Un plazo de dos meses, es lo que pronostican algunos senadores para tramitar en la Cámara Alta el megaproyecto de reconstrucción y reactivación económica del Presidente José Antonio Kast.

Según el acuerdo, aprobado en votación dividida, este jueves en la reunión de comités, la emblemática iniciativa pasaría por las comisiones de Hacienda, de Trabajo y de Medio Ambiente del Senado.

La apuesta del oficialismo es que a fines de julio la megarreforma pudiese votarse en particular en la sala del Senado, proceso que será el más delicado en este trámite constitucional.

Si en esta fase, donde se votan los artículos punto por punto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, no logra aprobar el llamado corazón de la iniciativa (los cambios tributarios para reactivar la inversión), obliga al oficialismo -en el siguiente trámite, en la Cámara- a rechazar aquellos puntos en cuestión para forzar la conformación de una “comisión mixta”.

Estas instancias, contempladas en la Constitución, son grupos de trabajo legislativo que se crean cuando ambas ramas del Congreso no logran resolver los nudos de un proyecto.

Son integradas por cinco senadores y cinco diputados, que tienen una fuerte presión para llegar a acuerdo en los puntos en discordia. En caso contrario, como ha ocurrido en iniciativas pasadas, ese nudo legislativo es borrado y la ley se promulga sin la materia conflictiva.

Crítica Comisión de Hacienda

Para el caso del megaproyecto un escenario de “mixta” tiene una proyección incluso peor, debido a la más probable integración de esa instancia.

Incluso fuentes parlamentarias ya advierten que el gobierno debiera evitar a toda costa que la iniciativa -en especial en sus aspectos centrales, como la rebaja de impuestos a las empresas, la reintegración tributaria, la invariabilidad, el crédito al empleo- llegue a esa última comisión de resolución de conflictos legislativos.

Si la megarreforma es derivada a una comisión mixta, por reglamento, los representantes del Senado será los cinco integrantes de la Comisión de Hacienda: los senadores Javier Macaya (UDI), María José Gatica (RN), Rodolfo Carter (indep. republicano), Daniella Cicardini (PS) y Paulina Vodanovic (PS).

Algunos de ellos ya han tenido roces con Quiroz como Cicardini, quien tuvo un controversial debut en la Cámara Alta en el proyecto sobre combustibles al tratar con dureza y exigir la renuncia del jefe económico del gobierno.

El problema es que las críticas a la gestión del ministro también son compartidas, aunque con matices, por algunos representantes del oficialismo. Por ejemplo, la senadora Gatica (RN) dijo que a Quiroz le faltaba “tacto y sensibilidad social”.

Por su parte, Carter, a pesar de integrar la bancada republicana, también tiene un perfil autónomo y hasta el momento ha preferido guardar silencio sobre los temas de fondo del proyecto.

Doctrina Coloma

El cuadro se complicaría aún más por la representación que tendría nominar la Cámara.

Desde hace un par de año existe un criterio acordado para las designaciones de mixtas, apodado la “doctrina Coloma” (ideada por el exsenador Juan Antonio Coloma, cuando presidía la Cámara Alta), que indica que cuando existe una predominancia de tres senadores del oficialismo en una mixta, la Cámara debiera nombrar al menos a tres diputados de oposición.

La idea es obligar a que el texto que emane de la comisión mixta tenga un efectivo acuerdo transversal o reúna al menos un piso de apoyo, ya que ese informe debe ser aprobado por la Cámara y el Senado. En caso contrario, todo el trabajo de la mixta se reducía a un esfuerzo inútil.

Si la “doctrina Coloma” se mantiene -así al menos lo adelantó el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, en el programa Polos Opuestos de Radio El Conquistador-, la hipotética comisión mixta por la megarreforma quedaría empatada con cinco representantes del oficialismo (tres senadores y dos diputados) y cinco de la oposición (dos senadores y tres diputados).

En todo caso, el único diputado que hasta ahora tiene un puesto asegurado por parte de la Cámara (cuyo reglamento es distinto al del Senado) es el mismo Schalper (RN), por haber sido “informante” (expositor de los contenidos) de la iniciativa gubernamental en la sala.

En su tramitación en la Cámara, el legislador de RN fue uno de los promovió ajustes al texto gubernamental, a pesar de que a su juicio se mantuvieron firmes en la defensa de los ejes centrales.

Con ello, la derecha solo quedaría solo con un cupo de diputado adicional a elegir, posiblemente un republicano, como Agustín Romero.

Dentro de los tres asientos que corresponderían a la oposición, uno sería para el Frente Amplio: Gael Yeomans o Jorge Brito.

Otro sería asignado al comité de socialistas, liberales y exradicales, cuyo jefe de bancada Raúl Leiva (PS), ya informó internamente que el representante sería el diputado Daniel Manouchehri (PS), otro de los más duros interpeladores del ministro Quiroz.

El caso de Manouchehri complica particularmente al oficialismo. Su estilo fiscalizador ha provocado e irritado en más de una ocasión al Presidente Kast y al ministro Quiroz, quien, en la sesión de debate del 19 de mayo, pidió la palabra solo para responder a los emplazamientos del legislador socialista. Incluso en la derecha ya hablan del “estilo Manouchehri” para referirse a los legisladores más duros de la oposición.

Lo paradojal es que el oficialismo se había opuesto tenazmente a que los socialistas tuvieran un asiento en la Comisión de Hacienda, debido al riesgo de que llegara Manouchehri a esa instancia estratégica. Pese a ello, el legislador igualmente concurrió a las sesiones de discusión de la megarreforma para intervenir y presentar indicaciones, aun cuando no tenía derecho a voto en esa comisión. Ahora, si llegase a conformarse una mixta por esta iniciativa gubernamental, el diputado socialista no solo podría votar, sino que se reencontraría con su dupla política, la senadora Cicardini, quien tiene una visión igual e incluso más severa de Quiroz y el megaproyecto.

El tercer cupo opositor recaería probablemente en el PDG, que en todo caso ha mantenido un canal abierto de negociaciones con el titular de Hacienda.

No obstante, la definición de la mesa de la Cámara está pendiente, aunque igualmente está supeditada a los criterios y marcos reglamentarios de la corporación.