“No solo es el número de páginas”. Con esas palabras en el Partido Republicano se refieren a las diferencias entre los programas de gobierno de José Antonio Kast de 2021 y 2025.

Ayer, el abanderado dio conocer su nuevo plan para llegar a La Moneda. Un documento más conciso que el de hace cuatro años -el de 2021 contaba con 204 páginas, hoy son solamente 38- y focalizado en las que plantean son las tres urgencias del país: orden y seguridad, economía y progreso, y los temas sociales.

Así, se presenta un programa para “devolver la seguridad, reactivar el progreso económico y poner al Estado al servicio de las personas”.

En ese contexto, son varias las diferencias entre los documentos. No solo no hay mención a temas valóricos que fueron centrales en 2021 y complicaron la campaña de Kast, como el fin del aborto y el matrimonio igualitario, sino también hay materias que derechamente en el nuevo texto no se mencionan.

En materia de seguridad -el principal eje del programa- quizá es donde hay más coincidencias. Por ejemplo, medidas como el establecimiento de barreras físicas en la frontera, la coordinación con las Fuerzas Armadas, una nueva política penitenciaria y el incremento del gasto se mantienen.

Sin embargo, algunas ya no figuran en el texto. Entre ellas, la tipifación de las “funas” como un delito, el cierre del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la ampliación de las atribuciones del Estado de Emergencia y la declaración de las barras bravas como organizaciones ilícitas.

En materia económica, también aparecen algunos cambios. Por ejemplo, hace cuatro años una de las propuestas era generar un “sistema de capitalismo popular” para que cada chileno contara con participación en la propiedad de las empresas estatales, lo que no es mencionado en el actual programa.

Lo propio ocurre con las propuestas por reformar la Dirección de Presupuestos (Dipres), y fortalecer organismos como la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Libre Competencia, que tampoco aparecen en el nuevo plan de gobierno.

En materia tributaria, eso sí, se repiten más o menos las mismas formulas. Por ejemplo, en ambos textos se plantea la eliminación progresiva de las contribuciones y la reducción del impuesto corporativo.

Entre otras medidas, también se mantiene el foco en la eliminación de las regulaciones y la reducción del gasto público.

En el apartado de economía, uno de los puntos más controversiales tiene que ver con la última de reforma de pensiones y que propone terminar con préstamo de las personas al Estado, lo que van a sustituir por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado.

Uno de los temas que no se aborda en el actual programa es la “defensa de la soberanía”, materia en la que en 2021 se propone por ejemplo, reforzar las relaciones con países como Estados Unidos, el Reino Unido, Japón y Alemania, la predominancia de la Constitución por sobre los tratados internacionales y también el retiro de Chile del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Otras de las diferencias se dan en materia de regionalización. Si bien, el nuevo documento sí hace mención a cada una de las regiones y algunos de sus principales desafíos, no se desarrollan medidas específicas de descentralización.

En 2021, el abanderado dedicó un capítulo completo del texto a esa materia y planteó un total de 17 medidas como el fin de las provincias, la obligación de las autoridades de gobierno de visitar las regiones una semana al mes, el fortalecimiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la regionalización de la salud, entre otras.

En ese programa, también uno de los asuntos que se abordaba con mayor profundidad es la protección de medioambiente, donde se planteaban algunas propuestas como estandarizar las multas por daño ambiental, aumentar las áreas protegidas y despolitizar la evaluación ambiental.

En el nuevo documento, en tanto, solo se menciona la promoción de “una transición energética segura, eficiente y responsable”, por medio de energías renovables y también el compromiso de impulsar “un crecimiento económico y social compatible con los ecosistemas”.

Propuestas en materia de educación y jubilación, en tanto, se mantienen sin grandes variaciones.

Sin temas valóricos

En todo caso, una de las principales diferencias se da en la ausencia de temas valóricos como el aborto y el matrimonio igualitario.

Respecto a lo primero, por ejemplo, en 2021 se aseguraba que “derogaremos la ley que posibilita el aborto y reivindicamos el derecho de personas naturales y jurídicas a la objeción de conciencia”.

Al mismo tiempo, se afirmaba que “todo padre tiene un derecho constitucional a educar a sus hijos en sus valores, creencias y toda forma de vida buena. Lo anterior constituye además un derecho vinculante a la oposición de la aprobación del “matrimonio homosexual” y la opción de adopción".

La decisión de dejar fuera del programa esas materias, según explican en el partido, se tomó durante los primeros meses del año mientras se afinaba la estrategia para el primer periodo de la campaña. Esto, con el objetivo de evitar los flancos de 2021.

Así, los republicanos ya en abril anticipaban que temas como el aborto, el matrimonio igualitario, la eliminación del Ministerio de la Mujer y la dictadura militar no iban a ser abordados durante la campaña y menos en el programa.

“No vamos a entrar en ningún debate que nos distraiga de las urgencias”, planteó Kast esta semana en T13 Radio.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, en tanto, consultado respecto a la posibilidad de que el plan de gobierno tenga propuestas en esa línea, en entrevista con 24 Horas, sostuvo que “habiendo personas que tienen multiplicidad de miradas en temas que son más sensibles (...), la verdad es que hemos optado por decirle a los chilenos que independiente de las diferencias que puedan tener, no les vamos a dificultar el que pueda decir con claridad quién es la persona que cree puede resolver los problemas de seguridad”,

En ese sentido, agregó que “la prioridad del gobierno durante los próximos cuatro años va a estar en convertir a Chile nuevamente en uno de los países más seguros de Latinoamérica, y eso no se logra si es que no es con el respaldo de una amplia mayoría”.