La Unión Demócrata Independiente (UDI) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitir un pronunciamiento respecto de las recientes definiciones políticas del Partido Comunista (PC) de Chile, en relación con la postura que la colectividad ha anunciado que adoptará durante el gobierno del Presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá el próximo 11 de marzo de 2026.

La solicitud fue formalizada a través de una carta dirigida al presidente de la CIDH, José Luis Caballero Ochoa, en la que el partido cuestiona los lineamientos definidos por el PC durante su X Pleno del Comité Central, realizado la semana pasada

En ese encuentro, la colectividad planteó la movilización social como un eje de acción durante la próxima administración.

En la misiva, la UDI cita un documento oficial del Partido Comunista en el que se señala que “impedir la proyección de ese proyecto (el de Kast) implica, al mismo tiempo, crear en el corto plazo (…) todas las condiciones políticas, sociales y culturales para articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses“.

Asimismo, se menciona que el PC considera “relevante impulsar hitos de movilización amplia y unitaria, como un 8 de marzo masivo, el 1 de mayo y otras”, las que —según el texto partidario— buscarían expresar una respuesta “frente a tendencias autoritarias y regresivas”.

Desde la UDI se advierte que este tipo de definiciones podrían configurar una estrategia de bloqueo anticipado al gobierno entrante. En ese sentido, la carta sostiene que existe una “lógica anticipada de resistencia” que podría “afectar el orden institucional y el funcionamiento del Estado de Derecho”, especialmente si se traduce en protestas violentas.

En la carta, la UDI recuerda que la propia CIDH ha condenado los actos de violencia ocurridos en manifestaciones, señalando que “la protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica”, y que el organismo ha rechazado tanto el uso excesivo de la fuerza policial como los desmanes protagonizados por civiles.

Si bien la colectividad reconoce el derecho a la manifestación pacífica, sostiene que “no corresponde instrumentalizar la protesta social con fines que rayan en lo antidemocrático”, y por ello solicitó a la CIDH pronunciarse específicamente sobre los llamados del Partido Comunista a impulsar movilizaciones orientadas a “impedir la proyección” del proyecto del próximo gobierno.