La filtración de la conversación entre el Presidente Gabriel Boric y la psiquiatra Josefina Huneeus, quien además es exesposa del fundador de ProCultura, sigue generando revuelo en distintos sectores políticos durante este sábado.

El viernes se dieron a conocer antecedentes con que el fiscal Patricio Cooper solicitó intervenir el teléfono del Presidente Gabriel Boric por una investigación por presunto financiamiento irregular de su campaña presidencial en 2021.

En este contexto, este sábado la directiva del Partido del Frente Amplio -domicilio político del Mandatario- salió al paso de la controversia, realizando una declaración pública relacionada con lo recientemente conocido respecto al caso ProCultura.

En la misiva se indicó que “no existe ningún indicio que vincule al partido financieramente con la fundación investigada” pues “(...) todas las cuentas partidarias y de campaña han sido debidamente revisadas y aprobadas por el Servel y la información ahí contenida es de carácter público”.

También se mencionó que “lo difundido, por tanto, tienen como finalidad instalar la sospecha sólo en base a la existencia de vínculos personales y conversaciones informales”.

En segundo lugar, se señaló que “con respecto a las escuchas que buscan involucrar al Presidente, el fiscal Cooper replicar una estrategia judicial que parece haberse vuelto en una práctica recurrente, basada en la instalación de información parcial y discrecional a través de la prensa (...) con el único fin de desprestigiar al Presidente y generar dudas sobre una causa que, según el propio tribunal, no lo involucra”.

En la declaración también se subrayó que “resulta grave que se haya intentado pinchar el teléfono de la máxima autoridad de la República en dos ocasiones, sin fundamento suficiente, lo que queda demostrado con el rechazo por parte del Juzgado de Garantía por falta de antecedentes fidedignos”.

Por último, se comentó que “la magnitud de las intercepciones-más de 42 teléfonos intervenidos, incluidas conversaciones de 2022 pinchadas a fines de 2024- no responde a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos, que rechazamos categóricamente”, y que no solo daña a personas en específico, sino que a toda la institucionalidad del Ministerio Público y a nuestra democracia.