Ocho votos opositores frenan acusación a Presidente Piñera

"¡Se siente, se siente, Piñera Presidente!". Ese fue el grito que se escuchó este jueves pasadas las 16.00 en las tribunas de la Cámara de Diputados. Varios manifestantes celebraban así la decisión que había tomado la sala de la corporación: acoger por 79 votos a favor y 73 en contra la cuestión previa deducida por la defensa de Sebastián Piñera, dando así por no presentada la acusación constitucional impulsada por sectores de la oposición y echando por tierra una eventual destitución del Mandatario.

El libelo acusaba al Jefe de Estado de haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes al permitir vulneraciones "sistemáticas" y "generalizadas" a los derechos humanos de los ciudadanos, tanto durante el estado de excepción que decretó el pasado 19 de octubre como en los días sucesivos a su término. Y también por haber comprometido "gravemente el honor de la nación".

La inédita acción -que no se daba desde hace más de 50 años en contra de un Presidente de la República- fue desestimada por la corporación con los votos de todo el oficialismo, a quienes se sumaron los diputados de la Democracia Cristiana Matías Walker, Miguel Ángel Calisto, Jorge Sabag y Manuel Antonio Matta; los radicales Carlos Abel Jarpa y Fernando Meza, y los independientes René Alinco y Pepe Auth.

Una vez ocurrida la votación, manifestantes ligados a organizaciones de derechos humanos y a sectores de oposición se enfrentaban a los adherentes del gobierno: "Ninguna democracia se puede levantar sin terminar primero con tanta impunidad", gritaban, a la vez que desde el otro lado entonaban el Himno Nacional, iniciativa a la que se sumaron diputados oficialistas como Camila Flores (RN) y Andrés Molina (Evópoli).

El ambiente de polarización que se dio en esos momentos fue el clímax de una jornada que había sido tranquila en la Cámara Baja, donde el escenario favorable para el Presidente Piñera se daba por sentado desde hace semanas. Tanto fue así que incluso la sesión fue suspendida a eso de las 14.00 por falta de quórum ante la ausencia de más de cien diputados en la sala, cuando los integrantes de la comisión que revisó el libelo daban sus argumentos a favor y en contra.

La victoria para el Mandatario ya era un hecho. Así lo señalaban durante la mañana de este jueves distintas autoridades del gobierno que concurrieron junto al abogado defensor del Presidente, José Domingo Acosta. Entre ellos, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y sus pares Karla Rubilar (Segegob) y Felipe Ward (Segpres).

Y pese a que en el oficialismo ya daban por descontado que se acogería la cuestión previa deducida por el Jefe de Estado (donde se impugnaba la admisibilidad del libelo), de todas formas miembros del gabinete reforzaron gestiones durante la mañana ante parlamentarios cuyos votos serían clave para evitar que la sala conociera el fondo de las imputaciones al Mandatario.

Esas conversaciones fueron lideradas principalmente por el ministro Blumel y el subsecretario de Desarrollo Regional, Claudio Alvarado. El titular del Interior, incluso, concurrió a las oficinas de los diputados Meza y Jarpa para asegurar que ambos se alinearan con el gobierno.

Los respaldos opositores al Presidente les trajeron inmediatas repercusiones a los parlamentarios, quienes enfrentaron gritos desde las tribunas. "Traidores", les enrostraron. El diputado Auth, de hecho, respondió a una de las manifestantes, quien -según trascendió- se trataba de la secretaria del diputado comunista Hugo Gutiérrez. Desde la testera, el parlamentario le gritó: "Fascista pagada con recursos fiscales".

Minutos después, el ministro Blumel agradecería esos apoyos. "Queremos agradecer la votación de la Cámara de Diputados que ha rechazado la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, lo que hace justicia, porque la acusación no tenía mérito ni fundamento", sostuvo el titular de Interior.

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Diputados oficialistas mostraron afiches llamando a "cuidar la democracia".[/caption]

Asimismo y, en contraste con lo que había planteado menos de 24 horas antes -tras la aprobación en el Senado de la acusación constitucional en contra del exministro Andrés Chadwick-, cuando sostuvo que esa decisión causaba "un daño al entendimiento y al clima republicano para superar la crisis", el jefe de gabinete invitó a la centroizquierda a iniciar "una nueva etapa".

"Como gobierno, sinceramente esperamos que esto marque una etapa distinta, que podamos empezar a crear un clima de entendimiento, a avanzar en temas sustantivos que le importan a la gente, a hacernos cargo de la agenda social, a construir una hoja de ruta social conjunta, porque eso es lo que espera el país", dijo Blumel.

La vocera de gobierno, en tanto, valoró a quienes "pusieron el bien del país por sobre todo lo demás".

"Queremos agradecer profundamente a todos aquellos que votaron por Chile, porque lo que estaba en juego no era solo una acusación contra un Presidente en particular, sino que el cómo éramos capaces de cuidar nuestra democracia", subrayó la portavoz de La Moneda.

La sesión se había iniciado pasadas las 10.00 en la Cámara Baja. El abogado Acosta fue el primero en tomar la palabra para detallar los argumentos con que previamente había deducido cuestión previa de admisibilidad respecto del libelo opositor.

El jurista reiteró que el escrito no cumplía con los mínimos exigidos por la Constitución para acogerse a trámite por varias razones. Entre ellas, que no respetaba el debido proceso de su representado por fundarse en hechos que aún no han sido acreditados y por realizar imputaciones imprecisas; porque no cumplía con el carácter excepcional o de última ratio de la acción, y por imputarle al Mandatario cargos por hechos que no podrían ser considerados como "actos de su administración", como lo exige la Carta Magna.

"Represento en esta Cámara a un Presidente que fue elegido democráticamente", dijo en uno de los pasajes de su alocución, en la que, además, destacó el contexto en el que se encuentra el país desde el 18 de octubre pasado y las razones que llevaron al Mandatario a decretar estado de excepción. Asimismo, subrayó que "el gobierno ha reconocido y lamentado los casos de personas que han resultado muertas o lesionadas. El Presidente ha sido enfático que frente a ello, establecidas estas responsabilidades, no cabe sino condenarlas. Aquí no puede haber impunidad".

Tras el alegato de Acosta, fue el turno de los diputados que integraron la comisión revisora de la acusación, la que emitió un informe favorable sobre su admisibilidad por tres votos a favor y dos en contra. El primero en intervenir fue Gastón Saavedra (PS), quien destacó que las violaciones a los DD.HH. ocurridas en el país son "directamente" imputables al Presidente Piñera. "Estaba obligado a adoptar medidas eficaces y oportunas para garantizar su protección", dijo el parlamentario.

También desde la oposición los diputados Boris Barrera (PC) y Daniel Verdessi (DC) desestimaron los argumentos de la cuestión previa presentada por la defensa del Mandatario. "Hubo y hay violaciones a los DD.HH. en Chile y ellas han sido originadas, sin duda, en un conjunto de decisiones políticas que ha tomado el acusado. No fueron alienígenas, no fueron extranjeros, no fue la izquierda", sostuvo Barrera, mientras que Verdessi señaló: "Piñera no es un dictador ni el régimen político chileno es una dictadura (…). Pero si se observan estas decisiones, veremos que ellas constituyeron medidas reactivas frente a vulneraciones de derechos cometidas por agentes del Estado".

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Diputados de oposición exhibieron carteles alusivos a víctimas de abusos.[/caption]

Por su parte, los oficialistas Sofía Cid (RN) y Gastón von Mühlenbrock (UDI) siguieron la línea argumentativa de la defensa del Mandatario, desvirtuando argumentos de forma y de fondo del escrito. "El libelo no contiene fundamentos jurídicos que permitan concluir en forma inequívoca que el Presidente haya avalado vulneraciones a los derechos fundamentales", advirtió la diputada Cid.

En este mismo sentido, Von Mühlenbrock afirmó que "se ha hablado abiertamente de violaciones graves, sistemáticas y generalizadas a los DD.HH. Sin embargo, no se han aportado pruebas fehacientes que demuestren que el Estado ha realizado una construcción semejante a la de una política pública, con objetivos específicos, donde la violación a los derechos humanos puede ser un medio o un fin".