Múltiples reacciones generó el anuncio de los diputados de la UDI Jorge Alessandri y Guillermo Ramírez, quienes advirtieron que impulsarán una acusación constitucional contra el ministro de Economía, Nicolás Grau, si el Ejecutivo insiste en reincorporar al proyecto de reajuste del sector público una norma que establece mayores exigencias para el despido de funcionarios a contrata.

La advertencia de los parlamentarios gremialistas surgió luego de que el propio secretario de Estado confirmara que el gobierno reingresará dicha disposición al Congreso, pese a las críticas de la oposición y las aprensiones que ha generado incluso en sectores del oficialismo.

Desde la UDI han calificado la norma como un “amarre” y una medida “inmoral”, acusando al Ejecutivo de buscar asegurar empleos permanentes a personas afines políticamente antes del término del mandato.

En esa línea, el jefe de bancada de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, comentó que el Ejecutivo “tiene que evaluar si con el rechazo ciudadano que se ha generado en los sectores de la oposición y los propios diputados del gobierno, va a continuar con esta suerte de amarre a sus cercanos y amigos”.

“El gobierno también tiene que evaluar el ambiente que se va a generar en esta discusión en el último mes legislativo efectivo del gobierno, y tienen ellos desafíos importantes como el proyecto del FES, sala cuna, la ley de modificación a Gendarmería y otros desafíos. Y, por lo tanto, el gobierno tendrá que evaluar con un criterio objetivo las consecuencias de insistir en esta medida”, cerró.

Al respecto, el diputado Roberto Arroyo (PSC), comentó que “lo que el Gobierno intenta imponer con esta llamada ley de amarre es grave. Usar una ley anual para fijar normas permanentes que amarran al Estado y condicionan a los próximos gobiernos vulnera la probidad y la democracia”.

“Esto ocurre además en un contexto donde han aumentado los tratos directos observados y los contratos cuestionados por los organismos fiscalizadores. La señal correcta es más control y más transparencia, no blindajes”, sumó

“Si el ministro Nicolás Grau insiste, la acusación constitucional no es un exceso: es una obligación del Congreso para defender el Estado de Derecho”, subrayó.

Oficialismo sale al cruce

Frente a esto, el diputado del Frente Amplio Diego Ibáñez cuestionó duramente la ofensiva anunciada por la UDI, asegurando que esta corresponde a “una utilización no democrática del instrumento de acusación”

En esta línea, agregó que la propuesta del Ejecutivo sería incluso “menos restrictiva para las jefaturas que una votada a favor en la Comisión de Trabajo por los propios diputados de la UDI y de Chile Vamos”, y recordó que la derecha ha presentado nueve acusaciones constitucionales durante el actual gobierno, todas rechazadas.

El jefe de bancada del PPD e independientes, Raúl Soto, manifestó su desacuerdo con la norma propuesta respecto de los funcionarios públicos, apuntó a que “una cosa muy distinta es que la derecha nuevamente aproveche la contingencia para llevarnos a un escenario de confrontación y guerrilla política, mal utilizando herramientas excepcionales como las acusaciones constitucionales”, señaló.

Soto subrayó que el país se encuentra a meses del término del actual gobierno y en pleno período de transición, con un nuevo Presidente electo, afirmando que una situación como esta “evidentemente no es para acusación constitucional”, y llamó a la “prudencia y reflexión”.

Pérez marca distancia con la AC

Desde la oposición, la diputada de Demócratas Joanna Pérez también marcó distancia de una eventual acusación constitucional, asegurando que “si bien esta es una acción desesperada del gobierno para mantener a sus amigos en los cargos, creo que no dan los argumentos para una acusación constitucional”, sostuvo.