La Unión Demócrata Independiente (UDI) salió a responder la ofensiva que inició La Moneda, con el Presidente Gabriel Boric a la cabeza, por el estancamiento del proyecto de sala cuna universal.

Esto, luego que el gobierno puso el peso de la responsabilidad justamente en el gremialismo, al acusar a la colectividad de oposición de dificultar el paso del proyecto a la Comisión de Educación del Senado, y cuya tramitación legislativa ahora solo podrá ser retomada en marzo.

“Yo quiero ser muy claro en esto: la UDI impidió que este proyecto se viera en la Comisión de Educación del Senado. El presidente de la Comisión de Educación del Senado se fue de Chile, debiendo estar en Chile. El senador (Gustavo) Sanhueza se fue, no citó a la comisión y no permitió que esto se discutiera y se votara que era lo que nosotros esperábamos”, dijo el Mandatario este miércoles desde Biobío.

Y luego agregó: “Yo creo que acá hubo maniobras dilatorias para que esto no se viera”.

De esta manera, Boric se sumó a los duros emplazamientos que hizo el gobierno la tarde de este martes y que amplificó la jornada de este miércoles, con declaraciones de los ministros Giorgio Boccardo (Trabajo), Antonia Orellana (Mujer) y Camila Vallejo (Segegob).

Fue el timonel de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, quien salió a retrucar los dichos del Ejecutivo.

“Desde el día uno le dijimos al gobierno que el proyecto de sala cuna no estaba financiado, hacía perder competitividad a las empresas y perjudicaba a las mujeres. Les dijimos exactamente qué es lo que había que arreglar y estuvimos de acuerdo, pero en cuatro años no fueron capaces de enviar las indicaciones para que el Senado las aprobara”, afirmó.

Asimismo, cuestionó que “ahora, a última hora, quieren aprobar un mal proyecto y le echan la culpa a la oposición de no querer avanzar. El proyecto de sala cuna va a ver la luz en el año 2026, pero que va a ser corregido en el gobierno del Presidente Kast”.

A la respuesta también se sumó el aludido senador, Gustavo Sanhueza: “No hubo mezquindad ni falta de voluntad. Hubo un problema serio de gestión y de responsabilidad política. El gobierno llegó tarde con sus definiciones, cuando la discusión ya estaba avanzando, y eso impidió un análisis serio de un proyecto que crea un derecho permanente, con impacto fiscal relevante".

“Después de cuatro años gobernando, pretender instalar que la falta de acuerdos se explica por una reunión es una forma de eludir responsabilidades políticas, que ya no corresponde”, zanjó.