Pendiente en el Tribunal Constitucional (TC) se encuentra la ley que fortalece la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, que fue aprobada en diciembre de 2025 por el Congreso.

Si bien la llamada Ley de Seguridad Municipal es mucho más amplia, ya que entrega nuevas herramientas y potestades a las autoridades comunales, una indicación de la senadora Yasna Provoste (DC), apoyada transversalmente, incorporó un test de drogas obligatorio para concejales y alcaldes.

De prosperar aquella norma en el TC, se transformaría en la primera regulación legal permanente que obligaría a las autoridades a someterse a estos exámenes, incluso con el riesgo de perder sus cargos.

“El alcalde estará obligado a someterse, a lo menos una vez al año, a un examen de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, conforme al procedimiento que establezca el reglamento de esta ley (...) El resultado positivo, no justificado en un tratamiento médico debidamente acreditado, constituirá causal de cesación en el cargo”, dice la disposición que también se aplicaría a concejales, inspectores y al director de seguridad municipal.

No es la única reforma. De hecho, aún en tramitación en el Congreso hay un conjunto de mociones, presentadas en forma dispersa y descoordinada, que buscan que durante 2026 todas las autoridades públicas (presidente, ministros, diputados, senadores y autoridades regionales y comunales) sean obligadas a estos controles periódicos con el fin de detectar vulnerabilidades e inhibir el avance de las redes del narcotráfico en la política.

Si bien en el pasado ha habido iniciativas impulsadas por la bancada de la UDI, incorporadas en las leyes de Presupuesto, que han sometido a diputados, a ministros y al Presidente Gabriel Boric a estos exámenes, no eran de carácter permanente o solo tuvieron impacto en modificaciones infralegales (ajustes de reglamentos).

Más obligados

Dentro de la nueva agenda, el proyecto más avanzado es un par de mociones fusionadas de las diputadas Paula Labra (ind.-RN), Pamela Jiles (PDG) y Yovana Ahumada, que ya fue aprobado por la Cámara en agosto de 2025.

Superado el primer trámite constitucional, la iniciativa ahora está en manos del Senado, específicamente en la Comisión de Gobierno Interior, que preside la senadora Paulina Vodanovic (PS).

Sin embargo, lleva cuatro meses sin movimientos debido a la recarga de trabajo de esa instancia. Por lo mismo, en una medida de presión, la diputada Labra le envió una carta a la senadora solicitando que se le dé prioridad a su iniciativa,

“Me dirijo a usted para manifestar mi preocupación por el retraso en la tramitación del proyecto de ley“, comienza diciendo la diputada en la misiva.

Como argumento para solicitar la aceleración de la discusión, Labra señala que en la Ley de Seguridad Municipal que fue aprobada recientemente por el Senado se incluyó una indicación de Yasna Provoste (DC) que apunta en la misma línea, pero solamente dirigida al mundo comunal.

La preocupación de la legisladora, sin embargo, no era precisamente por un estancamiento del debate, sino por el riesgo de que los senadores optasen por proyectos propios para regular esta problemática, desechando lo ya avanzado por la Cámara.

De hecho, ya existe un proyecto del senador Esteban Velásquez (Frevs), quien es miembro de la Comisión de Gobierno, y va en la misma dirección.

“Es fundamental que, como miembros de un mismo Congreso, conozcamos las iniciativas que se están tramitando y les demos la prioridad que corresponde, evitando dilaciones innecesarias producto de tramitaciones paralelas de proyectos que refieren a la misma idea matriz”, afirma Labra en su carta.

En todo caso, lo más conflictivo de su iniciativa, fusionada con la de Jiles y Ahumada, es que establece que “no podrá ser Presidente de la República el que tenga dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico”. La misma exigencia se establece para diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, consejeros regionales y concejales.

Proyectos de senadores

Tal como indica la diputada en su carta, en la Cámara Alta existen otras dos iniciativas similares a las que ella presentó.

Por un lado la mencionada moción del senador Velásquez, junto con la senadora Alejandra Sepúlveda (ind.-Frevs) en noviembre de este año presentaron un proyecto para hacer obligatorio el test de drogas a los parlamentarios.

“Cada corporación tendrá un reglamento que contendrá un procedimiento de control de consumo aplicable a los parlamentarios a que se refiere el inciso anterior, como también la oportunidad de realización”, agrega respecto del examen.

Por otra parte, los senadores Ximena Rincón (Demócratas), Luz Ebensperger (UDI), Sergio Gahona (UDI) y Francisco Chahuán (RN) presentaron en agosto de este año otra iniciativa.

Este proyecto busca prohibir que participen en funciones del Estado aquellas personas que “presenten una dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, salvo que justifiquen su consumo por un tratamiento médico debidamente acreditado”.

“Para asumir cualquier cargo público, sea por nombramiento, elección o contratación, el postulante deberá someterse a un control de consumo de drogas conforme a lo establecido en el reglamento, y presentar una declaración jurada en la que manifieste no encontrarse afecto a esta causal de inhabilidad. El resultado del control deberá ser negativo, salvo en los casos justificados por tratamiento médico”, agrega más adelante.