Exministro de Hacienda propone una renta solidaria por tres meses para el 100% de familias del Registro Social de Hogares

Ignacio Briones calcula que ese beneficio tendría un costo total para el Estado de U$ 6.100 millones. El candidato presidencial y su partido Evópoli, quienes se opusieron al proyecto de tercer retiro del gobierno, plantean también medidas para las micro y pequeñas empresas. Y que todo se financie con más endeudamiento fiscal y el fin de exenciones tributarias.




Una batería de medidas adicionales y dos fuentes de financiamiento proponen Ignacio Briones, ministro de Hacienda hasta enero de este año, y su partido Evópoli, al que representa como candidato presidencial, para enfrentar el segundo año de la pandemia.

En un documento de dos páginas, el economista plantea como primera medida una renta solidaria de pandemia para todas las personas que lo requieran durante un plazo de tres meses, además de ayudas adicionales para la clase media y las micro y pequeñas empresas.

“Debemos actuar con urgencia para dar mayores seguridades a las personas y evitar un mayor deterioro de la institucionalidad”, señala el documento.

Briones propone una renta solidaria a pagar en mayo, junio y julio al 100% de las familias que integren el Registro Social de Hogares, lo que considera un universo de 14,6 millones de personas. El actual IFE considera al 80% de la población, por lo que la medida incorporaría a 1,3 millones de personas adicionales. El monto sería de $ 100 mil por cada integrante del hogar de cuatro personas, monto que desciende a partir del quinto miembro de las familias.

“Esto implicaría un costo incremental de US$ 185 millones mensuales, o de US$ 555 millones en 3 meses. Este beneficio tendrá un costo total para el Estado de U$6.100 millones, por los 3 meses, y se financiará con recursos públicos obtenidos de las rentas nacionales”, dice la propuesta.

Además, se plantea ampliar el bono clase media a 1,5 millones de personas que hoy quedan fuera por distintas razones, mediante una declaración jurada simple de ingresos y necesidad. El monto se pagaría en junio y ascendería a $ 500 mil para personas que ganen desde el salario mínimo y hasta $ 2 millones. El beneficio tendría un costo para el Estado de US$ 2.700 millones, con un costo incremental de US$ 1.200 millones.

Por último, el plan considera nuevos apoyos para las micro y pequeñas empresas. “El grueso de las respuestas ya anunciadas corresponde más bien a medidas destinadas a proveer liquidez a las empresas y a postergar sus obligaciones, por lo que se estima que aquellas MYPEs que mantienen algún grado de ventas ya cuentan con los canales de crédito necesarios para operar. Por esta razón, esta vez el foco debiese estar más bien puesto en la compensación de aquellos ingresos irreparablemente perdidos producto de la crisis social y la pandemia”, dice el documento.

El instrumento propuesto es un bono de libre disposición entregado directamente a las empresas, equivalente al débito neto generado durante dos meses promedio en concepto de IVA durante el año 2019. El monto promedio ascendería a $ 530 mil para 976 mil empresas con una facturación anual de hasta 25 mil UF (unos $ 725 millones). El costo para el fisco sería de US$ 826 millones.

Para financiar todo este plan, Briones y Evópoli plantean dos caminos. Primero, como principal fuente de recursos y dado que este sería un gasto transitorio, un mayor endeudamiento.

Segundo,avanzar en la eliminación de 10 exenciones tributarias, una política que Briones analizó e impulsó como ministro. Con ello, calcula, se podrían recaudar unos US$ 3.300 millones al año.

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