El sábado por la tarde, en Concepción, durante una nueva edición de la actividad “Presidente Presente”, una de las primeras preguntas que recibió el Mandatario José Antonio Kast dio cuenta de cuánto había permeado el tema: “¿Habrá recortes en el programa de alimentación escolar de la Junaeb?”, le consultaron desde el público.

Para ese momento, en La Moneda ya tenían claro que el oficio de Hacienda -donde se sugieren recortes y la eliminación de programas- había traspasado la discusión técnica “de élite” y política para instalarse en la opinión pública.

Aunque el Jefe de Estado intentó contener el impacto, el flanco ya estaba abierto. “Ha aparecido en estos días todo el tema del recorte, de los decretos, de los oficios. Salió el tema de la Junaeb (...). Nosotros no tenemos ninguna intención de cortarles el alimento a los niños”, enfatizó durante su intervención.

Kast explicó que lo que se busca es introducir ajustes en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), apuntando a corregir lo que, a su juicio, ha sido una administración deficiente.

En la misma actividad, el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, reforzó esa respuesta y subrayó que el documento que circuló corresponde a un procedimiento habitual en la antesala de la elaboración del Presupuesto 2027.

“Es el puntapié inicial para iniciar una conversación entre Hacienda y los otros ministerios”, sostuvo la autoridad.

La polémica se desató el viernes, luego de que La Tercera revelara que el Ministerio de Hacienda envió a las carteras un oficio con sugerencias para ajustar el gasto, incluyendo la eventual descontinuación de 142 programas, con un costo total cercano a los $ 5,4 billones. El instructivo, que también considera recortes de hasta un 15% en otras iniciativas, forma parte del proceso de formulación del Presupuesto 2027, en un contexto -aseguran en el gobierno- de estrechez fiscal.

Pese a que desde el Ejecutivo recalcan que se trata de orientaciones y no de decisiones, el contenido del documento generó inquietud transversal. Entre las propuestas más sensibles figuran ajustes o eventuales eliminaciones en programas vinculados a salud, educación y desarrollo social, incluyendo iniciativas como el Programa de Alimentación Escolar, becas educativas y planes de apoyo a grupos vulnerables, lo que activó alertas tanto en el oficialismo como en la oposición.

En ese contexto, la molestia terminó por escalar también al interior del propio sector. Este lunes, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, apuntó directamente al Segundo Piso de La Moneda -encabezado por Alejandro Irarrázaval- por el manejo del episodio. “Esos errores comunicacionales se tienen que corregir”, afirmó en conversación con Radio Duna, junto con advertir que la forma en que se dieron a conocer los antecedentes permitió interpretaciones erradas.

El parlamentario sostuvo que “el echar a correr una evaluación permite que personas malintencionadas saquen esas conclusiones es un error”, y planteó que no era necesario comunicar este tipo de análisis mediante oficios que pudieran entenderse como instrucciones.

En esa línea, hizo un llamado explícito a los asesores presidenciales: “Yo llamaría al Segundo Piso que tomara las riendas de esas correcciones, precisamente para que no se vuelvan a repetir”.

Las críticas no son aisladas. En el oficialismo, y particularmente en el partido del Mandatario, reconocen en privado que hubo un mal diagnóstico sobre el impacto que podía tener la divulgación del documento. Apuntan, además, a una debilidad en la estrategia comunicacional del gobierno, que -afirman- no es la primera vez que enfrenta cuestionamientos.

Aunque evitan apuntar a responsabilidades individuales, en el oficialismo reconocen que las miradas se dirigen al equipo del Segundo Piso. En particular, a Alejandro Irarrázaval; y al director de comunicaciones y contenidos, Cristián Valenzuela, quienes forman parte del núcleo encargado de la estrategia política y comunicacional de La Moneda.

Si bien en privado descartan cuestionamientos personales, admiten que existe una debilidad en esa área que debe corregirse para evitar que episodios como este vuelvan a repetirse.

Entre los traspiés que mencionan está el uso del concepto de “Estado en quiebra” en comunicaciones oficiales -a propósito del alza de los combustibles-, que derivó en un pronunciamiento de Contraloría. También se ejemplifica con la polémica por una cita privada del Presidente en La Moneda con excompañeros universitarios, que también motivó la intervención del ente fiscalizador.

En ambos casos, al interior del sector atribuyen las polémicas a una falta de previsión política sobre las consecuencias de los actos por parte del equipo de asesores.

El ministro de Hacienda dio la explicación del informe y ahora queda que el encargado del Segundo Piso tome el rol y manejo.

Alguien que coincide con el diagnóstico de Squella es el diputado Cristián Araya. “Las recomendaciones técnicas son necesarias, pero la conducción política es indispensable. Para eso existe una jefatura de los equipos de asesores del Segundo Piso y su deber es anticipar riesgos, ordenar el relato y evitar que un informe administrativo termine convertido en una crisis política o comunicacional”, planteó el parlamentario.

Por su parte, la también diputada republicana Macarena Santelices planteó que “en ningún gobierno pueden existir filtraciones desde el Segundo Piso. Independiente del color político. Es donde se articulan y se toman todas las decisiones del presidente de turno (...). Si existen filtraciones, es que sin duda hay alertas y deben tomarse decisiones drásticas, porque los equipos deben ser de confianza. Solo así se avanza”.

En medio de la controversia, desde el Ejecutivo se distribuyó una minuta a parlamentarios oficialistas para contener las críticas y alinear el discurso frente al oficio de Hacienda. Con todo, en Palacio admiten que el manejo pudo haber sido “perfectible”, particularmente en anticipar la filtración y en explicar con mayor claridad que se trataba de una guía técnica y no de recortes inmediatos.

Lo cierto es que algunos dirigentes del sector transmiten que las excusas de Palacio son débiles debido a que, aunque se haya tratado de una “guía”, se pudo plantear como sugerencia y no con la palabra “descontinuar”.

Las repercusiones, en todo caso, no se limitaron a lo que planteó Squella. Ese mismo viernes, desde Chile Vamos, la excandidata presidencial Evelyn Matthei (UDI) cuestionó con dureza la eventual afectación de programas sensibles. “Ministro (Quiroz), instruya a su equipo porque nos pone a todos nerviosos. Para muchos niños y niñas, esta es la única comida del día. Con eso no se juega”, señaló.

En la misma línea, aunque fuera de las tiendas de gobierno, desde el Partido Nacional Libertario también criticaron el manejo del Ejecutivo. La diputada Gloria Naveillan afirmó que “el manejo del gobierno sigue siendo muy malo comunicacionalmente” y advirtió que solicitarán explicaciones a los ministros por las recomendaciones contenidas en el documento.