Trece días exactos, incluyendo sábados y domingos, ni un segundo más, tendrá el Congreso para despachar La Ley de Presupuesto 2026, una vez que se reanude la tramitación de esta iniciativa.

En caso contrario, existe un riesgo cierto de que por primera vez en la historia republicana opere una cláusula de emergencia contemplada en la Constitución que señala que si el erario nacional no es despachado por el Poder Legislativo en 60 días regirá automáticamente el proyecto presentado por el Presidente de la República. Una suerte de “walkover” constitucional, según la jerga deportiva.

Aunque aún queda margen para el plazo fatal, el problema es que hoy el diálogo está cortado y la tramitación está suspendida luego que la Comisión Mixta de Presupuesto, que preside la senadora Ximena Rincón (Demócratas), en una votación económica, rechazara en un solo acto 29 partidas sin mayor discusión.

La razón para optar por aquella salida brusca, acordada por el oficialismo y el bloque opositor, era el entrampamiento que evidenciaba el debate. Mientras la derecha le demandaba al gobierno recortar y clarificar cifras; el ministro de Hacienda, Nicolás Grau (Frente Amplio), y la alianza gubernamental le reprochaban a la oposición poca coherencia entre exigir una rebaja del gasto y mantener el financiamiento de programas sociales.

Con ello, se trasladó toda la presión y el desenlace de este conflicto para después de las elecciones.

Según el calendario acordado, la tramitación de la Ley de Presupuesto se reanudará el 17 de noviembre, un día después de los comicios, con la meta de despachar el erario nacional a más tardar el 29 de noviembre a las 23:59:59.

En caso contrario se aplicaría la cláusula del artículo 67 de la Carta Fundamental, que dice que “si el Congreso no lo despachare (el Presupuesto) dentro de los sesenta días contados desde su presentación, regirá el proyecto presentado por el Presidente de la República”.

Ajustado fixture

Ese lunes 17 post-elección, la Cámara de Diputados tomará la posta hasta el miércoles 19 de noviembre.

En esta fase, el gobierno tratará de reponer todos los fondos que fueron rechazados en las 29 partidas.

La oposición, por su parte, quedó maniatada de presentar indicaciones en esas partidas rechazadas, ya que no puede presentar enmiendas o glosas a un texto vacío.

Luego de la Cámara y de la elaboración de los informes, que inevitablemente demandará un par de días de trabajo para los equipos técnicos, será el turno del Senado, desde el viernes 21 hasta el martes 25 noviembre. Ello implica una aceptación tácita de parte de los senadores para sesionar ese fin de semana (al menos ese sábado), algo muy poco usual en la historia reciente del Congreso.

Después se necesitaría probablemente un tercer trámite de la Cámara, que podría ser el 25 o 26 de noviembre.

Sin embargo, el trámite no culminaría ahí. El Congreso y el gobierno ya acordaron reservar los días 27, 28 y 29 noviembre para una eventual comisión mixta (que es distinta a la Comisión Mixta de Presupuesto) y que se conformaría con un grupo reducido de 5 senadores y 5 diputados.

Tal como ha sido el derrotero de esta discusión presupuestaria, varios legisladores creen que este paso es inevitable.

El informe de esta instancia, al que han apodado la “mixta chica”, igual debe ser aprobado por la Cámara y el Senado, lo cual ocurriría probablemente el viernes 28, hasta altas horas de la madrugada, o el sábado 29.

En ese punto, ya hay resignación entre diputados y senadores que tendrán que sacrificar ese último sábado de noviembre dado el plazo fatal que fija la Constitución.

Por todos estos factores, la recta final del debate de la Ley de Presupuesto será uno de los más tensos desde el retorno de la democracia, ya que hay un riesgo cierto de que el erario nacional para 2026 no sea despachado a tiempo.

Walkover constitucional

Si fracasa la tramitación, sería un hecho inédito desde la Guerra Civil de 1891, que se originó por un conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, detonado precisamente por un bloqueo a la Ley de Presupuesto.

“No recuerdo un caso de Presupuesto no despachado por el Congreso Nacional”, señala el abogado constitucionalista Francisco Zúñiga, quien menciona que las constituciones de 1925 y de 1980 ya tenían esta cláusula que aprueba automáticamente el Presupuesto presentado por el Presidente de la República en caso de que no sea despachado por el Parlamento en un plazo determinado. Antes el Congreso tenía cuatro meses, pero desde 1980 ese plazo se acortó a 60 días.

La profesora de Derecho Constitucional de la UC, Constanza Hube, hace una precisión respecto de qué debe entenderse por “no despachar”. “No es lo mismo que aprobar o rechazar, porque el no despachar significa no pronunciarse. Es bien importante la diferencia, porque solo en el caso que no se despache la Ley de Presupuesto dentro de plazo rige la propuesta del Presidente”, señaló la abogada, quien agregó que igualmente “sería inédito que el Congreso rechace el Presupuesto de la Nación”, lo que implicaría solo eliminar el gasto variable de cada servicio público, ministerio o institución.

A juicio del diputado Felipe Donoso (UDI), el Presupuesto “solo podría no despacharse en la medida en que el ministro Grau mantenga la posición actual, en que no cede nada”.

“Si no se logra despachar o si se despacha rechazado, queda el gasto de leyes permanentes y el gobierno tendrá que ajustar en el Congreso, cuando tengamos mayoría”, dijo el diputado Miguel Mellado (ex-RN).

La idea de no despachar la Ley de Presupuesto en caso de que Hacienda no acceda a recortar gasto y aclarar cifras... postulada especialmente por el diputado Agustín Romero (republicano) como una forma de obligar al gobierno a hacerse responsable de su manejo fiscal y de sus recortes al gasto social.