Los diputados de Renovación Nacional, Diego Schalper y Eduardo Durán, presentaron un oficio a la Contraloría General de la República para solicitar una investigación ante eventuales irregularidades en la gestión, registro y pago de facturas en organismos del Estado durante el cierre del ejercicio presupuestario 2025.

La solicitud, dirigida a la contralora general, Dorothy Pérez, surge tras las declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, donde calificó como “extremadamente anómalo” el cierre del sistema de recepción de facturas a las 00:01 horas del pasado 8 de enero.

Según la denuncia, el sistema debió operar con normalidad durante toda esa jornada, pero su interrupción impidió el ingreso de documentos por parte de los proveedores del Estado.

En el oficio presentado, Schalper y Durán advirtieron que podría tratarse de una “maniobra orientada a alterar el devengo y pago de obligaciones fiscales”.

De confirmarse este hecho, los parlamentarios señalaron que “no solo se habría perjudicado directamente a proveedores del Estado, sino que también podría tratarse de una maniobra destinada a alterar el registro y pago de obligaciones fiscales, trasladando compromisos del año 2025 al ejercicio 2026”.

En ese sentido, advirtieron que esta acción afectaría “gravemente principios básicos de la administración financiera del Estado, como la legalidad del gasto público, la transparencia, la correcta contabilización de las obligaciones y la anualidad presupuestaria”.

Ante la gravedad de los antecedentes, los diputados apuntaron que es “imprescindible” el pronunciamiento “claro y oportuno” de la contralora general, en resguardo de la probidad administrativa y la fe pública.

El documento no solo apunta a faltas administrativas. Los diputados Schalper y Durán plantean que estos hechos podrían configurar ilícitos penales, específicamente el abuso de funciones públicas en perjuicio de particulares, tipificado en el artículo 257 del Código Penal.

Por ello, solicitaron a la Contraloría que, de detectar conductas dolosas, remita los antecedentes al Ministerio Público para una investigación penal.

Hasta el momento, el órgano fiscalizador deberá evaluar la admisibilidad de la denuncia y determinar si inicia las diligencias para esclarecer si existieron instrucciones superiores destinadas a diferir el registro de estas deudas fiscales.