Por Sebastián Escobar F.Parlamentarios oficialistas valoran fallo por Dominga y acusan intento de imponer el proyecto “fuera de la ley”
Diputados de distintas bancadas respaldaron la decisión unánime de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que anuló lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental y dejó sin efecto la orden de volver a votar el proyecto Dominga. Desde el oficialismo apuntaron a “maniobras judiciales”, vicios en la tramitación y antecedentes de corrupción.

De manera unánime, la Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental, al considerar que la aplicación del procedimiento de ejecución “resulta improcedente”. Con ello, se dejó sin efecto el proceso que había ordenado al Comité de Ministros volver a pronunciarse sobre el Proyecto Dominga.
La Segunda Sala del tribunal estableció que la resolución dictada por el tribunal ambiental en febrero de 2025 no corresponde a un caso previsto por la ley, recordando que —según lo ya resuelto por la Corte Suprema— la sentencia que se pretendía ejecutar no estableció derechos a favor de ninguna de las partes ni resolvió el fondo del conflicto ambiental.
En su fallo, la Corte fue categórica al señalar que se aplicó “el procedimiento de ejecución a un caso no previsto por la ley”, configurando un vicio procesal que debía ser subsanado de oficio. Además, sostuvo que pretender que una Corte de Apelaciones se pronuncie, en esta instancia, sobre cuestiones esenciales del proceso de evaluación ambiental “resulta manifiestamente impertinente y contrario a la ley”.

De este modo, se anuló todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental iniciado tras la orden del Primer Tribunal Ambiental que instruía al Comité de Ministros a volver a votar el proyecto, dejando sin efecto ese proceso.
Desde el Gobierno, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, valoró el fallo y subrayó que este “aclara las competencias de cada institución en materia ambiental”.
Reacciones parlamentarias
Uno de los primeros en reaccionar fue el diputado socialista por la Región de Coquimbo, Daniel Manouchehri, quien sostuvo que el fallo ratifica la ilegalidad de los intentos por reactivar el proyecto.
“Dominga está rechazada. La Corte de Apelaciones fue clara. Un tribunal no puede cambiar lo que resuelve el Comité de Ministros ni tampoco inventar fórmulas fuera de la ley, como hizo sospechosamente el Tribunal Ambiental”, expresó.
Pero el parlamentario fue más allá y vinculó el proyecto a eventuales irregularidades: “Hace unas semanas denunciamos en la Fiscalía que los mismos abogados vinculados a la Trama Bielorrusa metieron sus garras para favorecer a Dominga”.

En la misma línea, la diputada y senadora electa por Atacama, Daniella Cicardini, calificó la resolución como un freno a una ofensiva judicial para imponer el proyecto. “Dominga ha recibido un duro golpe. La Corte de Apelaciones frenó una maniobra judicial que busca empujar a la fuerza el proyecto minero por sobre nuestra legislación”.
“Por eso nos parece indispensable que se investigue a fondo nuestra denuncia respecto del rol de los mismos abogados de la trama Muñeca Bielorrusa en este caso”, sentenció.

Desde el Frente Amplio, la diputada Carolina Tello, representante de la Región de Coquimbo, sostuvo que la sentencia entrega certeza tras años de incertidumbre. “Valoro el fallo del tribunal de alzada que confirma lo que hemos dicho siempre: el proyecto minero portuario Dominga se encuentra rechazado porque es técnica y ambientalmente inviable”.
“La Corte nos da la razón y entrega tranquilidad a comunidades que llevan más de una década con la incertidumbre de este proyecto”, agregó.

En tanto, la diputada comunista Nathalie Castillo afirmó que el fallo es coherente con los antecedentes del proyecto. “Dominga es un proyecto marcado por vicios en su tramitación y por antecedentes de corrupción que han dañado gravemente la confianza pública”. Finalmente, señaló que el proyecto “ha intentado avanzar a punta de presiones y resquicios judiciales, tensionando la institucionalidad ambiental”.
A su juicio, la iniciativa se transformó en un símbolo negativo: “Prioriza intereses económicos por sobre la protección de la biodiversidad del Archipiélago de Humboldt y por sobre la vida y el sustento de las comunidades costeras. Me parece un fallo justo”.
El diputado radical Rubén Oyarzo destacó el mensaje institucional que deja la resolución judicial. “El fallo confirma que en Chile el desarrollo debe someterse al Estado de Derecho y a una institucionalidad ambiental que garantice decisiones legítimas y fundadas”.

Finalmente, el diputado independiente Jaime Araya valoró la anulación del actuar del tribunal ambiental. “La Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió anular las actuaciones del Tribunal Ambiental por haberse excedido en sus facultades. Andes Iron debiera terminar de una vez por todas con esta locura”.

Po último, el diputado independiente y representante de la Región de Antofagasta, Sebastián Videla, afirmó que “Dominga ha sido un proyecto con serios cuestionamientos técnicos y ambientales”.
En ese sentido aseguró que “Chile necesita inversión, pero responsable, con estándares altos y respeto por ecosistemas únicos. Crecer sí, pero no a cualquier costo”.

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