“Lo que nos han respondido formalmente es que por ahora no acceden a lo que estamos pidiendo porque de momento afecta las diligencias que ellos están realizando“, reconoce el fiscal nacional, Ángel Valencia, sobre las gestiones que la liderado, y que incluyeron un viaje a Estados Unidos, para poder interrogar al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro -hoy preso en Brooklyn, Nueva York-, por el crimen de Ronald Ojeda.

De ese tema, entre otros, como la tensión que hubo entre el Ministerio Público y La Moneda por el operativo en Temucuicui habló extendidamente Valencia entrevistado por los periodistas Rodrigo Álvarez y Juan Manuel Ojeda en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción.

Se reunió hace poco con el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau

Tuvimos una reunión de trabajo, fue una reunión más larga de lo que estaba originalmente previsto, básicamente porque nos concentramos en algunos temas de interés tanto del Ministerio Público como del ministerio de Seguridad. Fue una reunión muy provechosa. Espero que sigamos trabajando en las cosas en las que estamos avanzando junto con el Ministerio y ojalá puedan también impulsar algunos asuntos que les planteamos, que nos parecen de la mayor relevancia.

¿Cómo están las relaciones entre el Ministerio Público y el gobierno con la salida de Steinert y la llegada de Arrau?

Han gozado de buena salud desde que asumió esta administración y también gozaban de buena salud durante la administración del presidente Boric. Nosotros estamos obligados a tener una buena relación con el gobierno, no tenemos derecho a no tenerla. Es lo que las chilenas y chilenos esperan de nosotros. Espero que con el ministro Arrau no sólo se mantenga sino que se potencie y se vaya enriqueciendo el vínculo de cooperación.

¿Cuánto le incomoda al Ministerio Público cuando los gobiernos, en general, buscan capitalizar operativos policiales exitosos, como el de Temucuicui? El fiscal Roberto Garrido, cuando lo estaba subrogando, dijo que La Moneda no sabía del operativo

Alguna vez escuché a alguna autoridad mencionar que la mejor forma de respaldar a otras instituciones, a autoridades autónomas, es no involucrarse en su trabajo. Yo creo que el respaldo va mucho más allá. Porque por supuesto el Ejecutivo tiene ciertas responsabilidades o atribuciones para garantizar que tengamos el presupuesto necesario, por ejemplo, el poder presentar proyectos de ley que favorezcan nuestro trabajo. El apoyo también se refleja en eso. Pero en la base del apoyo, cuando son instituciones que son constitucionalmente autónomas, está en el no involucrarse. Ahora, los problemas respecto de si en algún momento alguna autoridad de gobierno, algún parlamentario, intentó atribuirse más mérito que conforme la ley o a los hechos tenía, me parece que el fiscal Roberto Garrido ya planteó su posición como subrogante. No tengo nada más que agregar, adhiero plenamente a lo que planteó. Lo que quisiera destacar es que estos son esfuerzos colectivos. Ninguna institución por sí sola puede atribuirse el mérito de un resultado policial o de una causa. Si alguien intenta atribuirse para sí mismo eso provoca deterioro en las relaciones de trabajo (...). Cuando en ciertas ocasiones algunos mensajes o declaraciones colisionan con ese esfuerzo por supuesto que provoca cierta incomodidad, pero no vamos a entrar en la arena política porque no corresponde que entremos.

¿La seguridad es una política de Estado? Se ha criticado al gobierno porque no tenía un plan de Seguridad

Las políticas de seguridad son políticas de Estado, como muchas otras, que tienen que tener cierta continuidad. Lo que ocurre, me parece, es que estamos enfrentando un desafío que no tenía precedentes en la historia republicana, quizás de los desafíos más importantes, que es la presencia de delincuencia organizada transnacional operando en Chile, y eso te obliga a hacer cambios. Las soluciones del pasado pueden a veces transformarse en los problemas del presente. Entiendo cuando el gobierno dice que va a recoger parte del trabajo que se venía desarrollando en los años previos y que va a introducir algunos cambios o mejoras, porque me parece que es lo que esperamos todos de ellos.

De las cosas que conversó con el ministro de Seguridad, hay muchas que me imagino que se van a plasmar en la cuenta pública del Presidente. ¿Por dónde partir?

Lo que hemos planteado es que dentro de los principales desafíos que advertimos como país, si uno pudiera meterse en el top 5, en el top 3, está primero el control de la frontera norte (...). Eso es como un dique que se quebró, se desbordó, y nos contagiamos de la violencia del vecindario, que en todo caso es un fenómeno global, no es un fenómeno solo chileno. Entonces, primero el control de la frontera norte, que es crítico. Segundo, el sistema penitenciario, porque puede ser que estemos incubando un problema más grande. Las cárceles en América Latina han sido un lugar desde el cual las bandas se han fortalecido, incluso han operado desde las cárceles. Necesitamos un sistema penitenciario que segregue adecuadamente a los líderes de las bandas más peligrosas. En cárceles hacinadas es imposible que haya segregación. El tercero tiene que ver con la presencia policial en las calles. Hoy en día tenemos un sistema jurídico que no permite que las policías actúen con la rapidez necesaria en los delitos comunes y de alto impacto social (...). Es necesario avanzar a un sistema en el que las policías tengan en esos delitos mayores facultades de actuación autónoma. El cuarto es la cooperación internacional.

El gobierno denunció a Junaeb, luego de auditar a la administración anterior, por eventual fraude al fisco. ¿Cuáles son los posibles delitos que se podrían configurar?, ¿Ya tomó la decisión de a qué fiscal asignar la investigación?

Respecto de los posibles delitos habrá que esclarecer los hechos antes de todo. A lo menos puede haber un fraude al fisco, pero habrá que esclarecer los hechos para poder saber cuáles son las figuras aplicables. Uno siempre comienza esas investigaciones pensando que a lo menos podría haber un fraude al fisco, pero podría también no haberse cometido delitos. Hoy día esa investigación está derivada a la Fiscalía Oriente. Es el equipo alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente el que se va a hacer cargo de esa investigación.

¿O sea va quedar en manos del fiscal Sepúlveda?

Va a quedar en manos de quien la fiscal Lorena Parra designe para dirigir esa investigación.

En otro tema, ¿Va a haber o no querella de capítulos en contra del exministro Antonio Ulloa?

Esa es una decisión que toma la fiscal a cargo de la causa. Es reservada y es una investigación que todavía tiene diligencias pendientes. Hasta donde me han manifestado siguen trabajando en ella. Es una investigación que todavía está abierta.

Respecto a la posibilidad de que responda un cuestionario Nicolás Maduro por el caso Ojeda. ¿Existe esa posibilidad aún?

Sí, siempre, porque los países tenemos deberes de cooperación para la investigación de distintos delitos, por eso tenemos tratados, acuerdos bilaterales. Nosotros hemos cumplido con nuestro deber como Ministerio Público que es transmitir a las autoridades del Departamento de Justicia de los Estados Unidos nuestra solicitud de cooperación para los efectos de dos tipos de diligencia. Por una parte, tomar declaración a Nicolás Maduro y por otra, requerir antecedentes que pudieran estar contenidos en dispositivos electrónicos que pudieron haberse incautado a propósito de su detención (...). Cuando hacemos peticiones de esa naturaleza y las formalizamos tuvimos esta reunión con la fiscal (Pam) Bondi que manifestó su mejor disposición a colaborar una vez analizados los antecedentes. Lamentablemente cambiaron a la fiscal Bondi. Ya entra la tarea de los Estados, aquí es donde la política exterior comienza a influir, porque la clave es entender que los estados están obligados a cooperar en la medida que no afecte sus propias investigaciones. Lo que nos han dicho, lo que nos han respondido formalmente, es que por ahora no acceden a lo que estamos pidiendo, porque de momento afecta las diligencias que ellos están realizando o el procedimiento que tienen a su cargo. Pero ahí es donde los vínculos entre los estados son más relevantes.

¿Quiere decir que es importante lo que pueda hacer el canciller?

Es importante lo que pueda hacer el gobierno de Chile, cual sea el gobierno de Chile que tengamos. Comienza a influir. Pero también hay razones de política exterior, de múltiples factores que inciden. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y nos parece que son diligencias necesarias.

Usted ha sido quizás de los fiscales nacionales más exitosos en el Congreso en conseguir proyectos que han fortalecido el Ministerio Público. Cuando a uno le dan mucho uno tiene que empezar a mostrar resultados, ¿en qué está la Fiscalía Supraterritorial?

Me incomoda la expresión de ser el fiscal más exitoso en el Congreso, porque después van a decir los parlamentarios a usted ya le hemos dado mucho (...). En los últimos años el Congreso y el Ejecutivo también, porque son proyectos que patrocina el Ejecutivo, han traducido en leyes, en gestos muy concretos el apoyo al trabajo de la Fiscalía. Lo que hemos transmitido nosotros internamente es que eso tiene que traducirse en resultados, que tenemos que honrar la confianza que se ha depositado en nosotros. Respecto de la Fiscalía Supraterritorial están trabajando (...). Ellos generan sus propias causas, por lo tanto tiene que haber necesariamente un tiempo de maduración en que comienzan a trabajar. Te puedo contar que sí tienen muchas causas abiertas.

¿Cuáles?

Una simple, para que se entienda el sentido de la Fiscalía Supraterritorial. Cuando recién partió la Fiscalía Supraterritorial el gobierno de Bolivia le planteó al gobierno de Chile que estaba enfrentando dificultades importantes con la contaminación, con robos de hidrocarburos en camiones que se dirigían hacia Bolivia y que se producían dentro del territorio chileno y nos pidieron cooperación. Esa causa se la encargamos a la Fiscalía Supraterritorial, porque es una causa de crimen organizado, que trasciende nuestras fronteras. Esa fue, de hecho, la primera causa que abrieron.