándolo de una “irresponsabilidad”.

“Me parece que aquí se va a abrir una posibilidad de que el crimen organizado y el narcotráfico busque utilizar a mujeres para cometer sus delitos, porque no van a ir a la cárcel”, sostuvo.

Pedro Araya, senador del Partido por la Democracia (PPD) se sumó a los reparos.

“Aquí lo que se le está diciendo a las mujeres y esto puede sonar brutal, que usted puede cometer un primer delito, sea cual sea, en la medida en que no sea contra menores, y si queda embarazada va a quedar libre porque el Estado le va a mandar para la casa. Aquí no se piensa en las víctimas”, afirmó.

Araya dijo que hay en este proyecto “una serie de problemas técnicos que no están resueltos respecto de la forma en cómo se van a resolver ciertos conflictos que se plantean”.

“Hay que dar una solución respecto de aquellas mujeres que quieren cuidar a sus hijos, que quedan embarazadas, estando o cumpliendo una pena privativa de libertad, pero eso no pasa por entregarles la libertad absoluta o la sustitución de pena, pasa porque Gendarmería mejora las condiciones donde están las mujeres”, afirmó.

El socialista Alfonso de Urresti también manifestó cuestionamientos al proyecto.

“A mí me preocupa y también enciendo las alarmas de que producto del interés de proteger a los menores, nosotros tengamos un conjunto de estrategias para eludir responsabilidades penales por parte de quienes cometen delitos”, advirtió.

Claudia Pascual, senadora del Partido Comunista (PC), en tanto, abogó por un “espacio de mejoras” y sostuvo que el proyecto “hay que pensarlo mucho más integralmente”.

“Hay temas que los senadores y las senadoras plantean que pueden verse, que pueden revisarse con mayor detalle en relación a si es posible resolver de alguna manera este proyecto que tiene un universo muy bajo a quien pudiera beneficiar, pero que si va a beneficiar a alguien, sea efectivamente por el interés superior de los niños y las niñas y que no genere otros incentivos perversos u otras situaciones no previstas”, manifestó.

La senadora de Renovación Nacional y presidenta de la comisión de Constitución de la Cámara Alta, Paulina Núñez, aseguró que se trata de un proyecto que llega a la instancia “mal planteado o con muchos vacíos de los que hay que hacerse cargo”.

Gajardo dispuesto a “hacer algún tipo de exclusión”

Ante las críticas, Gajardo precisó que en cuanto a eventuales beneficiadas hay que hacer una diferencia entre la prisión preventiva y condenas.

“Entendiendo que en el caso de la prisión preventiva uno puede ser mucho más exigente para que las mujeres embarazadas y con niños menores de dos años tengan un tratamiento de una medida cautelar que es excepcionalísima, que se debería cumplir como excepcionalísima y podemos establecer reglas para que eso se cumpla. Y en el caso de las condenadas, la solución del proyecto efectivamente es general”, apuntó.

En esa línea, sostuvo que hay experiencia comparada internacional respecto a ciertas excepciones que se hacen dentro de la sustitución de la pena que podría considerarse en la iniciativa.

“Entendiendo que la gran mayoría de las personas condenadas no lo son por los delitos más graves, en el caso de las mujeres, entonces uno podría hacer, entendiendo la situación en la que nos movemos en términos de lo que hay en los hechos, nos podríamos mover con hacer algún tipo de exclusión y eso creo que estamos abiertos en aquello. Y sería una posible solución para que este proyecto avance“, indicó el titular de Justicia.

Se establecieron dos semanas como plazo para indicaciones.