Un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), seguido de una declaración pública, revelaron un ajuste millonario que tendrá que hacer Clínica Las Condes (CLC) en sus estados financieros producto de irregularidades ocurridas durante la administración anterior, liderada por su ex presidente, Alejandro Gil.

La empresa, en cuya propiedad participan Euroamérica y Clínica Indisa, anunció además acciones judiciales para perseguir a sus responsables.

En concreto, la clínica reportó que encontró irregularidades y algunas inconsistencias contables que la obligarán a hacer ajustes en sus estados financieros de 2023 y 2024 por casi $73 mil millones en menor patrimonio. La compañía agregó que hará este ajuste contable en los estados financieros de 2025, con lo que esperan “cerrar el capítulo heredado de la administración anterior”, señaló CLC en su declaración.

En todo caso, CLC también comunicó que en 2025, en virtud de sus prácticas contables, encargó a un tercer independiente las tasaciones respectivas de sus propiedades, plantas y equipos, y “este ejercicio generaría un efecto positivo en el patrimonio de $71.589 millones”. Con ello, reportó en su hecho esencial a la CMF que “el efecto neto de los ajustes por los hallazgos indicados y la retasación de los activos se estima en $562 millones negativos”.

Las millonarias irregularidades que este miércoles reportó CLC ocurrieron durante los años de gestión de Alejandro Gil, expresidente de la empresa entre noviembre de 2019 y enero de 2025, pareja de Cecilia Karlezi, la controladora de CLC durante cinco años. Eso, hasta que Clínica Indisa y Euroamerica compraron en partes iguales el 55,75% de CLC el 10 de enero: pagaron US$ 40 millones y ese mismo día nominaron un nuevo directorio.

Entre otras cosas, CLC en su declaración reveló que detectaron “ajustes manuales irregulares” ocurridos en la administración anterior. Bajo este escenario, “el directorio, por la unanimidad de sus miembros acordó ejercer las acciones judiciales y administrativas que correspondan contra los responsables de estos hechos”, afirma el hecho esencial de CLC.

El directorio de CLC actualmente es presidido por Carlos Kubick, e integrado también por Fernando Massú, Pedro Uribe, Jorge Selume, Carlos Schnapp, Sergio Yavar, Roberto Negrin, Fernando Escrich y Christian Traeger.

Para ello, ya contrataron al estudio jurídico Acosta & Cía. liderado por Juan Domingo Acosta, conocido abogado penalista de la plaza local, con más de 30 años de ejercicio. Entre sus múltiples causas económicas, Acosta defendió a Cruz Verde en el caso colusión y ahora representa a Isidoro Quiroga en el caso Australis. También fue el abogado del expresidente Sebastián Piñera en varios procesos: en el caso Lan en 2007, cuando fue multado por no cumplir el deber de abstenerse de comprar acciones; en la causa por la compra de acciones de la pesquera peruana Exalmar y en la fallida acusación constitucional que impulsó la oposición en su contra en 2019.

Los hallazgos

CLC explicó toda la historia: la investigación que hicieron, cómo llegaron a detectar estas irregularidades, y lo que efectivamente descubrieron.

“Tras exhaustivas revisiones contables dispuestas por el comité de directores y el directorio, se decidió encargar una auditoría forense a un tercero independiente, que analizó registros manuales contables inusuales e injustificados que incidieron en los ejercicios 2023 y 2024, tanto en la contabilidad de CLC como de sus filiales Servicios de Salud Integrados S.A. y Nueva SSI S.A”, comenzó explicando CLC en su declaración.

A continuación, detallaron que este martes 23 de diciembre, el directorio de CLC se enteró, en su sesión ordinaria, de los resultados de esta auditoría forense, “la que determinó que el impacto generado por esos ajustes manuales irregulares asciende a $34.634 millones”, afirma la declaración.

“Los registros contables manuales son considerados puntos críticos porque permiten la intervención humana directa, lo que puede facilitar la manipulación de cifras u ocultamiento de irregularidades para cuadrar números o posibles intentos de presentar un menor gasto o mayor ingreso, sin respaldo real”, agrega la declaración de la empresa.

Es más, detallaron que “la actual administración ha encontrado indicios de otras situaciones e inconsistencias contables, por lo cual encargó otra auditoría forense independiente. Según la información preliminar, el efecto de estos hallazgos se estima en una suma cercana a los $38.158 millones, cifra podría ser modificada una vez que se tengan los resultados de la auditoría en curso”.

Bajo este escenario, declararon que “ambos hallazgos implicarían la necesidad de realizar ajustes y de re expresar los estados financieros de los ejercicios de 2023 y 2024 por una cifra aproximada de $72.792 millones en menor patrimonio”.

Entre esos años primero fue gerente general de CLC Ignacio Tapia (entre julio de 2022 y agosto de 2023), y luego Pablo Ortiz (entre agosto de 2023 y enero 2025). Asimismo, primero fue gerenta de finanzas María Paz Pareja (entre septiembre de 2022 y octubre de 2023), y luego asumió como gerente de contabilidad Ricardo Moreno (entre octubre de 2023 y marzo de 2025).

Al respecto, recalcaron que “CLC realizará los ajustes contables que correspondan en los estados financieros al 31 de diciembre de 2025, cerrando así este capítulo heredado de la administración anterior”.

En todo caso, la compañía enfatizó que “esto en nada afecta el proyecto en curso impulsado por la nueva administración”.