Como una de sus primeras definiciones de gestión, el nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Frank Sauerbaum, resolvió crear un Departamento de Fiscalización y Expulsiones, unidad que tendrá como misión coordinar la búsqueda y salida del país de extranjeros en situación irregular.

La división -formalizada recientemente- estará encabezada por el exprefecto inspector de la PDI Richard Bórquez, quien cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la institución y experiencia directa en materias migratorias, tras haber sido jefe nacional del área en la policía civil.

En el oficialismo destacan que se trata de un rediseño relevante dentro del servicio, en línea con el diagnóstico que ha transmitido Sauerbaum sobre la necesidad de fortalecer las capacidades operativas del Estado para ejecutar expulsiones, una de las principales debilidades heredadas de la administración anterior, donde se acumulan cerca de 46 mil decretos de expulsión vigentes que no han sido ejecutados.

La nueva unidad -explican- se inserta en un esquema que hasta ahora carecía de un foco exclusivo en esta materia, pese a que el propio organigrama del servicio ya contemplaba funciones asociadas a fiscalización y sanciones migratorias. Con todo, la creación del departamento apunta a concentrar atribuciones y acelerar el proceso de salida del país.

La expulsión de migrantes irregulares fue una de las promesas más reiteradas durante la campaña del Presidente José Antonio Kast, y también una de las que genera mayores expectativas ciudadanas. Por lo mismo, en Palacio reconocen que avanzar en resultados concretos no solo es una prioridad de gestión, sino también una necesidad comunicacional.

Así, en el Ejecutivo transmiten que el eventual primer vuelo de expulsión no sólo debe concretarse, sino también tener un alto impacto comunicacional, pues será la señal visible del cumplimiento.

En esa línea, uno de los principales nudos -la relación con Venezuela- comienza a destrabarse. En el gobierno aseguran que se están reactivando las coordinaciones diplomáticas y operativas para asegurar la recepción de expulsados, un paso clave considerando que estos procesos dependen de la autorización del país de destino.

Ese énfasis fue reforzado este lunes por el propio Mandatario, quien -en entrevista con las emisoras que son parte de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI)- sinceró el punto de partida de su administración: “Expulsados por el gobierno, ninguno, hasta ahora. Pero dentro de los próximos meses ustedes van a ver un sistema continuo de expulsión de migrantes”, afirmó.

Kast agregó que el Ejecutivo está evaluando distintos mecanismos para concretar las salidas -tanto por vía aérea como terrestre- y que el proceso será gradual. “Vamos a ir paso a paso abordando el tema”, sostuvo.

El Presidente también anticipó que la estrategia no se limitará a expulsiones forzadas. “Esto no solamente va a llevar expulsiones, sino que también le puedo casi asegurar que va a haber muchas personas que van a salir voluntariamente del país”, señaló.

En esa línea, el jefe de Estado abordó uno de los aspectos más sensibles del debate: el financiamiento de los traslados. Según explicó, en la mayoría de los casos el Estado deberá asumir los costos, aunque aseguró que esos recursos podrían ser recuperados. “Vamos a expulsar personas y los bienes (…) van a ser retenidos”, afirmó.

A la par, el gobierno también ha puesto el foco en el control territorial. Kast aseguró que la zanja en la Macrozona Norte ya alcanza cerca de 10 kilómetros y que se avanzará en la instalación de puestos de control dentro del país. “Esto es un proceso”, recalcó.

Con todo, en el Ejecutivo asumen que la puesta en marcha de la nueva unidad y la eventual concreción de los primeros operativos serán clave para medir la efectividad de la estrategia. Más aún, considerando que -a tres semanas del inicio del gobierno- la presión por resultados comienza a escalar tanto en el oficialismo como en la opinión pública.