El fin de semana, los diputados del Partido Republicano hicieron saber a Carlos Montes que lo tienen en la mira. El exministro de Vivienda de Gabriel Boric es cuestionado por eventuales compras de terrenos con sobreprecio para damnificados del megaincendio de Valparaíso.

Los parlamentarios de la bancada republicana anunciaron que esperarán los resultados de la presentación que realizará la Contraloría en la Cámara Baja para decidir si procederán con una acusación constitucional (AC) en contra del militante socialista. Es decir, el próximo 6 de mayo.

Sin embargo, Montes no es la única autoridad del gobierno pasado en el radar de los republicanos. En conversación con La Tercera, el jefe de bancada de los diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, detalló los pasos a seguir de la colectividad.

La bancada republicana va a esperar hasta mayo para definir si presentarán la acusación contra Montes. ¿Hay voluntad para impulsarla?

—Más que esperar hasta el 6 de mayo, lo que estamos haciendo es recabar antecedentes para ver si hay argumentos sólidos para continuar en la idea de una AC contra Carlos Montes, al igual que estamos recabando los antecedentes y estudiando una posible AC en contra del exministro Nicolás Grau. Esto, a raíz de una presentación que hizo el ministro Quiroz y de otras cosas que se han ido descubriendo con el tiempo, que hablan, más allá de errores de cálculo, de cosas que se puede considerar que se hicieron con dolo, que tienen consecuencias que son gravísimas para el país.

¿Se han impuesto un plazo para determinar si la AC contra Grau va o no?

—No. Estamos ordenando antecedentes, haciendo los estudios. Hay equipos ya trabajando en eso dentro de la bancada. Van saliendo nuevos antecedentes todas las semanas, como el caso del sistema de facturas, que no saben por qué no funcionó durante algunas semanas o meses. Hay hartas cosas que se van a ir revelando con las distintas auditorías y que pueden decantar en una AC.

¿Con qué abogados se han asesorado?

—Trabajamos con los abogados que son asesores de los parlamentarios. Hay un grupo de abogados, más que tener una cabeza de serie.

¿Esto se hace en coordinación con el gobierno?

—No. Estos son antecedentes que nosotros, en nuestro rol fiscalizador, hemos ido viendo. Yo imagino que el gobierno puede estar o no de acuerdo con una AC contra Grau, pero nosotros estamos cumpliendo nuestro rol. Uno nunca quiere generarle un problema al gobierno, pero no podemos dejar pasar exigir responsabilidades si es que así lo ameritan los hechos.

¿Ve que en el resto del oficialismo están abiertos a estudiar una AC contra Grau y Montes?

—Estamos en una etapa preliminar todavía. No hemos explorado otros espacios y estamos viendo cómo se arma el cuadro completo. Una vez que avancemos un poco más, que yo creo que va ser a fines de esta semana o durante la otra, vamos a tener conversaciones con otros parlamentarios del oficialismo y otros sectores políticos, que por responsabilidad, en caso de que esto prospere, se podrían abrir a apoyar.

¿No teme que esto termine por ser contraproducente en el sentido de que se abra una temporada de AC? En respuesta, la oposición podría ir tras sus ministros, como Quiroz.

—No tienen argumentos para sostener acusaciones. Lo que estamos diciendo no es que esté pendiente un componente político, que siempre está presente, pero no es nuestro motor. Es es vista de una serie de antecedentes que nos hacen pensar que estamos frente a un ministro que no solo fue incompetente en la administración de las finanzas públicas, sino que podemos pensar que acá hubo dolo.

Moreno no está solo en su arremetida contra Grau. El diputado Agustín Romero, quien preside la Comisión de Hacienda en la Cámara, dijo a este medio que “me parecen gravísimas las revelaciones que hizo el ministro de Hacienda en la comisión del jueves pasado, relacionada con el cierre anticipado del Sigfe. Ahí hay una situación no menor que ha significado que facturas y obligaciones de 2025 hayan pasado a 2026 de manera artificial".

“Hay que revisar si hubo o no responsabilidad de alguien, si hubo una orden o fue simplemente un error del sistema. Estaríamos hablando eventualmente de responsabilidades políticas que hay que analizar”, agregó Romero.

¿Ameritaría una AC?

—Hay que ver cuál es la gravedad de ese tema, pero no puede quedar olvidado lo que dijo el ministro. Hay que investigarlo: vamos a solicitar la información al Ministerio de Hacienda, vamos a pedirle al ministro que profundice respecto. Y si hay responsabilidades políticas de un ministro que dejó de cumplir la ley, dio una instrucción o no tuvo la supervisión debida, claramente va a tener que asumir la responsabilidad política que corresponde.

En la derecha ya se había conversado sobre la posibilidad de acusar a Grau. En febrero de este año, cuando aún eran oposición, desde las distintas bancadas plantearon que se podría avanzar en un libelo contra él por su eventual responsabilidad por el déficit fiscal del 3,6% del Producto Interno Bruto.

En el caso de la posible AC contra Montes, los diputados republicanos de la Comisión de Vivienda han sido los principales voceros. La exministra Macarena Santelices planteó que “no vamos a dudar ni un día en impulsar una AC si se confirma que el exministro Carlos Montes autorizó la compra de más de 200 hectáreas con sobreprecio para los damnificados de Valparaíso”.