Este martes a primera hora, el Presidente José Antonio Kast encabezó una ceremonia para entregar 26 nuevos vehículos a la Policía de Investigaciones (PDI).

El acto tuvo lugar en la Plaza de la Constitución en las afueras de La Moneda y se dio en medio del intenso despliegue del gobierno por su agenda de seguridad y particularmente su reforma constitucional, que sigue sin convencer en los partidos del oficialismo.

Pese a la apertura del Ejecutivo a modificar y acotar algunos de los puntos más controversiales como el nuevo estado de excepción, en la alianza de gobierno y también en la oposición han persistido las críticas por el contenido del proyecto.

Este martes, algunos en la derecha fueron más allá y se sumaron a las solicitudes de la oposición de retirar la iniciativa, poniendo cuesta arriba su aprobación en el Senado, donde en el gobierno no esconden que siguen sin contar con los votos para aprobar la idea de legislar.

En ese contexto, en el marco de la actividad con funcionarios de la PDI y acompañado por los ministros Claudio Alvarado (Interior y Segegob) y Martín Arrau (Seguridad), el Mandatario subió la presión y puso el foco en la necesidad de “respaldo político” para avanzar en la agenda de seguridad del gobierno.

“El Estado necesita más recursos para enfrentar al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo. Necesita recursos como estos vehículos”, afirmó en su intervención.

Así, cuestionó que “los planes se pueden desarrollar, podemos entregar los vehículos, pero si no hay respaldo legal, si no hay respaldo político, si no hay actitud, si no hay voluntad de respaldarlo, ¿de qué sirven los vehículos? No sirven de nada".

“Se necesita una legislación acorde a lo que es el nuevo esquema de los delitos. Y por eso hemos presentado la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (...). Más medios no tienen sentido si no hay voluntad política, si no hay carácter, si no hay decisión para apoyar a nuestras fuerzas policiales”, apuntó.

Sus dichos marcaron un matiz respecto a sus declaraciones en los últimos días. Al menos hasta el lunes, en medio de los cuestionamientos dentro del oficialismo por la reforma, el Mandatario había reducido sus intervenciones a defender el proyecto y dejar abierta la puerta a modificaciones en el Congreso, pero sin poner el peso sobre la falta de “respaldo político” que ha recibido la agenda.

Para algunos parlamentarios el mensaje del Presidente fue claro: más allá de aspectos puntuales, no van a retroceder para avanzar con las propuestas en materia de seguridad y al menos esperan el respaldo de todas las fuerzas oficialistas.

Personeros de gobierno, en todo caso, descartan que se trate de un cambio de estrategia de cara a la discusión en el Congreso, sino que es más que nada reforzar la necesidad de que la agenda salga adelante y así responder a una de las principales inquietudes ciudadanas.

En La Moneda, de hecho, recuerdan que el diseño inicial para avanzar con la agenda apuntaba a apostar al respaldo ciudadano de las distintas medidas para presionar a quienes decidieran no entregar su respaldo, aglo que se fue diluyendo tras la división en la derecha.

Sube presión en el oficialismo

Tan solo unos minutos antes de la alocución de Kast, una de las figuras oficialistas que subió el tono contra la megarreforma de seguridad fue el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI).

“Se pasaron mucho más allá de lo razonable”, planteó en entrevista con T13 Radio. El jefe comunal fue un paso más allá. “A estas alturas es mejor ponerse rojo una vez, sacarla (la reforma) e ingresarla de nuevo”, dijo.

Con sus palabras, Bellolio entró en sintonía con la arremetida que ha desarrollado la oposición durante los últimos días: exigir que el Ejecutivo retire la iniciativa del Congreso. “Lo más prudente es retirar esta reforma”, dijo el senador Pedro Araya (PPD) a Radio 13C.

No es el único en el oficialismo en esa línea. El lunes, en conversación con 24 Horas, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), ya había hecho un llamado a retirar el estado de excepción de reforma. “No contará ni siquiera con los votos del oficialismo”, advirtió.

El diputado UDI Mario Olavarría sostuvo: “Soy partidario de retirarlo (la reforma de seguridad) y empujar la agenda de seguridad con nuevos proyectos y los que hoy están pendientes en el Congreso. Un error haber levantado el tema constitucional”.

Esta postura molesta en el resto del oficialismo. “No es necesario retirarla y presentarla de nuevo. Basta con una indicación sustitutiva en donde el gobierno recoja las inquietudes que hemos planteado. Pedir retirar un proyecto es querer inhibir el debate parlamentario”, respondió el diputado Eduardo Cretton, quien, además, es vicepresidente UDI.

La diputada Macarena Santelices, del Partido Republicano, aseveró que “retirar la reforma de seguridad para ingresarla de nuevo, como propone el alcalde Jaime Bellolio, es un lujo de tiempo que los chilenos atrapados por la delincuencia no se pueden dar”.

“Me parece inadecuado, y una mala señal, que el gobierno retire el proyecto de ley, porque haya diferencias respecto a su contenido. Esto siempre ocurre, y eso no obsta a que los legisladores ejerzan su principal función, que es legislar y hacer los cambios necesarios”, dijo, por su parte, el senador Andrés Longton (RN), de la comisión de Seguridad de la Cámara Alta.

En medio de estos cuestionamientos, el Ejecutivo insiste en continuar con una ronda de reuniones para escuchar propuestas y reparos. Este martes, el ministro Arrau se juntó con el senador independiente Matías Walker, quien ha sido uno de los más críticos de la reforma presentada por La Moneda.

“Sobre la reforma constitucional le reiteré (a Arrau) mi desacuerdo, por considerarla ineficaz, lenta en su aplicación y contraria a los principios básicos del derecho constitucional moderno, entre ellos el respeto a las libertades ciudadanas”, dijo el senador tras ese encuentro.

Arrau también sostuvo un encuentro -de forma telemática- con los diputados Hans Maroswki y Pier Karlezi, del Partido Nacional Libertario. Se trata de una colectividad que también ha evidenciado reparos en torno al estado de excepción propuesto por el Ejecutivo.

“Sobre el quinto estado de excepción, quedamos en seguir conversando para buscar puntos de convergencia. Hasta ahora, estamos más en contra que a favor”, dijo Marowski tras la cita. Y agregó: “Estamos pidiendo urgencia a un proyecto que está desde el 2023 en la comisión de Constitución de los diputados Naveillán y de la Carrera, para volver a los quórum anteriores a la locura constitucional de 2020 en adelante”.