El Ejecutivo dio a conocer este lunes medidas de corto y mediano plazo para enfrentar los problemas que vive el sector energético en Chile, especialmente por la gran cantidad de horas en las que el costo marginal al que se valorizan las inyecciones de energía es cero.

En el corto plazo el Ejecutivo propuso modificar la forma de reasignación de los ingresos tarifarios, mientras que para el mediano se remitió a lo anunciado en la Cuenta Pública del 1 de junio: la licitación de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala, en un ambicioso proyecto por US$2.000 millones a instalarse en el Desierto de Atacama.

Para diversos consultores y expertos en materia de regulación energética, la medida de corto plazo tiene impactos positivos que permiten resolver, al menos en parte, la estrechez financiera de las empresas renovables que actualmente operan con números rojos. Algo en que coinciden actores de la industria. “Cualquier cosa que genere ingresos va en la línea correcta”, comentaron desde una firma de capitales españoles. El problema, remarcan, está en los tiempos de tramitación.

Para Daniel Salazar, socio director de la consultora energiE -que fue responsable de la integración y transformación de los Centros de Despacho Económico de Carga (CDEC) en el Coordinador Eléctrico Nacional- la reasignación de ingresos tarifarios “busca ayudar a la situación que están enfrentando algunas empresas renovables, pero es de una cuantía bien acotada”.

A su juicio, los ingresos normales “representan del orden del 8% de lo que cuesta el sistema de transmisión, pero en presencia de congestión este porcentaje puede aumentar varias veces " y aunque afirma “si bien es cierto es una buena señal y ayuda, no tiene un impacto estructural y está lejos de resolver los números rojos que tiene varias de estas compañías”.

Una visión más optimista entrega el exdirector ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo. Para el abogado, hoy consultor de diversas empresas del rubro, la medida de corto plazo es correcta desde el punto de vista técnico. Ello, ya que amplía el rango de acción del artículo 114 bis de la Ley General de Servicios Eléctricos, que en la actualidad permite reasignar ingresos tarifarios para casos puntuales de retraso de obras de transmisión pendientes, extendiéndolo a una mirada sistémica, “lo cual desde el punto de vista técnico en mi opinión es totalmente correcto”, dijo.

“La ley desde siempre se dio cuenta que, en caso de demoras en la entrada de líneas de transmisión se producía un efecto paradojal, y es que ante mayor congestión, aumentaban los ingresos tarifarios a devolver, lo cual era incorrecto, contraintuitivo y nunca debió ocurrir”, comenta.

Coincide el exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Andrés Romero, hoy socio y director de regulación de la consultora Valgesta, quien resume que la propuesta “lo que está haciendo es extender este principio a los desacoples sistémicos, más allá de que estén relacionados o no con una línea en específico”.

De hecho, acota que el impacto de la medida en las cuentas de la luz sería marginal, por lo que descarta “que se le esté cargando más la manos a los clientes finales, porque los clientes siempre hemos tenido que pagar la transmisión, sino que más bien que en el caso que se produzcan estos ingresos extraordinarios va a haber una asignación distinta”-

A su juicio, la medida plantea a “una corrección que creo que es adecuada, porque básicamente lo está diciendo es que en el sistema se está quedando planta producto de que hay nudos que están operando con precios muy bajos y otros con precios muy altos, eso refleja que si tuviéramos un sistema de transmisión con holguras esto no se produciría”.

Pese a la correcta orientación de la medida, todos los expertos coinciden en la conveniencia de separarla del proyecto de ley de transición energética, el que sería ingresado durante las próximas semanas, con la idea de tenerlo aprobado en marzo de 2024, para que entre en vigencia durante abril.

Para Salazar “ninguna medida, ninguna solución se puede implementar en un plazo tan, tan breve como se escucha en el mundo de las renovables”, por lo que en su visión, la pretensión de tener el proyecto aprobado en marzo “es un plazo súper optimista, es muy difícil que se llegue a cumplir, porque es una reforma muy técnica, muy sofisticada y que además no reditúa para quienes tienen que aprobar esto en el parlamento”.

Ante esto, el ingeniero civil electricista concuerda en la conveniencia de separar la medida de corto plazo del proyecto de transición energética. “Es una opción, pero que depende de factores más políticos que técnicos”, sostiene.

Castillo coincide en el sentido de urgencia, y cree que la medida “debería estar vigente lo más pronto posible”.

En su visión, ello “va a depender de cuán rápido pueda ser la forma de gestionar este proyecto de ley, el nivel de entendimiento y consenso que tenga, por lo que yo me enfocaría ahora en que todos aquellos que tenemos interés y conocimiento nos aboquemos a explicar el proyecto, explicar sus bondades, a efecto de que la discusión legislativa sea la más informada posible, que es lo único que permite que los trámites legislativos puedan ser rápidos”

Romero también concuerda. “La estrategia legislativa la tiene que definir el gobierno, pero efectivamente puede ser una medida que se puede discutir en sí misma, y como ya está recogido en la ley, puede ser bastante quirúrgica la intervención legislativa”.

“Yo creo que es una medida que tiene que tomarse rápidamente, y por lo tanto es preferible no atrasar esta discusión, tenerla de inmediato, y dejar los temas que son más complejos y de fondo para una ley más larga”, complementa.