Desde 1963 que el senador Jorge Soria participa en política. Primero como regidor, luego alcalde y ahora como parlamentario, cuyo mandato culiminará el próximo 11 de marzo cuando él tenga 89 años de edad.

Hoy es la autoridad política más longeva del país, pero no es el único mayor de 75 años, límite de edad que se aplica en otras instituciones públicas como la Corte Suprema.

Sin embargo, hasta la fecha no existe ningún impedimento legal ni constitucional para que políticos con vasta trayectoria como el senador Soria ejerzan como legisladores, ministros, subsecretarios o delegados presidenciales.

Sorpresivamente, en una aparente jugada legislativa para anticiparse a un escenario judicial futuro, La Moneda decidió incluir en el proyecto de la Ley de Reajuste del Sector Público un conjunto de normas misceláneas (no vinculadas con alzas remunerativas) para precisar y garantizar que no sea objetable el ejercicio de personas mayores en ciertas funciones públicas del Poder Legislativo y el Ejecutivo.

El mismo mensaje del proyecto, firmado por el presidente Gabriel Boric y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, detalla que el articulado contiene una norma que “autoriza el ejercicio de determinados cargos públicos por personas que tengan 75 o más años de edad. Los artículos 43 y 44 de la presente iniciativa legal disponen que las personas que tengan 75 o más años de edad pueden ejercer cargos afectos a todo o parte del sistema de Alta Dirección Pública, así como cargos de ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales regionales y provinciales, aquellos que la ley califica como de exclusiva confianza y cargos de elección popular”.

“Con ello se busca resguardar que dichos cargos, por su relevancia, sean servidos por las personas más idóneas, con las capacidades y la experiencia que su desempeño exige, sin establecer un límite máximo de edad que restrinja su ejercicio”, agrega la introducción del proyecto.

En la actualidad, por ejemplo, además de Soria, hay otras figuras políticas con larga trayectoria, entre ellos los senadores Francisco Huenchumilla (DC, 81 años) y José Miguel Insulza (PS, 82 años); los diputados Roberto Celedón (indep. FA, 78 años), Helia Molina (PPD, 78 años) y María Luisa Cordero (indep. RN, 82 años); y los ministros Carlos Montes (PS, 79 años), Alberto van Klaveren (indep., 77 años) y Adriana Delpiano (PPD, 78 años).

Por esta razón, la propuesta gubernamental causó extrañeza entre parlamentarios y juristas consultados por La Tercera, ya que, en la práctica, los políticos no tienen restricciones de edad para ejercer como autoridades cuando son electos o designados para tareas de gobierno por el Presidente de la República.

Polémica norma

El problema, no obstante, sería la entrada en vigencia de una anterior norma aprobada en la Ley de Reajuste del Sector Público del año pasado que sí fijó un límite para funcionarios públicos, incluso académicos, en los sectores de Educación, Salud, el Ministerio Público y el todo el Estado, en general.

“Artículo 90.- A contar del 1 de enero de 2027, los funcionarios y funcionarias de las instituciones afectas a las leyes N°s. 20.919, 20.921, 20.948, 19.882, 20.964, 20.976, 20.996, 21.003, 21.135, 21.043 y al artículo 9 de la ley N° 20.374 cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad“, dice la norma.

Aunque la disposición, en teoría, no afectaba a ministros y parlamentarios, cuyo mandato está garantizado por la misma Constitución, la medida, impulsada por la ANEF, generó polémica especialmente entre autoridades y académicos de universidades estatales. De partida, la rectora de la U. de Chile, Rosa Devés, tiene 75 años, ya que muchos profesores del mundo de las artes y las ciencias superan esa edad y aún siguen vigentes en la docencia.

La situación, incluso, amenazaba con judicializarse en contra de los propios políticos, en base al principio de igualdad ante la ley.

Es por ello, que la propuesta de reajuste del gobierno ahora también incluyó una exención del límite de edad a los académicos del sector público. “No cesarán en funciones al cumplir 75 años de edad, las autoridades unipersonales electas y los académicos de las universidades estatales”, dice el mensaje tratando de cerrar la polémica.