A solo un día para que comiencen a regir las nuevas obligaciones para supermercados y locales de alimentos contenidas en la Ley de Plásticos de un Solo Uso (Ley Pusu), la Cámara de Comercio de Santiago advirtió que la exigencia se aplicaría sin que los regulados sepan cómo cumplir con las disposiciones y solicitó un pronunciamiento formal a la Contraloría y al Ministerio del Medio Ambiente para evitar “fiscalizaciones dispares”.

Desde mañana 13 de febrero, los supermercados y establecimientos de expendio de alimentos deberán implementar una serie de medidas contenidas en la normativa. Entre ellas, se incluye la obligación de que los supermercados exhiban al menos 30% de bebidas en botellas retornables en sus vitrinas; la prohibición de entregar productos de un solo uso para consumo dentro del local, salvo que sean biodegradables certificados; y la limitación de la entrega de desechables fuera del local, permitiéndolos solo si son no plásticos valorizables o de plástico certificado y “a pedido” del consumidor.

Sin embargo, desde la CCS alertan que a la fecha no existe un reglamento con parámetros operativos claros sobre aspectos esenciales como la definición de “vitrina”, el cálculo del porcentaje o los criterios de fiscalización.

A juicio del gremio, esta ausencia de reglas claras -fundamentales para el buen funcionamiento de la normativa- abre espacio a “interpretaciones disímiles y fiscalizaciones contradictorias”, afectando la operación diaria del comercio y la certeza jurídica necesaria para cumplir adecuadamente la norma.

La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, señaló que “la sostenibilidad es un objetivo compartido y el comercio ha cumplido progresivamente con las obligaciones que establece la ley, cuyo espíritu compartimos a cabalidad. Pero para implementar adecuadamente una norma que impacta directamente en la operación diaria de supermercados y otros establecimientos, se requieren reglas claras y criterios uniformes”.

“La correcta implementación de una política ambiental exige certeza normativa. Sin reglas claras, se pone en riesgo no solo la operación del comercio, sino también el objetivo de promover un cambio cultural efectivo en materia de gestión de residuos”, concluyó la titular del gremio.