La bancada de diputados de la UDI, representados por su subjefa, Marlene Pérez, y el presidente de la comisión de Minería y Energía, Marco Antonio Sulantay, elevó el tono frente a la polémica que envuelve a la exministra Laura Albornoz (ex-DC) a raíz del rol que ha asumido durante las últimas semanas en el comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), y su presencia como directora -desde 2023- en la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

A estos antecedes, suman que la otrora secretaria de Estado, además de ENAP, también integra el directorio de otra empresa pública: Desarrollo País, que hasta el año 2020 se conocía como Fondo de Infraestructura.

De acuerdo a lo que la misma abogada informó en su cuenta de LinkedIn, asumió este último cargo en junio de este año a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Es precisamente esa la defensa que ha hecho el Ejecutivo para cerrar la puerta a una revisión de antecedentes respecto a Albornoz.

“Tal como dijo el ministro Elizalde, se revisaron los antecedentes y no hay incompatibilidad legal. Esto es un nombramiento por Alta Dirección Pública y además Enap ya se refirió a la materia”, dijo en esta jornada el ministro de Energía, Diego Pardow.

Por el contrario, desde la bancada UDI apuntan en una declaración pública que “la presencia de Albornoz en ambos directorios no resiste un día más”, y reiteraron su emplazamiento a la abogada a dar un paso al costado, exigiendo al gobierno adoptar una definición en caso de que no renuncie.

“Ya no estamos hablando de que una de las voceras más activas del comando de Jeannette Jara integra, en paralelo, el directorio de una compañía pública, sino que son dos las empresas del Estado que la tienen como directora en este momento”, dice el texto.

En el comunicado se agrega que “mientras recibe una doble remuneración, que proviene de los recursos que le pertenecen a todos los chilenos, ella se dedica a recorrer el país promoviendo una candidatura presidencial, lo que es absolutamente grave e imprudente”.

Los parlamentarios plantean que Albornoz debe cesar sus funciones “no sólo por el daño irreparable que ya le puede estar generando a las dos empresas, sino que también por el conflicto de interés y el acceso a información privilegiada que podría existir”.

Además, en la declaración pública emplazan al Presidente Gabriel Boric: “El actual Mandatario no sólo debe resguardar la credibilidad de estas dos empresas públicas que hoy se ven involucradas, sino que también la legitimidad de las elecciones que ya están en curso, porque la actuación de la exministra Albornoz no hace más que debilitar la confianza en nuestras instituciones y puede, incluso, terminar afectando la transparencia del actual proceso”.

“El gobierno, pero en particular el Presidente Boric, tienen la obligación de actuar en consecuencia y exigir la renuncia de la abogada de ambos directorios”, cierra el texto.