El jueves pasado el Segundo Tribunal Ambiental retrotrajo la Resolución de Calificación de Ambiental (RCA) del megaproyecto de inversión de Collahuasi por US$ 3.200 millones, cuya planta desaladora ya está casi terminada.

Tanto Anglo American como Glencore, quienes controlan en partes iguales (44%) a Collahuasi, señalaron que “Collahuasi está solicitando una aclaración completa al Tribunal y al SEA para determinar los efectos específicos del fallo”.

Las compañías, a través de comunicados por separado, pero similares, indicaron que “el proceso de autorización ambiental del proyecto se llevó a cabo conforme a la normativa local y al marco ambiental pertinente”.

El proyecto, llamado “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”, estaba en este proceso por una reclamación interpuesta por la Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamq’uta Caleta de Chanavaya y la Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya.

La sentencia del tribunal pidió que el titular aborde las observaciones vinculadas con “la línea de base del medio humano, incluyendo el uso del maritorio en la zona de Punta Patache y el Sector Puerto Collahuasi”, además de distintos impactos vinculados a “la verificabilidad de la velocidad de succión”, y “la sedimentación de la descarga hipersalina en el fondo marino”, entre otros.

Las mineras destacaron el trabajo realizado en la consulta respectiva con las comunidades indígenas, cuyo proceso fue respaldado por el Comité de Ministros en agosto de 2023.

“Collahuasi ha declarado que seguirá trabajando en coordinación con las autoridades y partes interesadas pertinentes, actuando de manera responsable y de conformidad con el marco legal, para determinar los pasos a seguir”, afirmaron. Además, ambas compañías no prevén impactos inmediatos en la producción.

“Parece contradictorio”

El proyecto de Collahuasi consiguió su RCA en diciembre de 2021, y su objetivo es la continuidad operacional de Collahuasi por 20 años. Se estima que para la fase de construcción el proyecto tenga una capacidad máxima de 4.500 empleos, y para la etapa de operación unos 8 mil.

El presidente del Consejo Minero, Joaquín Villarino, sostuvo que ven “con preocupación el fallo”, y “no solo por sus efectos sobre un proyecto en particular, sino por la señal que entrega respecto de la certeza jurídica y la estabilidad del sistema de permisos en Chile”.

“Estamos hablando de un proyecto aprobado hace cinco años, con más de US$3.200 millones invertidos y prácticamente terminado, que hoy vuelve a enfrentar incertidumbre regulatoria. Esto reinstala el debate sobre la permisología y las dificultades que tiene el país para desarrollar proyectos estratégicos”, indicó Villarino.

“Nos parece contradictorio que, mientras existe un consenso transversal sobre la necesidad de impulsar el crecimiento y destrabar inversiones, se produzcan fallos que reabren incertidumbres sobre permisos ya otorgados por el propio Estado. El fantasma de la permisología y de la falta de certeza jurídica sigue presente, y eso genera preocupación en cualquier sector que evalúe invertir en proyectos de largo plazo en Chile”, concluyó.

Precisamente, el gobierno de José Antonio Kast ha impulsado una cartera proinversiones, enfocada en acelerar los permisos ambientales y aumentar la certeza regulatoria para los inversionistas. Propuestas que han tenido su desembarco en la megarreforma que se discute actualmente en el Congreso.