Tras la conflictiva sesión de la Cámara de Diputados, desde el miércoles en la mañana, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, en un intento por calmar los ánimos, se dedicó a llamar por teléfono uno a uno a los senadores de oposición que habían firmado un acuerdo con el gobierno para destrabar toda la problemática del voto obligatorio.

El martes en la tarde, los diputados del oficialismo no apoyaron la norma de la oposición que establecía una multa entre $34 y $206 mil por no votar en elecciones, que era el corazón del proyecto de autoría de la diputada Joanna Pérez (Demócratas). La reforma en cuestión proponía multar solo a los ciudadanos chilenos que no concurrieran a las urnas, excluyendo de la sanción a los extranjeros habilitados para votar, aspecto que era la principal preocupación en la alianza gubernamental debido a la incidencia de la mayoritaria comunidad venezolana.

Si bien la votación fue consecuencia del propio desorden que caracteriza a los diputados, los senadores de oposición estaban molestos con el Ejecutivo, que los había comprometido a una negociación que cruzaba a ambas ramas del Congreso. Por un lado, los senadores debían aceptar tramitar una reforma constitucional –que ingresará el gobierno la próxima semana– para restringir el sufragio de los extranjeros a 10 años de residencia definitiva. Por otro lado, los diputados debían allanarse a aprobar la iniciativa de Joanna Pérez para aplicar la multa solo a los chilenos.

Debido a que una parte del acuerdo no se cumplió, los senadores citaron a una reunión a la hora del almuerzo para evaluar posibles represalias legislativas contra el oficialismo y el Ejecutivo.

Antes el almuerzo los ánimos estaban caldeados. “Va a haber atrincheramiento”, advertían algunos senadores de oposición.

En el encuentro se acordó tener una postura firme y no votar ninguna iniciativa de interés del gobierno en la Sala del Senado hasta que se reponga la norma de la multa en el trámite que ahora viene en esta rama del Poder Legislativo. Eso se manifestó en algunos gestos este miércoles, en que no se concedió la unanimidad para cambiar el orden de la tabla ni conceder permiso a que sesionaran en paralelo algunas comisiones.

Además, el jefe de bancada de la UDI, Sergio Gahona, pidió una segunda discusión del proyecto, surgido en mensaje presidencial, sobre fiscalización de regulación ambiental. Con ello quedó postergado para la próxima semana.

Luego, al abordar la iniciativa que fortalece a las ferias libres, también enviada por el Presidente Gabriel Boric, el mismo vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber (PPD), quien acusó a la derecha de “amurrarse” y “no querer trabajar”, propuso no votarla ante la brusca ausencia de senadores de oposición, lo que arriesgaba su aprobación por tener normas de quorum.

“Hay una actitud deliberada para impedir el funcionamiento del Senado. Senadores de oposición vaciaron la sala del Senado. Es un boicot abierto a la tramitación legislativa”, acusó el senador Daniel Núñez (PC).

Más tarde, en la reforma para agilizar la obtención de permisos de urbanización y edificación, el senador Gustavo Sanhueza (UDI) también pidió segunda discusión. La misma suerte corrió un proyecto sobre el buceo.

La senadora Yasna Provoste (DC) señaló que esto demuestra que “la derecha no está en condiciones de dar gobernabilidad democrática al país al negarse a legislar”.

Ya el día martes se había dado una señal severa. Tras enterarse del rechazo de la Cámara ese día, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), decidió dar por cerrada la sesión por falta de quorum. Si bien es habitual que a cierta hora baje la presencia en la sala, en esta ocasión, en uso de una atribución reglamentaria, el titular de la Cámara Alta terminó el encuentro, dejando al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, sin dejar exponer su proyecto sobre cabotaje marítimo.

Consultado al respecto, el mismo senador Ossandón dijo que “había un documento firmado que no se cumplió. Entonces, claramente, los senadores están indignados. Aquí no se trata de paralizar, se trata de llegar a un acuerdo y de respetar. Por supuesto que esto lo que ha hecho es ensuciar el ambiente. El ambiente está absolutamente enrarecido y eso va a hacer que muchas personas no quieran avanzar en proyectos si esto no se arregla”.

Molestia opositora

El senador Matías Walker (Demócratas) acusó que “quedó claro que el oficialismo y la izquierda no creen en el voto obligatorio, no creen en una sociedad de derechos y deberes. No quieren que vote más gente, quieren que vote menos gente, porque creen que pueden tener un electorado cautivo de izquierda que quieren movilizar”.

“La ministra Lobos hizo un intento genuino por alcanzar un acuerdo, fue la buena de la película, y otra vez el malo de la película es el ministro del Interior (Álvaro Elizalde, PS)”, lanzó Walker.

El senador Juan Antonio Coloma (UDI), por su parte, señaló que quería “entender que el gobierno va a resolver el tema hoy día en el Senado, lo creo sinceramente, porque de lo contrario sería un precedente gravísimo en cuanto a la capacidad de dejar sin ejecución la Constitución y sin efecto un acuerdo expreso tomado”. “Esto supone un antes y un después”, advirtió el senador gremialista.

El senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, dijo que “nosotros creemos que este es un tema de la mayor de las importancias, y vamos a darle al Ejecutivo todas las señales que sean necesarias para que esto se apruebe. Vuelvo a decir, esto sería una herida grave a nuestras reglas democráticas”.

El mismo Galilea, el martes en la tarde, era uno de los más molestos, según comentan en su partido. Incluso, se trasladó a la Cámara para hablar con sus diputados, a quienes planteó que había que pedir una reunión con el Presidente Gabriel Boric para resolver el conflicto para evitar que la situación escalara.

En la Cámara, las bancadas opositoras también estaban enfurecidas, por lo que anunciaron que no tramitarán proyectos del Ejecutivo que se encuentren en comisiones. La advertencia fue realizada en un punto de prensa colectivo de los diputados Johannes Kaiser (libertario), Cristián Araya (republicano), Henry Leal (UDI), Frank Sauerbaum (RN), Francisco Undurraga (Evópoli), y la autora del proyecto, Joanna Pérez (Demócratas).

Explicaciones de Lobos

En sus contactos con la oposición, la ministra Lobos se comprometió a reponer la multa en la iniciativa de la diputada Pérez, ya despachada por la Cámara al Senado. El problema es que el texto quedó como una cáscara (solo se aprobó una disposición secundaria sobre la designación de vocales de mesa).

Además, a partir de la próxima semana, el gobierno le daría urgencia para apurar su tramitación. Según las conversaciones, Lobos se comprometió a hablar con el Presidente Gabriel Boric y la senadora Paulina Vodanovic (PS), que dirige la Comisión de Gobierno, donde será revisada esta iniciativa.

Consultada Vodanovic, sin embargo, dijo que su apuesta es citar el próximo martes para ver la iniciativa, pero no aseguró que sea despachada en un día.

“Hay un acuerdo que se está trabajando, nosotros esperamos continuar esas conversaciones”, dijo a su turno la ministra Lobos, quien agregó que antes de la votación en la Cámara “hubo declaraciones que relativizaron el acuerdo y ese ambiente contribuyó a que no estuvieran los votos”.

Fallido acuerdo

El actual trance en el que se encuentra el Congreso tiene su origen en una arremetida de los diputados de oposición, que le ofrecieron al gobierno excluir a los extranjeros de la multa con el fin de forzar que solo los chilenos concurran a las urnas.

Desde hace un par de semanas, Lobos había trabajado un acuerdo con la oposición que tenía dos componentes: allanarse a la reforma por la multa que se aplicaría solo a ciudadanos chilenos, y lograr el apoyo de la derecha para sacar, paralelamente, una reforma constitucional para restringir el derecho a sufragio de extranjeros para comicios de 2028 en adelante.

Dado que esta reforma constitucional ingresaría por el Senado, Lobos consiguió el compromiso de los senadores de oposición, que firmaron un documento que se socializó informalmente este martes en medio de la sesión de la Cámara Alta. El texto también estaba suscrito por ella.

Con ese papel en mano, la ministra buscaba convencer a los diputados del oficialismo que apoyaran la otra iniciativa (multa solo a chilenos) que se iba a votar esa misma tarde en la Cámara Baja.

Sin embargo, a pesar de que en el Senado el escenario estaba despejado, en la Cámara persistían los ruidos. En primer lugar, los legisladores oficialistas estaban abiertos a una sanción económica, siempre y cuando fuera baja, mientras que la derecha pedía un rango más alto.

No fue el único problema. En la mañana hubo señales extrañas. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), dijo en T13 Radio que no sería “tan enfático” de que un acuerdo estaba cerrado, mientras que el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN) –quien había sido uno de los negociadores de la oposición junto a la misma diputada Pérez–, señaló que él no tenía un compromiso con la otra reforma en juego sobre el voto de los extranjeros.

Esa señal, a juicio de diputados oficialistas, fue decisiva para no aprobar la multa propuesta por la oposición que iba de $34 mil a $206 mil, dejando en una incómoda posición a la ministra Lobos.

“Los parlamentarios del oficialismo queremos que exista multa. Votamos a favor de una multa razonable. Quienes no cumplieron o no quisieron seguir conversando fue la oposición. Llamo al presidente de la Cámara a que sea honesto y que diga que efectivamente él fue quien rompió el acuerdo”, dijo la diputada Javiera Morales (Frente Amplio).

“El resultado final tuvo que ver casi exclusivamente con la conducta errática y carente de madurez por parte del presidente de la Cámara, José Miguel Castro”, dijo el diputado Leonardo Soto (PS).

En respuesta, Castro señaló que el desmarque del oficialismo era una señal de que “este gobierno está absolutamente solo en el Parlamento”, y que hoy las confianzas quedaron “absolutamente quebradas”.